El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, prohibió mediante un decreto el ingreso de Farmacity en su ciudad. Esto se da en medio de un fuerte debate que ingresó en la provincia de Buenos  Aires y que encontró su mayor resistencia en la Cámara de Diputados bonaerense a través de un proyecto del legislador del Frente Renovador, Lisandro Bonelli. 

La cadena del vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana, se encuentra bajo la lupa y si bien por ahora los  distintos intendentes se habían concentrado en lanzar declaraciones que iban en línea con la preocupación por el avance de Farmacity, ninguno había dado prohibido el desembarco de esta empresa. El primero en atreverse fue el jefe comunal peronista Juan Zabaleta. 

En el decreto el Ejecutivo municipal reconoce "la defensa de un modelo de farmacia que, como agentes de salud, impulsan y defienden los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y que se encuentra plasmado en la ley 10.606". Se trata de una de las normas que, en su planteo ante la Corte Suprema de la Nación, Farmacity tilda de "inconstitucional", y que ya tiene un escandaloso dictamen a favor de parte del Procurador General, Eduardo Casal.

No sólo esto, en el texto firmado por el Intendente se advierte por el "avance de grandes cadenas comerciales que pretenden establecer sus unidades de negocios en contraposición con la norma provincial" y hace una referencia explícita al caso Farmacity.

El decreto ratifica lo que esa norma dispone en cuanto "prohíbe que dentro de las farmacias se comercialicen productos diferentes a los destinados al arte de curar" e instruye a las direcciones pertinentes a "no autorizar la complementariedad de rubros en el ámbito de la actividad de farmacia".

De esta manera, comienza a mostrarse un panorama cada vez más complejo para la empresa del hombre de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires.