Los manejos oscuros del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) y la discrecionalidad desmedida con se ha operado durante la gestión del presidente Mauricio Macri, merece el replanteo sobre el mando y la sustentabilidad de éste.

Según los informes del FGS, la caída de los recursos en estos últimos cuatro años ha sido estrepitosa. A menos de una semana de su salida, el Gobierno volvió a meter la mano en los recursos de todos los trabajadores y de los jubilados al refinanciar otros 5.000 millones de pesos y 384.498.215 dólares con la suscripción de Letras del Tesoro.

Sólo a titulo ilustrativo podemos afirmar que, a fines del primer trimestre de 2019, el valor de la Cartera de Inversiones del FGS ascendía a $ 1,86 billones, lo cual representó una suba del 13% respecto del trimestre anterior (aumento del 1,1% en términos reales). Sin embargo, en dólares estadounidenses el FGS ha decrecido respecto al inicio de la gestión actual; girando en torno a 31.000 millones de dólares.

Por ejemplo, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, hasta el 2015, el FGS fue virtuosamente utilizado como herramienta de política fiscal. En 2009, luego de la crisis mundial se utilizaron dichos fondos para financiar a las automotrices, que sufrían una fuerte contracción de la demanda generada por la crisis internacional.

Como sabemos, en la actualidad, el acceso a créditos para pequeñas y medianas empresas, como para las economías regionales y otros sectores sociales, es inalcanzable. El gobierno de Mauricio Macri se va con un fuerte desplome en la caída del consumo y un endeudamiento a altísimas tasas en todos los sectores.

A título de ejemplo, según Diario la Nación del 21 de agosto de 2019, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dice que en la Argentina hay 800.000 pymes donde trabajan más de cinco millones de personas y proporcionan el 70% del empleo privado registrado en el país, las que están en una situación de ahogo financiero en parte por las altísimas tasas de interés que sufren desde principios de 2018.

"En diciembre de 2017 teníamos tasas del 17% anual a través de líneas de crédito de inversión productiva. Además, las líneas comunes estaban en torno al 25%, pero a través de un subsidio de tasa que otorgaba la Secretaría de Emprendedores y Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme), de 6 puntos, las tasas bajaban al 18%, y con ellas la mayoría de los créditos a las pymes. Pero a partir de 2018 se fueron al 30-35% hasta más del 50% de interés anual", decía Pedro Cascales, en La Nación. "Pero no pararon ahí, y hoy las tasas no bajan del 70 al 100% para una pyme, siempre en el mercado formal", agrega.

Para ello es preciso terminar, por un lado, con la discrecionalidad y, por el otro, acabar con las artimañas sombrías de lo que debe ser la garantía para el sostenimiento de las presentes y futuras jubilaciones.


¿Cómo se podría dar solución?

Es imperioso dar prioridad a las palabras del presidente electo Alberto Fernández que, en su discurso de campaña, manifestó que “hay que volver a encender la perilla de la economía”. Para ello, se propone la creación de un Banco de Desarrollo de la Seguridad Social, un banco de la producción que tenga un doble rol y una fuerte impronta social.

En primer lugar, podría funcionar como agente pagador de las prestaciones de la seguridad social: jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, asignaciones universales, etc., rompiendo el negocio que las entidades bancarias y financieras han hecho con los más vulnerables. Por ejemplo, entregaron en estos años, créditos desmedidos empeñando la frágil situación de los que menos tienen.

Por el otro, el Banco de Desarrollo de la Seguridad Social, podría financiar créditos para el progreso y la productividad de las pequeñas y medianas empresas, el campo, las innovaciones tecnológicas, la construcción de viviendas sociales, los créditos para las economías regionales, etc. con tasas accesibles para que éste invierta en la comunidad, sostenga la producción nacional y genere dividendos para el sustento de las presentes y futuras prestaciones previsionales.

Además de ser factible, que de las utilidades que el Banco genere, se reparta a comedores comunitarios, a los merenderos y a las instituciones destinadas a la alimentación social cumpliendo la premisa de combatir el hambre con la que intenta arrancar el gobierno de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre.

Que dichas ganancias también se distribuyan entre todos los jubilados, los pensionados y demás beneficiarios de la seguridad social como segundo aguinaldo, solucionando así el financiamiento del proyecto original de Sergio Massa en el que propiciaba el “haber 14”; un plus anual para los prestatarios de la seguridad social.

Porque “volvemos para ser mejores”, es hora de dejar de lado la especulación y solucionar el problema de los recursos de todos nosotros para garantizar el acceso a prestaciones justas, dignas y solidarias sin desfinanciar el sistema de seguridad social.

*Abogado previsionalista y periodista especializado en personas mayores. En colaboración con Luciano Delgado Sempé, ex jefe de UDAI de General Roca, Río Negro.