Crece el escándalo de los “aportes truchos” de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. La utilización de datos personales para blanquear “aportes privados” de las campañas 2015 y 2017 involucra hoy a más de mil beneficiarios de planes sociales de Anses y a listas completas de ex candidatos del PRO de 83 municipios bonaerenses.

Diagonales habló con la abogada especialista en Derechos Políticos y Electorales, Daniela Cipolla, quien explicó los alcances de la Ley 26.215 de Financiamiento de los partidos políticos y precisó la cadena de responsabilidades dentro de cada partido y las sanciones que prevé la normativa.

En caso que las investigaciones judiciales por “aportes truchos” prueben que Cambiemos utilizó -sin consentimiento, ni aviso previo- datos personales de terceros para “blanquear” grandes sumas de dinero cuyo origen es incierto, el PRO podría recibir sanciones partidarias y los responsables políticos y financieros de las campañas pueden quedar inhabilitados para ser electos por un plazo de hasta 10 años.

“En los casos descriptos, en los que no se puede demostrar el origen real de los fondos, las sanciones son de multas e inhabilitaciones para los derechos de elegir y ser elegidos que van desde 6 meses a 10 años para los responsables políticos y financieros, y al presidente y tesorero del partido, según cada caso”, explicó a este medio Cipolla.

Y agregó: “Por otro lado, está la responsabilidad penal. No soy especialista en derecho penal pero a simple vista hay varios hechos pasibles de sanción penal por violación de secretos y de la privacidad, usurpación de identidad, falsificación de documentos y lavado de activos”.

En concreto, el artículo 63 de la norma atribuye responsabilidades y sanciones para el/la “presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico financiero de campaña”.

En Cambiemos, los responsables económicos financieros de las campañas 2015 y 2017 son Stella Maris Sandoval (70 años) y María Armanda Inza (84 años). La tesorera del PRO es María Fernanda Inza –sobrina-nieta de María Armanda y fugaz contadora general de la Provincia- y los presidentes del PRO fueron Jorge Macri (2015) y la gobernadora María Eugenia Vidal (2017).

En 2016, Sandoval y Armanda Inza reconocieron ante el periodista Iván Ruiz de La Nación, que no sabían que figuran como las máximas responsables de las cuentas de Cambiemos durante la campaña y afirmaron que “nunca firmaron nada”.

Otro de los nombres que integra la cadena de responsabilidades del PRO es el jefe de campaña, Federico Salvai. El salteño, que es jefe de Gabinete de Vidal, está en la mira no sólo por los “aportes truchos” de ex candidatos de Cambiemos, sino también por las supuestas "donaciones" de beneficiarios de planes sociales. Es que Salvai podría haber accedido a la base de datos de la Anses a través de su pareja, Carolina Stanley, quien es ministra de Desarrollo Social de la Nación.

“Con respecto al posible uso de datos provenientes de las bases de ANSES también podría haberse incurrido en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, planteó Cipolla.

Sobre los “aportes privados” –que en 2015 se realizaron en su totalidad en efectivo-, la especialista precisó que en todos los casos debe figurar la identificación del donante y el respaldo de los comprobantes correspondientes. “Las constancias deberían adjuntarse a los balances de la agrupación política con la debida identificación”, aclaró la especialista.