Una lancha marca Yamaha valuada en 320 mil pesos. Una 4x4 Toyota de un millón. Una moto BMW de 500 mil. Un yate Travessia de 1,3 millones. Una quinta en el Tigre de 450 metros cuadrados. Otra en Uruguay, por siete millones. Al Secretario de Integración Social y Urbana, Diego Fernández, funcionario de Rodríguez Larreta encargado de urbanizar la Villa 31, no sólo le gusta coleccionar bienes de lujo. También es de los millonarios que gustan de llevarse los ahorros en dólares al exterior, de participar de cuentas off-shore y apostar a la timba a través de los fondos de inversión que más dolores de cabeza le traen a Martín Guzmán a la hora de negociar la deuda.

Semejante patrimonio surge de la última declaración jurada del funcionario, que estuvo en la mira durante los doce días, entre el 25 de abril y el 6 de mayo, en que la Villa 31, a su cargo, no tuvo agua potable. Un derecho humano básico y elemental que él mismo había prometido que estaría garantizado para fines de 2018 y que faltó en el momento más crítico, cuando los contagios por coronavirus se disparaban en el barrio y los vecinos no tenían ese elemento básico de higiene para cuidarse.

En una nota que publicó Tiempo Argentino este domingo con lo declarado por Fernández, quedó claro que al funcionario no le gusta tener la plata en el país. Tiene dos millones y medio de dólares invertidos en el fondo BlackRock, el más importante de los tenedores de bonos argentinos de deuda. También, otros 2 millones en títulos de deuda de la Provincia de Buenos Aires, que datan de 2017, cuando gobernaba María Eugenia Vidal. Y otros dos millones, del mismo año, en deuda argentina.

La fortuna declarada lo coloca como uno de los funcionarios más ricos de la Ciudad de Buenos Aires, y contrasta fuertemente con realidad del barrio que debe urbanizar, que en su enorme mayoría, según el propio Centro de Estadísticas y Censos del Gobierno porteño, no llega a cubrir media canasta básica.

Pero Fernández no declaró la plata que además tiene en una cuenta off-shore, que quedó al descubierto con los Panamá Papers en 2016. Ese fue un año clave para él, dado que fue entonces cuando empezó a desempeñarse con fuerza en la urbanización del barrio, tarea para la que contó en los últimos 4 años con 500 millones de dólares prestados de la Ciudad por el BID y el Banco Mundial para hacer obras. Entre ellas, la del agua, que también falló.

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En la construcción de dos acueductos, y en la reparación y el mantenimiento de la red interna, Fernández se gastó la friolera de 560 millones de pesos, que forman parte de la deuda externa de la Ciudad. Pero tuvo que intervenir Aysa, en plena pandemia, para resolver la falta de presión en las canillas. Cerca Malena Galmarini, la titular de Aysa, cuentan que quedaron sorprendidos por el nivel de negligencia de los funcionarios porteños, entre ellos Fernández, a la hora de resolver los problemas. Y agregan que en la Ciudad estaban más preocupados por sus propias internas que por devolver el servicio.


Fue en ese preciso momento cuando los cuestionamientos hacia Fernández arreciaron, no sólo desde afuera, sino desde dentro del propio Gobierno de la Ciudad.

Los resultados justifican que esté en la mira pública: 5522 positivos de coronavirus al día de ayer y más de una decena de fallecidos, entre ellos referentes territoriales del barrio como Ramona Medina, Víctor Giracoy y Carmen Canaviri.

¿Qué lo sostiene en el cargo ante semejante desastre? 

Para responder esa pregunta hay que remontarse a los orígenes de Fernández: llegó a la gestión pública de la mano del senador por la provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich, quien lo nombró como su jefe de Gabinete en su paso por el Ministerio de Educación Porteño. Antes, Fernández se había “formado” en el Think-Thank del Pro "G-25”, cofundado entre otros por el ex ministro Guillermo Dietrich. Dos pesos pesados del macrismo duro.

Además, Fernández figura como secretario desde 2006 en el directorio de “Formar Foundation”, la off-shore de Bullrich y otro de sus laderos, Gabriel Sánchez Zinny.  

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Hoy, ese origen le juega en contra. La nueva ministra de Desarrollo Social, María Migliore, absorbió la Secretaría dentro del nuevo organigrama de gobierno que diseñó Rodríguez Larreta al lanzar su segundo mandato. Y Migliore, que viene del ala más dialoguista y aperturista del Pro, le mandó a intervenir la gestión del barrio a través de Gabriel Salas, titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social, que ya venía realizando tareas de urbanización en otras villas de la Ciudad.

Cerca de la ministra dicen que estaba operando un “cambio de cultura” en la forma de intervención de la 31, pero que la pandemia postergó los planes y Fernández quedó con el cargo, aunque vacío ya de poder. Migliore responde a uno de los referentes de “La Generación”, esa suerte de La Campora Pro, Juan Maquieyra, quien es además el titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), desde donde cultivó un vínculo aceitado con las organizaciones sociales opositoras a la gestión del Pro. Maquieyra también tiene a uno de los suyos, Juan Ignacio Salari, dentro de la Secretaría de Fernández, esperando su oportunidad.

La gestión de Fernández se destaca, además, por los millones gastados en consultorías de todo tipo. Varios de esos contratos se los llevó McKinsey, una consultora ligada a Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.