La Universidad Nacional Arturo Jauretche y de Hurlingham a través del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) presentó el noveno Monitor de Clima Social con el que indagó respecto de las inseguridades sociales que vive la población del segundo cordón del conurbano: el 27% de los ciudadanos se vio obligado a dejar de enviar a sus hijos a estudiar por la crisis económica. 

En el informe detallaron que en el segundo cordón del Conurbano “un 27% afirma que su hijo tuvo que dejar de estudiar”. A su vez, en el resto del AMBA, casi el 60% consideró “cara o impagable la educación privada”.

El CEM analiza periódicamente las inseguridades laborales, alimentarias, económicas y el impacto de las tarifas. En esta oportunidad, entre el 26 de febrero y el 2 de marzo de 2019 realizó 1523 entrevistas telefónicas en las que midió puntualmente el impacto de las políticas económicas en la educación.

Cuando se consultó sobre las razones por las cuales se vieron obligados a no enviar a sus hijos a la escuela, el 20% aseguró que es por cuestiones económicas, porque "alguno de sus hijos tuvo que dejar de estudiar para trabajar o porque no podían afrontar costos". En CABA esa respuesta alcanza el 15%, y en el segundo cordón llega al 27%.Al respecto, el Director del Centro de Estudios Metropolitanos, Matías Barroetaveña, aseguró que "la crisis expulsa a chicos y chicas de las escuelas". Luego detalló que "la profundización del malestar económico hace que muchas familias decidan no mandarlos a la escuela, o porque no pueden pagar los gastos porque tiene que salir a trabajar”.

Para los consultados, el 66% consideró "muy importante"que la escuela tenga comedor, y un 18% lo consideran “algo importante” y el 14% lo considera “poco o nada importante”. Lo que deja entrever la desigualdad entre las familias que envían a sus hijos a escuelas públicas y privadas. De los primeros, el 78% cree que es "importante", en contraposición con los segundos que sólo el 50% coincide.

A su vez, el documento mostró que quienes envían sus hijos a la escuela pública, el 33% está satisfecho con la calidad en infraestructura, mientras que el 25% tiene una imagen negativa. Mientras que en el sector privado el 78% considera la calidad de la infraestructura “muy buena o buena”, y sólo el 6% “mala o muy mala”. 

Finalmente, Barroetaveña afirmó: "las brechas educativas, las diferencias que hay sobre la valoración de la calidad y de la infraestructura entre escuelas pública y privadas, desaparecen en la cuestión docente".