Evo Morales Ayma fue el primer presidente electo indígena de Bolivia en el año 2005 con el 54% de los votos junto con su compañero de fórmula Álvaro García Linera. Inició su primer mandato el 22 de enero de 2006 y, tras las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 2009, el binomio fue nuevamente electo con más del 64% de los votos. Ese mismo año, se aprobó la Constitución Política del Estado que, en su artículo N° 168, establece que “el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

En vistas de que la sanción de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional significó una refundación del Estado, el mandato iniciado por la fórmula Morales-García Linera en 2009 fue tomado en cuenta como el primero –y no como una reelección–. En las elecciones del 12 de octubre de 2014, Morales-García Linera fueron ahora sí reelegidos con más del 60% de los votos, mandato que debía finalizar el 22 de enero de 2020. Es decir, Evo Morales fue forzado a renunciar dos meses y medios antes de la finalización de su mandato habilitado constitucionalmente.

Considerando que la Constitución Política del Estado no habilitaba ni a Morales ni a García Linera a presentarse como candidatos para el Ejecutivo, el 26 de septiembre de 2015 la Asamblea legislativa de Bolivia aprobó la reforma del artículo del mandato presidencial por 112 votos a favor y 41 en contra. Como la forma que adopta la Democracia boliviana directa y participativa por medio de referendos, dicha reforma fue sometida a consulta el 21 de febrero de 2016. Se preguntó entonces a la población si estaba de acuerdo con la reforma para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua. Finalmente, tras una fuerte campaña mediática de desprestigio, el “No” se impuso por una diferencia de apenas algo más de 136 mil votos. No obstante, el Tribunal Constitucional Plurinacional habilitó al binomio Morales – García Linera a postularse sustentado en el derecho a elegir y ser elegido vigente en el Pacto de San José de Costa Rica.

La (errónea) decisión de seguir adelante con su postulación tras el triunfo del “no”, le otorgó a los medios de comunicación un insumo material y simbólico para afianzar un proceso de descalificación de la imagen del Presidente centrada en la idea de antidemocracia que se había iniciado con el intento de modificación de la Constitución. Las campañas de los medios de comunicación y de los opositores –entre ellos Carlos Mesa, quien fuera elegido en segundo lugar como candidato a presidente en las últimas elecciones– se esforzaron constantemente en presentar a Morales como un dictador aliado de Maduro, corrupto y, por su origen indígena, como un “burro”.

El 27 de enero de 2019 tuvieron lugar las elecciones primarias partidarias en las que los militantes de cada partido político eligieron y avalaron sus candidatos. Los opositores llamaron a la abstención e hicieron en diversos puntos del país su propia simulación electoral anti-evista. Por su parte, Morales y García Linera fueron elegidos con el 35% de los votos de sus afiliados. En las elecciones del 20 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones generales en Bolivia, en las que, según los datos oficiales, Evo obtuvo el 47,08% frente el 36,51% del principal opositor y ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa.

Queda claro ahora, que las escaladas de violencia cívicas organizadas, profundamente racistas, con el amotinamiento de las fuerzas de Seguridad y la connivencia de las Fuerzas Armadas, tuvieron un claro objetivo: el derrocamiento del Gobierno de Evo Morales Ayma y el quebramiento de la organización popular a él ligado.

No se explica entonces por qué, luego de la aparición del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el proceso electoral supuestamente irregular en Bolivia –vaya casualidad que se decide publicar dicho informe en un momento de violencia generalizada- y del consecuente llamado del todavía presidente Morales a elecciones, Luis Fernando Camacho y cía. continuaron con las amenazas, arrestos y actos de terror contra evistas, miembros del gabinete de gobierno, autoridades y militantes –incluyendo la creación de listas “negras”-; con la destrucción y quema de casas de organizaciones partidarias, sociales y populares y de sus banderas, en especial de la whipala; con la persecución de mujeres y hombres originarixs, entre muchas otras cosas.

Tras la renuncia forzada de las autoridades del Ejecutivo boliviano –y habiéndose consumado así el Golpe de Estado con profundas raíces coloniales y neoliberales-, no es cierto que la violencia haya cesado.  Por el contrario, parece que la persecución política racista contra el presidente que condujo una economía año tras año en crecimiento, que logró reducir la pobreza extrema y el hambre así como el analfabetismo, que llevó servicios básicos a los más humildes, que gobernó un país cuya Asamblea Legislativa posee paridad de género y que fundamentalmente restituyó la dignidad al pueblo boliviano de composición plural, recién empieza.

*Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Maestranda en Defensa Nacional por la Universidad de la Defensa, integrante de la Materia Análisis del discurso de las izquierdas argentinas de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y del Grupo de Estudios de Marxismo e Historia Argentina del IEALC.