En una nota anterior, publicada en Diagonales en julio de este año, me referí a las diversas modalidades en las que puede llevarse a cabo la participación ciudadana en los asuntos públicos. Brevemente, se trataría de una primera distinción básica entre la participación institucionalizada (ejercida a través de procedimientos formales especificados en la normativa) y la participación no institucionalizada (espontánea o, al menos, no formateada legalmente, comúnmente conocida como “protesta social”). Dentro de la primera modalidad, podemos igualmente distinguir entre la participación electoral (votación destinada a erigir a los representantes del pueblo) y la participación societal (canalizada por mecanismos de democracia directa, como el referéndum o la revocatoria de mandato).

Hoy, a la luz de las masivas, contundentes y sostenidas manifestaciones de descontento social desatadas en varios países de América Latina (Chile, Bolivia, Ecuador) y en otras partes del mundo (Barcelona, Reino Unido, Hong Kong), urge volver la mirada hacia nosotros y preguntarnos por qué la profunda crisis social y económica en que está inmersa la Argentina no ha provocado, hasta ahora, una movilización popular semejante.

No es precisamente la falta de experiencia en este tipo de protestas y manifestaciones multitudinarias un argumento viable como respuesta en nuestro caso. De hecho, aún se halla presente en la memoria colectiva de gran parte de la población adulta de este país el recuerdo de las históricas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, en las que el repiqueteo de las cacerolas vacías obró como catalizador de un desenlace tan sorprendente como esperado: la renuncia del presidente De la Rúa, forzada por la presión del malestar popular.

Incluso más, numerosos y variados son los ejemplos recientes de las amplias manifestaciones informales que se han dado cita en calles y plazas públicas, no solo de la Capital Federal, sino también de diversas ciudades a lo largo de todo el territorio argentino. Dichas manifestaciones se elevaron a modo de reclamos (por ejemplo, contra los aumentos de tarifas), pedidos (por mejoras salariales), muestras de apoyo o de rechazo a determinados proyectos legislativos (a favor o en contra de la despenalización del aborto), reconocimientos de derechos (igualdad de género, protección de las mujeres), llamados de atención (para el cuidado del medio ambiente), entre otros.

No obstante, estas manifestaciones populares han constituido explosiones medianamente parciales, independientes y aisladas, en pos de intereses específicos, con alcance limitado a ciertos sectores o colectivos; más que un reclamo amplio y unificado en el nombre de la ciudadanía toda (o del mayor número), orientado hacia el logro de un cambio radical de la situación general e, incluso, del reemplazo de la máxima autoridad en la conducción política.

No encontrándose la explicación sobre la aparente quietud cívica local por el lado de una falta de gimnasia de la ciudadanía en el ejercicio de la participación no institucionalizada, es menester entonces reorientar la búsqueda hacia la otra modalidad de expresión popular arriba referida: la participación institucionalizada.

La cita electoral de este 27 de octubre último, en la que se dirimiría, al menos en alto grado, cuál sería el rumbo político del país por los siguientes cuatro años, se constituyó en el punto focal de atención, expectativa e interés de todo el espectro político, social, económico y mediático, desde la mitad del corriente año hasta la fecha.

Ciertamente el voto, mecanismo de participación institucional por excelencia, logró canalizar, hasta ahora, el enojo, la frustración y la disconformidad evidente de la mayor parte de la población con los resultados de la actual gestión de gobierno. Este dispositivo básico de la democracia representativa, actuó, en primer lugar, como un medio de castigo eficaz hacia lo que fue considerado un mal desempeño. Pero también, de cara a un futuro inmediato, el sufragio logró encauzar la esperanza latente en una gran porción del electorado, de que un cambio en cabeza del ejecutivo nacional permitiera revertir los signos más salientes de la crisis.    

Ahora bien, es lícito pensar que la última palabra aún no está dicha. Si bien el acto electoral ha conseguido disipar momentáneamente las nubes más oscuras que podían estar anunciando una incipiente tormenta social, no estamos en condiciones de afirmar que la tensa calma general, sostenida hasta el momento, se haya relajado completamente.

En adelante, todas las miradas estarán puestas en el nuevo presidente electo, a la espera impaciente de rápidos signos de clara mejoría. El hondo malestar social acumulado hasta nuestros días, la experiencia progresivamente acumulada por la población en diversas manifestaciones y protestas, y el eco resonante de las acaloradas movilizaciones dentro y fuera del continente, hacen prever que la luna de miel de la población con el primer mandatario va a ser superficial y breve, y que la ausencia de un alivio tangible en el corto plazo puede hacernos temblar el tablero.

*Doctora por la Facultad de Derecho (UBA), Doctora en Ciencia Política (UNSAM), Investigadora del CONICET