El diagnostico oficial sobre las causas de la inflación apuntó originalmente al manejo de la política monetaria en el mediano plazo. El esquema solo requería contener el financiamiento del déficit fiscal para que la inflación fuera “la cosa más simple de resolver”, según palabras del propio presidente Macri. Como muestra el cuadro siguiente, las diferencias entre las metas y la inflación efectiva durante los dos primeros años fueron bastante groseras.

Los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) para la inflación de 2018 y el incremento reciente del IPC, parecen estar contribuyendo a una versión off the record sobre el diagnóstico inflacionario de Cambiemos. Ahora se señalan los precios regulados, el tipo de cambio y la puja distributiva. De allí que el BCRA reconozca tardíamente el efecto de las tarifas en la aceleración inflacionaria y que salga a operar entre bandas (no explícitas), para evitar que la depreciación del peso se traslade a precios. Por otro lado, los distintos ministerios económicos están dispuestos a aceptar que el dólar, las tarifas, los intereses de la deuda y el valor de los bienes de capital recuperen sus pérdidas de valor frente a la moneda nacional, pero no así los salarios. Esta particular forma de indexación es la que actualmente se conoce como política de “metas de paritarias” o sencillamente “cepo salarial”.

Si bien el empleo registrado del sector privado recuperó una parte de los ingresos perdidos en 2017, la caída del poder adquisitivo general en los dos primeros años de Cambiemos se mantuvo aún 3% debajo de sus niveles de 2015. Un informe reciente del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV mostró que los sectores más importantes de la actividad económica tuvieron significativas pérdidas de salario real paritario en el acumulado 2016-2017. En dicho informe el escenario se agrava al estimar otro retroceso cercano al 2% anual para el corriente año.

A estos problemas del trabajo, el CETYD de la UNSAM, agregó la dimensión del costo laboral, tan reclamado por la política oficial. En su Boletín de Coyuntura Sociolaboral de abril señaló que la contracción del costo laboral unitario se debió a la reducción del salario real, aunque en el caso particular de la industria, la caída del salario se vio más que compensada por el incremento de los costos a través del precio de otros bienes necesarios para este tipo de producción. La apertura comercial puso un techo al precio y la devaluación un piso a los costos de los bienes industriales. De este modo, pese a la caída del salario real, el costo laboral unitario de la industria creció. Sin embargo, el aspecto inflacionario vía costos no sólo afectó el mercado interno a través de la producción, sino también a través del consumo. El último informe publicado sobre las tarifas por CIFRA-CTA mostró que el aumento de luz y gas sobre el salario pasó de representar un 2,7% en 2015 al 14,5% en 2018 de los ingresos de la ocupación principal de los hogares (estimados en este último año, cercanos a los $14.870 según la EPH-INDEC).

Desde el punto de vista de los ingresos y la demanda, la capacidad de recuperación del salario se verá efectivamente deteriorada en 2018. Al compás de los bajos niveles salariales de los últimos dos años, se consolidan las formas de trabajo precario, se deteriora la distribución del ingreso; afectando el desarrollo del mercado interno. Este último aspecto se ve potenciado desde el punto de vista de la producción, ya que la industria, la construcción y el comercio (principales motores del crecimiento interno) vieron incrementar sus costos laborales unitarios al tiempo que redujeron los salarios reales, empeorando, además, la competitividad y su eficiencia relativa a otros sectores.

El panorama de incrementos salariales en lo que va de 2018 no resulta alentador. Casi todos los sectores han negociado una primera cuota en abril, que solo compensará la inflación acumulada desde enero hasta ese mes y dejará un resto muy pequeño para actualizar en lo que queda del año. Si la inflación coincide con las expectativas de las consultoras afines al gobierno que forman parte del REM, en el mejor de los casos, este año se perderá cerca del 5% de los salarios.


*Licenciado en Economía. Magíster en Economía Política, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Doctorando en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e Investigador-docente asistente del Área de Economía Política del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Twitter: @aranamariano