Ni vía zoom ni de cuerpo presente. El Jefe de Gobierno porteño, en un claro mensaje político-electoral, decidió pegar el faltazo esta mañana a la cita con el Presidente en Casa Rosada por el Día de la Mujer. En su entorno señalaron que la razón fue que la sola presencia en el acto del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, valía su rechazo a participar de la foto. “Condeno enérgicamente lo que está ocurriendo en esa provincia. Lo que sucedió en estos días es consecuencia de muchos años avasallando las instituciones”, dijo.

Lo que “sucedió” y motivó nada menos que un viaje en avión de la ex ministra de Seguridad y presidenta del Pro, Patricia Bullrich, hacia la provincia del norte, puede verse en los videos y las fotos que circularon durante las últimas horas de una brutal represión, y puede oírse también en los testimonios de quienes se manifestaron contra las medidas restrictivas y exageradas para la prevención del COVID en esa provincia, que en muchos casos resultan violatorias de los derechos humanos.

El argumento de Larreta es curioso: a fines de septiembre del año pasado, imágenes y videos similares recorrieron las redes sociales y testimonios del estilo se escucharon en boca de médicos y médicas residentes de la Ciudad, la primera línea en la terapia intensiva contra la pandemia, que reclamaban un reconocimiento salarial a la altura del esfuerzo que estaban realizando. La respuesta, también, fue una brutal represión por parte de la Policía Ciudad, con varias médicas heridas.

“En el día de la salubridad, Rodríguez Larreta reprimió a los que ponen el cuerpo todos los días para cuidarnos. La policía de la Ciudad, con sus patrulleros, impidió el paso de las ambulancias para atender a los heridos”, denunció ese mediodía la titular de la comisión de Derechos Humanos de la legislatura porteña, Victoria Montenegro. El repudio sólo tuvo eco en la oposición porteña del Frente de Todos y poco más.

Un mes más tarde, la propia Policía de la Ciudad se encargó del operativo represivo que sobre la 9 de julio intentó ponerle un freno al ingreso de fieles que desde todo el país se dirigían hacia la Rosada para darle el último adiós a Maradona. Hubo declaraciones cruzadas sobre las responsabilidades: tanto el Gobierno nacional como el de la Ciudad se echaban culpa por los desmanes, pero lo cierto es que los palos se dieron sobre el territorio en el que los efectivos a cargo de Diego Santilli tenían jurisdicción ese día. La represión terminó arruinando una fiesta popular, pero el Jefe de Gobierno tampoco pagó un costo político.

Para colmo, en plena pandemia, Larreta se preparaba para reprimir posibles saqueos. La novedad pasó desapercibida, y tampoco tuvo que dar explicaciones. La resolución 69/2020 de la Subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Seguridad, de abril de 2020, justificaba explícitamente la compra de material represivo para “hacer frente a la situación socioeconómica que se está atravesando como consecuencia de la pandemia de Covid-19″. ¿La pandemia se iba a enfrentar con represión?

Convocado en la legislatura, el propio secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, blanqueó que la Ciudad estaba además entrenando a 700 efectivos en tareas de tipo represivas. Se conformó un nuevo cuerpo, bautizado «Despliegue de Intervención Rápida (DIR)», que estaba listo para intervenir “de forma inmediata” ante “alguna situación anómala que se pueda dar” en 5500 esquinas peligrosas que la Ciudad tenía identificadas, según reconoció el funcionario.

El “equipamiento” represivo fue solicitado de “urgencia” sin pasar por ningún control interno. La contratación fue directa a Fabricaciones Militares por casi 53 millones de pesos. El grupo de acción de entraba bajo las órdenes del Comisario Mayor Juan Pablo Kisch, encargado de coordinar los distintos grupos “especiales” de la Policía porteña.

Lo curioso, además, es que ya durante los primeros días de la pandemia la Policía de la Ciudad se había “sobrepasado” con varios ciudadanos de a pie. El Ministerio de la Defensa elaboró dos informes sobre violencia institucional. El primero, reveló que entre el 20 y el 31 de marzo, el organismo intervino en 42 detenciones por “resistencia a la autoridad” o “atentado a la autoridad”. El segundo, hasta fines de abril, dejaba un caso de violencia policial cada 48 horas. En las próximas semanas publicarán un nuevo informe con los datos de todo el 2020.

Habrá que esperar para ver si, además, en el Gobierno porteño, además de “rechazar” la condenable represión en Formosa, realizan además una autocrítica por casos de represión conocidos como la cacería sobre la 9 de julio durante las protestas contra la reforma previsional, la represión de 2012 sobre pacientes psiquiátricos del Hospital Borda o los cuatro muertos en el desalojo del Parque Indoamericano, en 2011.