La pandemia transformó nuestras formas de vida y de trabajo. Cambió el modo en que nos relacionamos y las estrategias que desplegamos para sostener la vida en un contexto económico de crisis y en el que los espacios de cuidado y encuentro colectivo están fuertemente limitados.

Con las medidas de aislamiento, distanciamiento y prevención, se fue construyendo una “nueva normalidad”, sin reflexionar demasiado sobre las desiguales condiciones y recursos con los que cuentan distintos sectores y actores sociales para transitar la emergencia social y sanitaria.

Como señalaron otros en esta columna de opinión (1), el conurbano bonaerense es un territorio complejo, superpoblado y empobrecido en el que conviven situaciones heterogéneas y las desigualdades socioeconómicas prexistentes se han profundizado con la pandemia. Al mismo tiempo, se destaca el entramado de organizaciones sociales y su articulación con agentes estatales en la implementación de políticas de protección, ingresos y alimentarias, así como en el despliegue de estrategias de solidaridad impulsadas por organizaciones territoriales para que los recursos lleguen a los barrios populares y hogares más relegados y golpeados por la crisis.

En este escenario, me interesa remarcar el rol de la economía popular, social y solidaria y su centralidad en la reproducción de la vida de miles de hogares del Conurbano, sus potencialidades y algunas de las necesidades de este sector que será clave en el proceso de reconstrucción social y económica post-pandemia. Si bien aún no existen estadísticas sobre su alcance, se estima que la economía popular integra 6 millones de trabajadores/as. El Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, lanzado en julio del 2020, cuenta con más de 1 millón de inscriptos/as, de los cuales más de 350.000 desarrollan su actividad en la Provincia de Buenos Aires.

Frente a la pandemia, las organizaciones de la economía popular, social y solidaria (cooperativas, empresas recuperadas, emprendimientos asociativos, etc.) mostraron una gran capacidad de potenciar su trabajo y readecuar la producción poniendo de relieve el carácter esencial de las tareas que realizan. Esto permitió el sostenimiento de los hogares que dependen directamente de estas unidades productivas y también de aquellos que acceden al consumo mediante los circuitos de la economía popular. Como la finalidad de estas organizaciones no es lucro sino la satisfacción de necesidades, el trabajo se combina habitualmente con acciones solidarias vinculadas a su arraigo local y compromiso con la comunidad.

Un ejemplo de ello son las organizaciones dedicadas a la producción y comercialización de alimentos, como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) o Puente del Sur, entre tantas otras que lograron potenciar su propuesta de comercialización directa de alimentos saludables y otros productos elaborados por cooperativas y trabajadores/as de la economía popular. La UTT, además, apoyó con créditos y asistencia técnica a sus productores de flores para que pudieran producir verduras y no quedaran sin ingresos y realizó donaciones de verduras. Puente del Sur realizó donaciones a organizaciones comunitarias que fueron posibles gracias al aporte solidario de sus clientes. Otro ejemplo de esta capacidad de potenciar trabajo y ayuda mutua fueron las cooperativas textiles que comenzaron a realizar tapabocas y otros insumos para el sistema de salud. Entre ellas, las cooperativas del Frente Popular Darío Santillán, fabrican los barbijos del CONICET para venderlos a precios populares y donar un porcentaje a actores que desarrollan un trabajo social (2).

Sin embargo, la pandemia puso al desnudo dificultades estructurales, vinculadas en gran medida, con la falta de políticas públicas que protejan adecuadamente a estos/as trabajadores/as y reconozcan a la economía popular, social y solidaria como un actor productivo. La informalidad y los límites del régimen de seguridad social al que acceden mediante el monotributo (sin protección frente al desempleo, con dificultades de acceso a una cobertura de salud adecuada, a licencias pagas y la percepción de un haber mínimo al momento de la jubilación), colocan a estos trabajadores/as en una situación de desprotección ante los riesgos y contingencias del trabajo y de la vida y desconocen el carácter colectivo de muchas de estas experiencias. Esto refuerza la estigmatización vinculada con el desconocimiento y las embestidas que sufrió el sector durante gobiernos que aplicaron políticas neoliberales.

Pensar el rol de la economía popular, social y solidaria como actor del desarrollo social y productivo en la Argentina post-pandemia, requiere conocer qué necesidades sociales pueden ser atendidas por estas organizaciones (como la provisión de alimentos y otros bienes de consumo o los servicios de cuidados) y avanzar en la articulación entre el Estado y las organizaciones para atenerlas. En esta dirección, además del financiamiento, la capacitación y asistencia técnica, las compras estatales son una demanda de larga data por parte del sector y ya existen experiencias exitosas en distintos municipios del conurbano.

Tal abordaje de las consecuencias socioeconómicas de la pandemia con planificación y co-construcción de políticas, abre la posibilidad de desandar aquella “normalidad” para construir nuevas formas de reconocimiento institucional a partir del aporte que realiza la economía popular, social y solidaria al bienestar y a la sostenibilidad de la vida.


*Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora del CONICET-IIGG-UBA y del Centro Cultural de la Cooperación


(1) Rofman, Adriana (2020) https://www.diagonales.com/contenido/la-crisis-pandmica-en-el-conurbano-bonaerense-efectos-sociales-y-actores-movilizados/24749 Chávez Molina, E. https://www.diagonales.com/contenido/conurbano-y-lnea-de-pobreza-en-el-inicio-del-2021/24732

(2) https://ansol.com.ar/2021/02/05/el-entramado-solidario-detras-de-los-barbijos-del-conicet