En realidad, en nuestro país,  en el año que termina, se superpusieron tres procesos que en sus resultantes produjeron una profunda disrupción de la producción y del conjunto de la vida social. A la herencia de crisis económica y social del gobierno anterior, desde mediados de marzo se le sumó la crisis global precipitada por la  pandemia y las distintas medidas de aislamiento y distanciamiento social orientadas a la prevención de la difusión del virus. En el ámbito laboral destacan un agravamiento de procesos previos, entre ellos la subutilización de la fuerza del trabajo  y  la pérdida de ingresos. El informe del INDEC del segundo trimestre del presente año,  destaca la tasa de desempleo– aquellos que no tienen trabajo y  lo buscan- más alta desde la crisis de 2001 (13,1%) y un importante número de  trabajadores que pasaron a la inactividad en el marco del aislamiento, pero que seguramente pasaran a demandar empleo –probablemente  ya lo están haciendo- cuando las condiciones lo permitan. El ajuste por desempleo fue mayor en el sector autónomo y en el sector precario del trabajo, y probablemente, aunque no contemos con datos oficiales, también la pérdida de ingresos.  A diferencia de años anteriores, el desempleo tuvo un crecimiento más rápido y los efectos fueron marcadamente diferentes según sectores y regiones, en vinculación con la dinámica de la pandemia y las medidas para su contención.  El elemento más novedoso de todos en este marco laboral negativo, fue la fuerte expansión del teletrabajo y el renovado impulso a las economías de plataformas. La crisis aceleró el cambio tecnológico,  imponiendo  de hecho el trabajo a distancia  para una parte importante de los trabajadores – casi un cuarto de los trabajadores en plena ASPO según el INDEC- y promoviendo la automatización de diversos procesos productivos. 

La incipiente recuperación productiva en curso plantea el desafío de generar los puestos laborales necesarios con el objeto de revertir los actuales niveles de subutilización de la fuerza de trabajo. El reciente informe del INDEC correspondiente al tercer trimestre, muestra una mejora en el desempleo (11,7%), pero este se mantiene por encima de los niveles del año previo. Es de esperar que estos vayan mejorando paulatinamente con el cierre de la pandemia. Pero los efectos de la crisis del COVID 19 se seguirán manifestando más allá de su cierre. La importante pérdida de empleos y la mayor heterogeneidad del mundo del trabajo, hace que la recuperación no sea sencilla ni rápida, al menos para todos los sectores. La virtualización de parte de las actividades laborales probablemente no vuelva atrás y se consolide en niveles mayores a los prexistentes, habiendo representado la pandemia la oportunidad clave para su difusión. Expansión, que vale la pena volver a destacar, se realizó en el marco de condiciones de debilidad de los trabajadores   y plantea el desafío de que su consolidación no implique degradación de las condiciones laborales. El porvenir del trabajo dependerá no sólo del ritmo de la recuperación sino de las formas que esta asuma. En este marco, como muestra nuestra historia reciente, lo que haga o deje de hacer el Estado en política laboral y económica importa, y si la misma entra en sinergia con las organizaciones sindicales y organizaciones sociales también. La envergadura del problema y el análisis de la historia reciente, muestran que la mejora del dinamismo del mercado de trabajo probablemente no baste para incluir a todos los sectores, al menos de una  forma que implique bienestar social. Propuestas y debates planteados durante el marco de la pandemia, como la renta básica universal,  quedan pendientes en la agenda pública. El futuro de los trabajadores plantea el desafío de fortalecer el acceso a derechos sociales más allá del trabajo.  Esto también forma parte del trabajo por venir.

*Investigador Principal del CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA.