15 años después, la Argentina volvió a suscribir un acuerdo con el FMI. Y, con éste, terminó la etapa gradualista de la política económica de Cambiemos. Durante los dos primeros años de gestión, las bajas tasas de interés internacionales y la eliminación de los controles cambiarios alentaron el ingreso de capital especulativo, pero el deterioro de las condiciones económicas globales y locales erosionó la confianza de los inversores externos sobre una economía con un déficit de cuenta corriente de 30 mil millones de dólares (casi el 5% del PBI). Esto disparó una crisis cambiaria que demandó más de diez mil millones de dólares de reservas, generó una suba del 40% del tipo de cambio, y motivó la apresurada solicitud de financiamiento al FMI.

Se anunció la suscripción de un acuerdo Stand by de tres años; el programa incluye financiamiento por 50 mil millones de dólares, de los cuales el Gobierno utilizará 15 mil y –por ahora- dejará el resto con carácter precautorio. Se trata del programa con desembolsos más alto de la historia del FMI, que otorgó un acceso excepcional equivalente al 1110% de la cuota argentina.

El programa demanda acelerar el ritmo del ajuste fiscal para eliminar el déficit en 2020, con eje en la reducción de la inversión pública, las transferencias a las provincias y la masa salarial, esto último se planea lograr mediante una combinación de reducción de los puestos y caída del salario real; también se continuará el aumento de las tarifas para reducir los subsidios. El programa limita los márgenes de autonomía en política monetaria y cambiaria, lo cual incluye recalibrar las metas de inflación para extender a 2021 el compromiso de una inflación de un dígito, suspender las transferencias al Tesoro por parte del BCRA, reducir progresivamente el stock de LEBAC y de Letras Intransferibles del Tesoro en poder del Banco Central, establecer un piso de reservas y limitar las intervenciones en el mercado cambiario; este último punto con el fin de que el precio del dólar se determine libremente en el mercado. En este sentido, el Fondo estableció como condición la aprobación de una reforma a la Carta Orgánica del BCRA para marzo del año próximo.

Como aspectos novedosos en comparación a acuerdos previos, el programa incluye un piso de gasto en asistencia social como condicionalidad, el cual puede aumentar -si fuera necesario- para atenuar el impacto social del deterioro de las condiciones económicas, y la promoción de políticas impositivas y laborales que apunten a la equidad de género.

El acuerdo excepcional expresa la coincidencia de intereses entre las potencias centrales, el gobierno y el FMI. La obtención de una línea de crédito de 1110% de la cuota requiere el visto bueno de las potencias centrales que son los países que ostentan mayor poder de voto dentro del organismo, en especial, Estados Unidos y el resto de los países del G7. El apoyo al gobierno de Macri es un espaldarazo a un gobierno que promueve dar vuelta la página del “populismo” a fuerza de avanzar en la apertura financiera y comercial y la implementación de reformas pro mercado, que profundizan la integración dependiente de nuestro país en la economía global.


Respecto del gobierno, el programa permite acceder al financiamiento externo a una tasa de interés relativamente baja (entre 4% y 5%) y espera que funcione como un sello de aprobación que restablezca la confianza de los inversores privados a fin de recuperar el financiamiento externo, en un contexto de salida de capitales desde las economías emergentes. Sin embargo, la evidencia muestra que en lugar de habilitar una “lluvia de inversiones”, los acuerdos con el FMI sólo poseen un modesto efecto positivo sobre las inversiones de portafolio – las más especulativas y volátiles. En este sentido, existe el riesgo de que la reducción del déficit fiscal no logre restablecer la confianza y lleve a la economía a un círculo vicioso de recesión y ajuste, muchas veces visto en los programas del FMI. Dado que los lineamientos del programa son compartidos por el equipo económico y el organismo, es plausible pensar que el gobierno ha buscado las condicionalidades del Fondo para vencer las resistencias políticas internas al ajuste.

En el caso del FMI, se vislumbran dos incentivos. Primero, apuntalar su regreso a América Latina y, en particular, al Cono Sur. Si bien luego de la crisis financiera aprobó cuantiosos programas a México y Colombia, no conllevaron desembolsos. Sí hubo créditos, pero a pequeñas economías de Centroamérica y el Caribe como Jamaica y República Dominicana. Estimulados por la “ola rosa” de gobiernos progresistas y el auge de los precios de las materias primas, hace más de una década que los países de América del Sur no recibían desembolsos del organismo (el último programa lo había firmado Perú en 2007). Por otra parte, debido a la duplicación de las cuotas y el aumento de las líneas de financiamiento con países luego de la crisis financiera, el Fondo cuenta con 1.35 billón de dólares en recursos disponibles, de los cuales tiene prestados menos del 5%.

La aprobación de un programa que supera en un 150% el límite de 20 mil millones que le correspondería al país de acuerdo a su cuota, constituye una excepcionalidad que refleja la necesidad financiera del gobierno, que suscribe un programa que en términos relativos está en línea con los que recibieron las economías de la periferia de Europa afectadas por la crisis, el interés político del Fondo por sostener el programa económico pro mercado de un gobierno con el cual comparte -como pocos- afinidad ideológica y política, y el visto bueno de las potencias por apoyar económicamente a un gobierno que se posiciona como pivote del giro hacia la derecha en la región.

 

* Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales, por la Universidad de Buenos Aires. Investigador Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Investigador Asociado del Área de Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Argentina.