La suba general de precios, también conocida como inflación, es a la par de la pobreza un problema de fondo en la economía Argentina, siendo uno de los países más afectado en la actualidad.

Cualquier método para intentar reducir este fenómeno solo podrá ser eficaz en la medida en que los agentes que intervienen en nuestro mercado estén de acuerdo y dispuestos a llevarlo a adelante.

El primer motor inflacionario a tener en cuenta es, sin duda alguna el tipo de cambio, pues buena proporción de insumos son comprados en el exterior y gran cantidad de carteras argentinas están dolarizadas.

Tal y como otros países que presentan o han presentado tasas de inflación elevadas y sostenidas en el tiempo, Argentina posee una reacción casi intuitiva de traslado a precios toda variación del tipo de cambio, desvalorizando así toda política monetaria.

Se puede observar con claridad esta afirmación si se compara la variación del Índice de Precios al consumidor (IPC) publicado por el INDEC con el Tipo de Cambio respecto al dólares publicado por el Banco Central. Las variaciones se presentan muy correlacionadas aún teniéndose en cuenta la fuerte restricción en cuenta corriente sufrida en 2018.

Por este motivo, para frenar esta inercia inflacionaria es una buena opción contener el dólar bajo un cepo, anclándolo y de esta forma calmar expectativas de inflación elevadas que, por profecía autocumplida,  culminan incrementando aún más los precios que alcanzan a los consumidores.

Además de la regulación del tipo de cambio hay que regir pautas de consumo. El método que plantea el gobierno actual, consiste en redistribuir los ingresos de modo tal que incentive este consumo (sobre todo el de los sectores más sensibles) y simultáneamente restringir el mercado externo para fortificar en gran medida la participación de productos nacionales. De esta forma y mediante los numerosos acuerdos con empresas, se espera un incremento en la oferta que genere el crecimiento económico tan anhelado.

Este proceso macroeconómico espera que genere no solo una mayor participación de empresas nacionales sino también un incremento en el poder de la moneda local e incrementar el nivel de empleo, revirtiendo la tendencia tal y como se puede observar en el nivel de ventas en términos reales de los supermercados en Argentina según la encuesta del INDEC.


Sin embargo, hay que tener en cuenta que no a todos los agentes que compone nuestra economía les favorecen ir en sintonía de los métodos planteados, sobre todo aquellas entidades con mayor poder de mercado y difusión.

Un ejemplo claro son los hipermercados y todo tipo de cárteles radicados en nuestro mercado interno, estos generan grandes pérdidas de eficiencia en el mercado y subas de precios finales debido a la baja competencia, barreras a la entrada y repartición regional del mercado.

Desde mi perspectiva, estas entidades deben ser controladas y (de ser pertinente) multadas con mayor severidad, atenuando la concentración del mercado en pocas firmas y fomentar así a un mercado más competitivo. Además, de esta forma, se evita que las políticas públicas implementadas se conviertan en meros beneficios empresarios sino que, por el contrario, se incentiva el incremento de eficiencia y productividad, obteniendo así una reducción genuina de los precios reales.

*Licenciado en Economía – CNDC. Docente UNSAM. Twitter: @emisirlian