En los últimos meses el financiamiento para los países emergentes se volvió mucho más costoso. Este cambio de humor en los mercados globales forzó la suba del tipo de cambio reciente, modificando los precios relativos de nuestra economía. Por esto y la contracción fiscal que planea el gobierno, bajará el déficit de cuenta corriente, es decir, el saldo por las transacciones de bienes y servicios y los pagos netos de rentas del país con el resto del mundo. La disminución del déficit externo será por la baja de la actividad económica. En junio la actividad habría alcanzado un nivel equivalente a los más bajos de 2016, desandando la expansión de 2017. El salto en el tipo de cambio también acelerará la inflación: de febrero a julio la inflación promedio creció con respecto a los seis meses previos: pasó del 1,5% al 2,7% mensual.

 La economía argentina se encamina, entonces, a una estanflación en el corto plazo, similar a la de 2014 y 2016. El mecanismo principal no es novedoso: el aumento del tipo de cambio acelera la inflación, lo que reduce el poder adquisitivo de los salarios y esto provoca una caída del gasto agregado. También se podría reeditar lo observado en 2015 y 2017: una desaceleración de la inflación en conjunto con una expansión de la actividad de la mano del aumento del gasto privado. Hay, sin embargo, un elemento innovador. En los episodios pasados, la desaceleración de la inflación fue posible en un contexto de administración del tipo de cambio, ya sea con controles de capitales (cepo) y sangría de reservas (2015), o con ingresos de divisas por endeudamiento del Tesoro y tasas de interés elevadas (2017). En el nuevo escenario internacional, parecería no haber margen para atrasar el tipo de cambio, ante la menor disponibilidad de financiamiento externo. De ser esto cierto, esperaríamos un deslizamiento del tipo de cambio a la par del crecimiento de los precios a partir de ahora. Al mismo tiempo, de producirse un nuevo episodio de volatilidad global, no podemos descartar nuevas fluctuaciones cambiarias.

 ¿Podría darse en este contexto un cambio en el régimen de inflación?

Luego de la aceleración producida por el shock cambiario, la inflación puede llegar a alcanzar un nuevo piso. Varios elementos parecen apuntar en esa dirección. Primero, porque parecería no haber margen para apreciar el tipo de cambio. En segundo lugar, las tarifas de servicios públicos también se incrementarán, dada la necesidad de reducir subsidios y acomodar aumentos en el precio de insumos de estos servicios que están atados al dólar (como los combustibles). Finalmente, la economía argentina parece haber acortado los períodos de revisión de contratos: la introducción de cláusulas gatillo en las paritarias, y los cambios en la actualización automática del gasto social son pruebas de ello. Si efectivamente estas innovaciones en la negociación de contratos conducen a un mayor acortamiento de ellos, los aumentos en el tipo de cambio y las tarifas dispararán rondas sucesivas de subas en los precios por el intento de recomposición de salarios e ingresos. El acortamiento de contratos consolidaría una inflación más elevada y escondería un riesgo adicional. Vuelve a la inflación más inestable ante nuevas perturbaciones.

 Ante esta situación, parece conveniente que el gobierno amplíe su estrategia antiinflacionaria incorporando elementos más allá de la política monetaria. La experiencia reciente parece indicar que el mecanismo de expectativas, el núcleo de la estrategia de las metas de inflación, es más débil de lo que se consideraba inicialmente. Tampoco parece prudente esperar que la recesión contenga el alza de la inflación, teniendo en cuenta la experiencia histórica de la economía argentina. El gobierno puede apoyar el trabajo de la política monetaria usando políticas de ingreso (acuerdos de precios) para mejorar la coordinación de precios y salarios, y evitar la potencial consolidación de un nuevo régimen inflacionario.

 

*Coordinador del programa de Desarrollo Económico de CIPPEC.


Acerca de CIPPEC
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