El escándalo por el "vacunatorio vip" que dejó en el camino a un ministro de Salud nacional ahora desembarca en la Provincia, tras una denuncia penal contra el titular de la cartera sanitaria bonaerense, Daniel Gollán por posibles inoculación por fuera del protocolo. Además, desde Juntos por el Cambio pidieron que el gobierno de Axel Kicillof haga público el listado de todos los que recibieron la dosis de la Sputnik V. 

El senador de la provincia de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan y la abogada Florencia Arietto radicaron una denuncia en los tribunales de La Plata para que se investigue al ministro Gollán por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, en virtud del decreto 41/2021 que designó al ministro de Salud de la Provincia a cargo del operativo de vacunación.

La presentación judicial responde a que, según afirman desde la oposición, militantes del Frente de Todos platense recibieron la vacuna antes que el personal sanitario de la Provincia. Particularmente, aseguraron que jóvenes que pertenecen al espacio político del concejal Guillermo "Nano" Cara tuvieron prioridad en la campaña de vacunación y fueron inmunizados. 


En la denuncia se adjuntan publicaciones con fotos en redes sociales que hicieron algunos de los jóvenes cuando recibieron las dosis de la vacuna Sputnik V.  Además, desde Juntos por el Cambio cuestionaron el hecho de que el jefe de prensa del ministro de Salud, Cristian Humberto Scarpetta, haya sido inmunizado junto al resto del personal de área de comunicación. 

Por ello, exigen que además de la investigación a Gollán se intime “de manera inmediata” al gobierno de la provincia de Buenos Aires para que de a conocer los datos vinculados a la vacunación. “De esta manera podría conocerse el tamaño del daño y el alcance delictual; se conocería, así, a quiénes se ha inoculado la vacuna, transgrediendo las pautas establecidas y consumando esta degradación ética”, afirma el texto de la denuncia. 

"Resulta de extrema gravedad institucional, además de condenatorio ética y moralmente, que funcionarios y civiles en general que no se encontraban en el grupo de riesgo prioritario se hayan inoculado una vacuna que –se reitera- al momento resulta escasa incluso para satisfacer la demanda de ese propio conjunto de personas predeterminado”,  sostienen en la presentación.