El proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo logró tener media sanción en la Cámara de Diputados después de un intenso debate en el que participaron más de 700 expositores y a pocos días de que se vote en el Senado –será el próximo 8 de agosto- quedó en evidencia la fuerte importancia que tiene para toda la sociedad que se convierta en Ley para que el Estado regule e intervenga activamente en esta realidad.

 En primer lugar, porque el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se trata de una demanda histórica del movimiento de mujeres que lo milita activamente desde hace muchos años, pero que en el último tiempo logró tanta fuerza y visibilidad especialmente entre los más jóvenes que consiguió instalarse en el centro de la agenda mediática y política sin darle más opciones a los dirigentes que habilitar un debate en el que los argumentos a favor resultaron arrolladores.

 En segundo lugar, porque uno a uno se fueron derribando los mitos que rodeaban el tema. El actual Ministro de Salud y dos de gestiones anteriores –de diferentes signos políticos- coincidieron en señalar que estamos ante una problemática de salud pública y que la solución es avanzar en la despenalización. Esto mismo lo demuestran las legislaciones de los llamados “países desarrollados” en donde disminuyeron las muertes por abortos inseguros sin que aumenten los casos. También quedó en claro que el derecho internacional, con jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, avala avanzar hacia la despenalización, como lo señala la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y que incluso la Organización Mundial de la Salud propone métodos de aborto seguros como el uso de Misoprostol. Por todo esto, decimos que oponerse al aborto legal no es defender ninguna vida, es defender el aborto clandestino, es defender un sistema perverso en donde las ricas abortan y las pobres se mueren, es seguir con un Estado hipócrita que vive ausente y solo aparece para penalizar.

 En tercer lugar, la importancia de este debate está en que por primera vez la legislación considera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, que hasta ahora estaban cosificadas como “incubadoras humanas” cuyo único propósito parecía ser permanecer sometidas al mandato social de parir, sin importar su voluntad o no de convertirse en madres, sin control sobre su propio cuerpo. El mejor ejemplo de ese pensamiento retrógrado son las tristes palabras de la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien manifestó oponerse al aborto aún en casos de violación, desconociendo que esto está regulado por nuestro derecho desde hace un siglo.

 Es por todo esto que consideramos necesario que el Senado, al igual que como lo logramos en la Cámara de Diputados, pueda ponerse en sintonía con esta demanda de nuestras mujeres y nuestrxs jóvenes,  donde este debate ya se ganó hace mucho tiempo. Es en esa inmensa marea verde donde ya no hay lugar para la hipocresía y la injusticia, sino para reclamar al Estado que avance en una legislación que amplíe derechos y pueda dar una respuesta a las 3030 muertes evitables por abortos clandestinos que sufrimos desde el regreso de la democracia.

 Yo no tengo dudas de que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito ya se ganó en las calles, en las casas, en las universidades, en nuestrxs jóvenes, en el imaginario social y solamente falta que cuando llegue el momento de votar a favor o en contra del proyecto que conseguimos sancionar en la cámara baja, los Senadorxs estén a la altura de este tiempo histórico. Porque esta revolución feminista viene corriendo todos los días un poco más los límites de lo posible, porque ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, es tiempo de aborto legal (y la hipocresía se va a caer).

 

*Diputada nacional por Santa Fe del Movimiento Evita. Twitter: @ludeponti