Los femicidios que tuvieron lugar en las últimas semanas no sólo dan cuenta de la vigencia de estos reclamos sino que sirven para ejemplificar aquello que las feministas venimos denunciando hace rato: que la violencia machista no distingue edad, clase, ni localidad. Y también que las respuestas estatales no pueden ser únicas, requieren un abordaje integral dado que como muestran algunos de los casos recientes, las medidas aisladas no alcanzan para evitar las muertes. Gisel Varela fue asesinada en Mar del Plata por su ex pareja, Sergio Cejas, mientras esperaba el colectivo para ir a trabajar. En el bolso llevaba una orden de restricción perimetral contra su agresor. Varela era Policía y fue asesinada con su arma reglamentaria. En Santiago del Estero el oficial Héctor Montenegro también utilizó su arma para asesinar a su pareja, Celeste Castillo, y luego suicidarse. Carla Soggiu tenía un botón antipánico al que había accedido después de que su ex pareja y padre de sus dos hijos, Nicolás Fuentes, la mantuviera secuestrada durante algunos días en su casa, la violara y la golpeara. Soggiu estuvo desaparecida varios días hasta que un trabajador de limpieza encontró su cuerpo flotando en el Riachuelo. La mujer había activado el botón dos veces. La primera, el gps indicó una dirección en Pompeya pero el personal de la Policía de la Ciudad que acudió al lugar no la encontró. La segunda vez la Policía rastreó que la activación había ocurrido desde la vera del Riachuelo pero el rastrillaje en la zona se pidió cuatro días después. El Estado es responsable de los femicidios de mujeres, lesbianas, travestis y trans si no cuenta con herramientas para ayudar a las que intentan salir de la violencia, o si no las busca cuando desaparecen. Por eso María Florencia Alcaraz habla, en una nota reciente en Revista Anfibia, de femicidios de Estado.

El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que lleva adelante la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 2014, contribuyó a saldar una de las grandes deudas del Estado argentino: la ausencia de estadísticas oficiales. También hay información disponible sobre las consultas que llegan a la Línea 144 y los casos que se denuncian en diversas instituciones, aunque el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM), cuyo objetivo es unificar los registros de diferentes fuentes, aún se encuentra en construcción. Sin embargo, como muestran los datos de la primera encuesta sobre prevalencia de la violencia contra las mujeres en CABA, sólo 1 de cada 10 mujeres que atravesó situaciones de violencia recurrió a algún servicio. Es por ello que resulta fundamental contar con  datos acerca de la prevalencia de las violencia a nivel nacional para conocer la dimensión y características del problema: a diferencia de lo que sucede en otros países, en Argentina no se conoce cuántas mujeres viven en esta situación. A esto se suma que, en general, las políticas públicas disponibles se centran en el abordaje de situaciones de violencia ya existentes, y no en la prevención de estas agresiones. 

El presupuesto aprobado para 2019 para el Instituto Nacional de las Mujeres, el órgano rector de la Ley 26.485 y responsable de llevar adelante el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, supone un recorte en términos reales del 25% respecto del año anterior. Como hemos reiterado en varias oportunidades desde ELA, el compromiso político debe estar acompañado de un compromiso presupuestario acorde para desarrollar las políticas públicas que buscan garantizar derechos. En este tema en concreto, la urgencia queda a la vista, ya que lo que se pone en juego es -ni más ni menos- la vida de las mujeres.

*Periodista. Responsable del área de comunicación de ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Génere