Desde la constitución del Estado nacional, la Iglesia Católica ocupó una posición de cuasi-monopolio del campo religioso: los censos de 1947 y 1960 cuentan más de un 90% de católicos, y la institución eclesiástica tiene un status jurídico privilegiado, desde el artículo 2 de la Constitución en el que dice que el Estado Argentino sostiene a la Iglesia Católica, hasta los decretos de la dictadura militar (Ley 21745, Decreto 2037/79) que en 1978 y 1979 legislan que los cultos religiosos deben inscribirse en un Registro para ser legales, trámite que la Iglesia Católica no necesita.

Pero la posición privilegiada de la Iglesia católica no depende exclusivamente de su estatuto jurídico, sino más bien de una larga historia de relación con los poderes estatales y políticos, basada en las interpelaciones mutuas de jerarquía a jerarquía. Es decir que ni las exenciones impositivas para templos y catedrales, ni el fondo que la Secretaría de Cultos destina a las diócesis, ni los subsidios a escuelas privadas católicas derivan directamente del número de católicos (que por otro lado el estado ya no cuenta en los CENSOS), sino de un entramado complejo de acuerdos entre políticos y dirigentes eclesiásticos. Esta relación, en la que los políticos persiguen la legitimidad de la religión mayoritaria y los obispos buscan acuerdos para mantener espacios y legislaciones acordes con sus principios, permanece aun cuando las transformaciones sociales muestran una amplia pluralización del campo de las creencias.

El catolicismo es mayoritario en el país, con un 76,5% de la población católica, un 9% evangélica y un 11% no se identifica con ninguna religión: que la sociedad argentina es plural es un hecho. No sólo porque desde hace al menos 50 años crecen otras opciones religiosas, sino porque incluso en las mismas opciones mayoritarias (catolicismo, evangelismo) las posiciones teológicas, ideológicas y pastorales son diversas, incluso opuestas a menudo. Esa diversidad se vio en discusiones de alto impacto en el espacio público: desde el matrimonio igualitario, la ley de los derechos del paciente, la ley de identidad de género la ley de interrupción voluntaria del embarazo, iglesias, pastores y pastoras, sacerdotes se han manifestado a favor y en contra esgrimiendo argumentos ligados con sus creencias o la misericordia de las opciones pastorales. 

Los debates públicos nos han permitido comprender que, más allá de sus jerarquías, el catolicismo es un mundo plural, en el que caben desde posiciones pro-despenalización del aborto, como las Católicas por el Derecho a Decidir [http://catolicas.org.ar], hasta los grupos pro-life que se han activado en los últimos tiempos. La gran mayoría de los católicos reclaman autonomía para sus decisiones personalísimas, y se encuentran con sacerdotes y religiosas que ante sus demandas ponen en práctica un amplio rango de acciones que van de la contención y la escucha a la culpabilización y la acusación.

En el inicio del debate sobre el proyecto de ley de despenalización del aborto, la Conferencia Episcopal Argentina comenzó mostrándose prudente, y luego frente a la presión de grupos de activistas que se definen como “católicos que luchan por las dos vidas”, endurecieron sus declaraciones y posiciones públicas. Aún en este contexto, el apoyo activo a la ley de despenalización del aborto ha crecido exponencialmente aún entre las católicas, especialmente entre las más jóvenes, que se reconocen católicas, y reivindican su derecho a tomar sus propias decisiones sobre su sexualidad y cuándo y cómo ser madres.

Esta transformación social en un sector amplio de la población avanza. La Iglesia deberá dialogar con ellos si pretende seguir siendo una institución con llegada a la mayoría de sus feligreses, y no identificarse con  la voz de grupos muy activos pero minoritarios que sostienen posiciones más extremas y cerradas.

 

*Coordinadora del Programa Sociedad, Cultura y Religión (CEIL-CONICET).  Profesora UBA