En el marco de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado, el juez Gustavo Lleral, citó para el 24 de noviembre a las 9.30 a todos los peritos que participaron de la autopsia del cuerpo encontrado el 17 de octubre en el Río Chubut para que informen las conclusiones de los estudios complementarios realizados con el objetivo de arribar a un consenso sobre las causas que provocaron el deceso del joven. Además, le negó a la familia de la víctima conformar un grupo de expertos independientes para que sigan el curso de la causa.

Debido a que aún no hay versiones oficiales sobre las causas de la muerte de Maldonado, la Justicia ordenó una reunión clave en la morgue judicial para intercambian opiniones e intentar arribar a un consenso.

Además, Lleral firmó una resolución en la que rechazó el pedido de la familia, en su calidad de querellantes, de conformar un Grupo Especial de Investigadores (GEI) independiente del Ejecutivo, a raíz de la desconfianza que le genera a la familia Maldonado y a su abogada, Verónica Heredia, las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich.

En esa línea el Juez aseguró que "todas las fuerzas de seguridad del Estado Argentino están bajo la órbita de competencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, ello no es motivo ‘per se’ para sospechar de maniobra ilícita alguna que empañe la investigación de los hechos presuntamente delictivos que resultan o resultaren objeto de los presentes autos”.

 Además, consideró que "no es pertinente, en esta instancia, la convocatoria de un Grupo Especial de Investigadores como lo pretende la querella que patrocina la doctora Verónica Heredia" y explicó que "ello es así, a mayor abundamiento, debido a que la organización institucional, tanto del poder judicial como también del resto de los organismos que posee el Estado Argentino, pueden dar una respuesta adecuada a las exigencias contenidas en los tratados internacionales que la querella cita, tal como ha ocurrido en los procesos donde esas instituciones del Estado Argentino, investigaron y juzgaron a autores de delitos de lesa humanidad”.