En el transcurrir reciente del tardoliberalismo latinoamericano, los movimientos pendulares -en un puñado de países de la región- representaron una tendencia constante, sobre todo desde comienzos del presente milenio. Los instrumentos políticos “estabilizadores”, específicamente dentro de marcos institucionales del orden constitucional, reflejan pujas entre segmentos socioeconómicos de las poblaciones, cristalizando en un vaivén de ampliación o, por el contrario, conculcación de derechos humanos de diversa índole. Aunque éstos requieren su perpetuación a fin de respetar los principios taxativos del sistema republicano, la situación democrática -propiamente dicha en sentido estricto- manifiesta una condición de endeblez notable. En periodos o coyunturas históricas críticas, que promueven transformaciones profundas de las sociedades, tales como las acontecidas a partir del quiebre del régimen económico internacional, entre los años 2008 y 2009, los estandartes sustanciales de la “democracia republicana plena” resultan proclives a tambalear, o directamente a desmoronarse.

Las opciones frente a tal encrucijada consisten, por un lado, en la preservación de las conquistas logradas, en cuanto al ejercicio de derechos otorgados por el estado de “ciudadanía”, en toda su magnitud, el cual implica una especie de empoderamiento de todos los colectivos de habitantes de cada país, comenzando por la cobertura de las ciertas necesidades de los grupos más carenciados económicamente. Por otra parte, la segunda alternativa retoma los postulados noventistas del “consenso de Washington”, referidos a un neoliberalismo decadente, cuyo modelo implosionó mediante la crisis mundial -con epicentro en 2008-, que conlleva políticas sociales altamente regresivas, a través de ajustes presupuestarios y recortes fiscales del gasto público, acompañadas de una constricción sistemática y recurrente de derechos y libertades.

En el caso específico argentino, desde finales del año 2015, la alianza “Cambiemos” estableció una especie de república de los negociados privados, ya a partir de un fraude publicitario engañoso en la campaña proselitista preelectoral, prometiendo lo opuesto, diametralmente, con relación a lo realizado -en términos fácticos- una vez asumido el gobierno por la coalición triunfante, a través de la legitimidad formalmente legal conferida por la mediación del sufragio.

La literatura politológica sobre el fenómeno contemporáneo de socavamiento de las instituciones republicanas alude a la emergencia de procesos postdemocráticos o desdemocratizadores, o de “democracias raquíticas”, conducentes a diferentes graduaciones de autoritarismo, en casos extremos con la utilización frecuente de la violencia estatal, en sus variados matices, como regla. Este perfil se complementa con el declive, muy pronunciado, del atributo legítimo de los Poderes Legislativos, en términos de su potestad representativa, mientras prospera la dominación política del “poder real” económico-corporativo y mediático, autonomizado respecto de las iniciativas y contralor propios de una República.

En referencia a la gestión del macrismo en la Argentina, su ascenso devino por medio de elecciones y “toma del mando”, teñidas de alguna ilegitimidad, dado el procesamiento judicial a priori -por espionaje- debido a dicho ilícito, cometido durante su intendencia en la CABA. En la administración pública de “Cambiemos”, en menos de dos años, fueron recurrentes sus violaciones al Estado de Derecho, en el contexto de un gerenciamiento ejecutivo directo de las corporaciones empresariales-mediáticas.                 

Dentro del escenario señalado, deviene impracticable el avance de las libertades individuales y los derechos civiles -hasta en las vivencias consuetudinarias de la cotidianeidad- y, progresivamente, de un accionar participativo de los “ciudadanos empoderados”, al mismo tiempo que se expanden los mecanismos inequitativos en los más variados tópicos, incluyendo el factor cultural-educativo, desactivándose los procedimientos tendientes -al menos- a un acercamiento al estado de ciudadanía socialmente plena.                  

 Sumados a los “desmadres” detallados precedentemente, se procedió abruptamente a un desbocado re-endeudamiento externo, a la continuidad sistemática -potenciada- de la corrupción de las empresas macristas, junto a las de sus firmas asociadas, operada desde la última dictadura cívico-militar. En contraste frente a tal “fiesta ilegal de ricos”, se incrementaron los índices de mortalidad infantil, y se apunta al desmantelamiento de los sistemas de seguridad social, previsionales, jubilatorios, y de pensionados.                    

Bajo las prácticas descriptas, proliferan los intentos de una especie de “Estado Gendarme del malestar”, aun dentro de un ordenamiento constitucional legalmente formal, involución que da pábulo a los antagonismos y oposiciones clasistas, ya experimentados con el régimen neoliberal hacia finales del siglo XX y comienzos del actual. Esta “vuelta de tuerca” del capitalismo globalizado, plasmado en este tardoliberalismo transnacional, recurre discursivamente al latiguillo trillado de acabar con las manifestaciones “populistas” en América Latina, mote despectivo con el cual se rechaza “todo movimiento que denuncia la reducción de las masas a una condición de ciudadanía pasiva, así como el auge ininterrumpido de las desigualdades y, finalmente, la colusión de ambas cosas. Sin embargo, estos fenómenos son una realidad y no un efecto de propaganda: es más vital para el futuro de la democracia tener en cuenta esta realidad que denunciar la palabra que la designa de manera más o menos inadecuada” (Balibar).

La actual presidencia se caracterizó también por el secuestro de dirigentes aborígenes -entre ellos de Milagro Sala-, la desaparición forzada seguida de muerte por las fuerzas represivas estatales, de un militante afín a la causa de los indígenas expropiados, Santiago Maldonado. Además, existe una proclividad a la destrucción de la salud y de la educación públicas, acompañada del aumento exponencial del hambre corroborado por la multiplicación de los comedores y merenderos comunitarios.

El “contrapulismo”

Bajo las  banderas del denominado “contrapulismo”, alineado con una corriente contrahistórica, el nuevo sistema político-institucional hegemónico procura evitar, contando con todas las “baterías” necesarias, el relanzamiento y relegitimación imprescindibles de cara a “la intervención del pueblo, de las masas, de los ciudadanos en sus propios asuntos, frente a un sistema oligárquico, corrupto, pero también cada vez más inoperante y paralizado por sus propias contradicciones. Que conduce, por ende, a nuestras sociedades hacia una descalificación de la acción política, o prepara el camino para aventuras autoritarias” (Balibar).

En el sentido expuesto, avanzan un cercenamiento a la libertad de expresión, a la par con la conculcación de diversos derechos humanos, civiles, políticos, socioeconómicos y laborales; esta involución democrático-republicana ocurre en medio de una desocupación creciente y un proyecto, en ciernes, de mayor precarización laboral, el quiebre de la industria, primarización y tercerización de las actividades económicas; medidas anticientíficas; etcétera…

La racionalidad capitalista instrumental, aplicada en forma mercadotécnica y que remite a una programática “eficientista”, que colapsó, por ejemplo, a través de la crisis económico-financiera desatada hace unos diez años a escala internacional, resulta -en buena parte- de índole imaginaria, dado que contiene una mixtura de autosugestión con eficacia pragmática. El objetivo compartido por los colectivos mayoritarios de las poblaciones, que ocupan los estratos más desposeídos y vulnerables de la pirámide social, inequitativa y desigualitaria, del capitalismo histórico, en la actual instancia tardoliberal, radicaría en “la redefinición de la idea de racionalidad, o en la invención de una nueva racionalidad” (Balibar).

En cuanto al sustento electoral del gobierno PRO-Cambiemos, un factor crucial de la dimensión del mismo radica en la ideología autoritaria, que anida entre los miembros del conjunto de las fuerzas armadas y de seguridad, y de sus contextos afines, coincidente con las creencias de un sector cuantitativamente notable de la sociedad, en sus diferentes clases y estratos. Se trataría del “enano fascista”, inoculado culturalmente en un gran número de ciudadanos, quienes abogan por la aplicación de mano dura, discrecionalmente y sin concesiones, frente a la comisión de delitos o transgresiones de distintos tipos y graduaciones. Tal postura implica el soslayo, o el desdén, en referencia a ciertos derechos constitucionales de cualquier particular, pretendiendo ignorar -muchas veces- el origen último de aquellos eventuales comportamientos ilegales o irregulares. Con frecuencia tal criterio “protodictatorial”, explicitado por numerosos grupos y personas, se encuentra estrechamente ligado a prejuicios discriminatorios multiformes.

El funcionamiento de las relaciones sociales de nuestros días requiere la existencia del ámbito informacional, y además el desarrollo democrático moderno sería inviable ante la eventual ausencia de aprendizaje colectivo de la utilización de los medios de comunicación masiva, proceso que suele atravesar desfasajes y conflictividades intersectoriales. En la medida que el periodismo, y las redes digitales, pasaron a desempeñar un rol crucial en la construcción simbólica de la opinión pública, “una tradición filosófica ligada al antiguo modelo de la presencia física de los ciudadanos estatutarios en la plaza pública la consideró como un modo de fortalecer los mecanismos de delegación de poder y, en consecuencia, un peligro para la democracia” (Balibar).

Obviamente, un elemento crucial del sufragio macrista remite al posicionamiento inflexible de amplios sectores, que profesan un antiperonismo y/o antikirchnerismo acérrimos, que representan un sentimiento arraigado de tales grupos de la población argentina, históricamente desde mediados del siglo pasado, de manera transgeneracional. Se trataría de la tan remanida “grieta”, actualizada y potenciada desde la “crisis del campo”, durante el primer gobierno de Cristina Fernández, por las retenciones a la exportación de soja, caso puntual que reflejó el odio aristocrático de clases de la oligarquía agropecuaria, seguida “a pie juntillas” por el medio pelo de la sociedad, dirigido a los estratos con inferiores recursos económicos, beneficiados claramente por la gestión precedente del Frente para la Victoria.


*Posdoctorado Humanidades [FFyLL-UBA], Dr. Ciencia Política [UGR-España], Lic. Sociología [FFyLL-UBA]