El apoderado legal del SOEMLP, Ricardo Bradley, presentó una denuncia contra el intendente de La Plata, Julio Garro, por abuso de autoridad, estafa procesal, desobediencia, incumplimiento de deberes de funcionarios público y falsificación ideológica del instrumento público, en el marco de un conflicto laboral por el despido de 47 trabajadores de la Línea 147.

Los despidos se produjeron al inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, entre el 20 y 24 de marzo. A partir de ese momento, tanto el Ministerio de Trabajo como el fuero Laboral intervinieron el conflicto. Desde la cartera del Poder Ejecutivo se convocó a múltiples audiencias, a las que no se presentó la Municipalidad, y finalmente se decretó la conciliación obligatoria.

Sin embargo, la Comuna no acató la resolución del Ministerio y el SOEMLP decidió recurrir a la Justicia laboral. Finalmente, luego de unos meses, el Tribunal de Trabajo n°5 dictó que la Municipalidad de La Plata debía respetar la conciliación obligatoria, reincorporar a los trabajadores y abonarles el salario adeudado durante el período del conflicto.

No obstante, esto no sucedió y en cambio, la Comuna recurrió al Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, que falló a favor de la Municipalidad en relación a los despidos. “Lamentablemente esto lo logró omitiendo información y falsificando el decreto municipal 460/20” sostuvo Ricardo Bradley, en conversación con Diagonales.

“Siempre hubo una discusión en la que el Municipio decía que la actividad de la Línea 147 era esencial y nosotros siempre le respondimos que nunca vimos el decreto que así lo declarara.  La semana pasada, nos enteramos de buenas a primeras, que el Municipio había iniciado un proceso cautelar en el Juzgado Contencioso Administrativo, al cual no se le informa sobre el fallo del Tribunal de Trabajo, y además ahí recién se incorpora el decreto 460/20 por el cual la Municipalidad declara al servicio 147 como esencial”, contó Bradley..

“Nunca habíamos visto ese decreto durante dos meses de conflicto y cuando lo empezamos a leer, nos encontramos con un verdadero bochorno” describió el letrado y agregó que se trataba de “una copia literal del decreto nacional que dictó el aislamiento obligatorio, tanto que en el artículo 4 Garro otorga un asueto a la administración pública nacional para los días 20, 25, 26, 28 y 30 de marzo”.


“Lo que hicieron fue manipular el registro de decretos y en apuro por justificar el planteo ante la justicia, adulteraron un decreto”, sostuvo el abogado.  Además aseguró que “en internet el decreto 460/20 aparece en publicaciones periodísticas del mes de abril, como el que establece el uso obligatorio del tapaboca”.

“Eso no es una equivocación de los medios, es una manipulación de documentos públicos por parte del Estado”, remarcó Bradley. “Es una escalada de bochornos y reviste de una gran gravedad institucional” setenció.

El apoderado legal del SOEMLP también aseguró que el propio juez en lo Contensioso, “fue víctima de una conducta por lo pronto desleas y fraudulenta, porque el Municipio tenía la obligación de informarle sobre la medida cautelar del Tribunal de Trabajo y no lo hizo”, finalizó el letrado.