Algunas rápidas aclaraciones antes de entrar en tema, ya que la pregunta exige  especificaciones no siempre obvias. Primero, me refiero al Estado como suma de sus tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). Segundo, hago referencia a la jurisdicción nacional del Estado, sin considerar el nivel subnacional (provincial o municipal). Tercero, me concentraré en el Gobierno nacional, con lo cual admito que tenderé a identificar Estado con su rama ejecutiva, lo cual si bien es erróneo, es una simplificación bastante común.

Hablar de Estado siempre requiere una inmediata adjetivación, que a menudo se expresa en términos de opciones polares y alude a su ámbito jurisdiccional (nacional o subnacional), al carácter de la sociedad en la que actúa (capitalista o comunista), a los alcances de su actividad (intervencionista o neoliberal), al régimen político en que se funda (democrático o  autoritario) o a la orientación ideológica de sus políticas (de izquierda o progresista, de derecha o conservador), para citar sin matices algunas dicotomías típicas utilizadas para caracterizarlo.

 Sin embargo, sería excesivamente simplista –y seguramente erróneo- calificar al actual Estado nacional de nuestro país como “capitalista”, “democrático”, “neoliberal” y “conservador”, como es bastante habitual. Algunos hasta ponen en duda su carácter “nacional”, quitándole al término su atributo jurisdiccional y aludiendo más a su supuesta orientación “extranjerizante”. Capitalistas, a secas, son obviamente la gran mayoría de los Estados actuales, pero las vertientes del capitalismo pueden adoptar un sesgo neodesarrollista u otorgar preeminencia al mercado, a la economía popular o a la autonomía enraizada del Estado, como en la experiencia de los “tigres asiáticos”. Pocos ponen en duda su carácter democrático, pero quienes lo hacen, suelen asimilar al régimen actual con el de la última dictadura militar, como todavía vocean multitudes en las canchas de fútbol. Hay más consenso en tildarlo de neoliberal pero, entonces, ¿por qué no privatiza empresas, desregula la economía o reduce el tamaño del aparato estatal, como hizo Menem? Por último, es común sostener que su orientación ideológica es conservadora o de derecha, pero eso poco tiene que ver con proyectos como los de eliminar la subvaluación fiscal de las propiedades de countristas ricos o de expropiar terrenos privados para otorgar títulos de propiedad a villeros-pobres, como se ha anunciado en estos días.

Tenemos, por lo tanto, un Estado que no se presta fácilmente a un etiquetado político, cualquiera sea la variable con que se lo pretenda caracterizar. Su dimensión y la variedad de sus ámbitos de intervención no permiten considerarlo un Estado mínimo típico de la ortodoxia noventista. Su gradualismo lo aparta del grupo de regímenes que apelan al ajuste salvaje de las variables económicas sin reparar en los costos sociales. Y si bien la orientación dominante de sus políticas pueden calificarse como pro-mercado, no ha desmantelado –y en parte ha extendido- el aparato institucional responsable de la protección social de los sectores más desfavorecidos. Algunos quieren ver en esta orientación una suerte de “populismo de derecha”.

 No debe olvidarse que la coalición que sostiene al gobierno nacional tiene una tradición político-ideológica variopinta. Conviven en ella un radicalismo que en un tiempo tuvo una orientación de centro-izquierda, una Coalición Cívica que supo alumbrar proyectos como el de la Asignación Universal por Hijo y un Pro que si bien representa claramente a la derecha liberal, es consciente de que su futuro como eje y cabeza de una organización política que pretenda sobrevivir a una gestión de gobierno, depende en gran medida de una hibridez que desafía los encasillamientos.  

 Esto es especialmente cierto en situaciones de crisis, cuando los “vientos de cola” amainan y el crecimiento económico por goteo no alcanza para el derrame como el que permitió el “viento de frente” del primer kirchnerismo. En esas circunstancias, los regímenes “de derecha” que pretenden mantener o consolidar su futuro electoral, son propensos a adquirir un carácter híbrido que no es exclusivo de la Argentina y tiende a difundirse cada vez más en un mundo multipolar, incierto y definitivamente globalizado.

¿Qué Estado tendremos? El muestrario es amplio. Tal vez su futura adjetivación permita caracterizarlo como neodesarrollista con o sin tintes populistas, o como neoliberalismo individualista exacerbado o como populismo autoritario. Difícilmente se impondrán esquemas socialdemócratas a la escandinava o concepciones ancestrales del buen vivir, propias de algunos populismos andinos. Lo que es casi seguro es que los politólogos deberemos extremarnos para inventar nuevas categorías que rechacen los clichés simplistas.

 

  * PhD Political Science y Master of Arts in Public Administration, UC Berkeley; Dr. Economía y Contador Público Nacional (UBA, Argentina); Graduado del International Tax Program, Harvard Law School. Ex Director Maestría Administración Pública UBA; Investigador Superior CONICET.