A tres meses del inicio de la gestión de Alberto Fernández, la organización no gubernamental Asociación por los Derechos Civiles (ADC) lanzó un informe, donde plantea un desafío impuesto a nivel mundial por los gigantes tecnológicos a los Estados: cómo regular los contenidos en internet para combatir las fake news, que condicionan la imagen de los políticos, sin restringir la libertad de expresión de los usuarios.

“Alberto Fernández, presidente de Argentina, dio positivo para Covid-19”, fue la presunta noticia que invadió las redes con el hashtag #FuerzaAlberto y que causó temor en plena pandemia de Coronavirus, gracias a la difusión de una captura de pantalla que suponía ser del sitio CNN World. El Presidente salió a desmentirlo para no verse envuelto en el cinismo de la no-noticia. Pero no fue la primera vez que le ocurrió. De hecho, la mentira que abrió el grifo de la desinformación se dio en campaña electoral y tuvo que ver nuevamente con un hipotético problema de su salud. Al respecto, el entonces candidato a la presidencia, en noviembre tuiteó: “Agradecería que Marcos Peña deje de gastar los pocos dólares que todavía no dilapidaron en instalar noticias falsas por las redes. También agradecería a ciertos medios no prestarse a las fake news. Estoy muy bien y trabajando para ordenar el caos que nos dejan. Gracias” De allí en adelante, una serie de fake news hicieron partícipes a muchos de los candidatos en danza durante las elecciones. 

 Cómo impactó la desinformación en el triunfo de Fernández 

Aunque la política es hecha por políticos de carne y hueso, el campo virtual puede ser muy peligroso para ellos. La estrategia de circular constantemente información falsa que los involucre en las redes, tiene un nombre: “campaña de desinformación” y hacerse eco de ella sin chequear datos también podría ser una decisión política. Andrés Oliva, periodista de tecnología y redes sociales, explicó que su objetivo es “apelar a los preconceptos de distintos sectores sociales, para fortalecer y construir prejuicios” y que surgen de personas individuales o grupos de intereses con el fin de “contratar empresas y especialistas para crear contenidos digitales persuasivos con verosimilitud de realidad, en forma y contenido, para construir la sensación de realidad”.

Si bien el informe de ADC menciona que las elecciones en Argentina “muestran que el fenómeno de la desinformación quizás está sobredimensionado”, y que su efecto en la campaña fue mínimo, para Oliva las redes son “uno de los campos de disputa de construcción de sentido político” y que en el plano electoral las falsas noticias son eficientes “para un nicho ideológico afín que esté dispuesto a recibirlas.”

¿A todos les llega el mismo contenido a su perfil? No.

Básicamente, el filtrado de noticias funciona así: el usuario se registra en una red gratuitamente, a cambio de recibir publicidad en su feed. Los anunciantes son los encargados de invertir y sostener el negocio. En ese modelo, las compañías se hacen de distintas técnicas para identificar, segmentar y personalizar el envío de publicidades al target deseado a partir del seguimiento de la conducta de los usuarios: qué le gusta, dónde vive, qué comparte en su perfil, etcétera. Así, predecir la conducta digital permite clasificar que anuncio es relevante para cada quien en esta “Cuarta Revolución Industrial”.

Regular sí, censurar no 

No es casual entonces que la regulación de las redes e internet sea definido por el mandatario como un “gran debate social” - a pesar de no haberlo incluido en su íntegro discurso del 2 de marzo- Es que las campañas mentirosas se propagan de inmediato por Facebook, Twitter, Instagram y Whatsapp, convirtiéndose en fenómenos prácticamente imparables. De hecho, si no hubiera sido por equipos de fast cheking, durante el tiempo de campaña se habría dado por cierto que Mauricio Macri utilizó un auricular en el debate presidencial, que la hija de María Eugenia Vidal llegó al Lollapalooza en helicóptero, que Axel Kicillof dijo que Venezuela es exitosa redistribuyendo ingresos o que al mismísimo Fernández le habían diagnosticaron cáncer previo a su candidatura.

En ese contexto, se entiende la preocupación de reglamentar una ley de medios que no se limite a las clásicas vías de información. A fines de julio pasado, el Presidente fue consultado por una nueva regulación y dijo: “Si alguna vez tenemos que tratar una nueva ley de medios, quisiera que la tratemos incluyendo los nuevos medios de comunicación, como las redes e internet.” Sin embargo, tal como plantea ADC, establecer reglas para internet requiere políticas públicas que “no deberían servir de incentivo o excusa para restringir el intercambio de discursos e ideas en internet” pero también implica “pensar herramientas para limitar el poder de los actores privados dominantes” sobre aquellos que acceden a sus plataformas.

El Estado en ambos lados del mostrador

En tanto se espera por el accionar político, son las grandes compañías quienes toman el timón. Un acercamiento a la problemática es el filtrado de contenido no deseado mediante el sistema de inteligencia artificial (AI). Olga Cavalli, directora de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, al respecto opinó: “Las distintas plataformas han ido modificando sus reglas. Sin embargo, el desafío es que esta selección es hecha por robots y algoritmos en plataformas donde participan activamente miles de millones de personas”. No es exagerado: según la Organización de Naciones Unidas (ONU), sólo en Argentina hay 34 millones de usuarios activos para monitorear.

Acerca del control y el rol de los organismos públicos, es cierto que el Estado cumple dos roles esenciales. Difunde propaganda y actos de gobierno, al tiempo que se encargaría de la regulación de internet, aunque sobre el tema haya un fuerte vacío legal. Desde este lugar, el documento recalca la importancia de que el Estado intervenga en tanto las normativas no tiendan a “establecer controles que puedan perjudicar la libertad de expresión”. Así, es fundamental destacar el rol que tuvieron Twitter y Facebook en la difusión de las protestas sociales de la región y la represión de sus fuerzas gubernamentales, noticias que para los Estados latinoamericanos no era favorable mostrar. Punto para Internet.

“La tecnología en sí misma no es buena ni mala, todo depende de cómo se la use. Una medida que podría adoptar el Estado es crear un espacio de diálogo a nivel nacional para crear programas de educación”, sostuvo la especialista. Además, dentro de esas medidas, el periodista de redes sugirió que debería incorporarse “mayor conocimiento de los lenguajes, narrativas y formatos digitales”. “A mayor alfabetización digital, menos proclive la audiencia a ser engañados”, concluyó.

¿Qué hace el resto del mundo para estar un click adelante?

A nivel mundial, es la Unión Europea el referente elegido por Fernández al hablar sobre regulación. Sucede que este bloque hace los mayores intentos para legislar sobre internet. El informe de la organización cita dos de sus medidas más importantes: la primera es la creación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que establece condiciones para utilizar datos personales de los residentes de la UE, y la segunda es la adopción de la "Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital", norma que permite establecer filtros para analizar los contenidos antes de ser subidos a las plataformas, en busca de delitos al derecho de propiedad intelectual. Según ADC, este control previo “corre el riesgo de suprimir contenido amparado por la libertad de expresión”. Otra importante noticia se dio en octubre, cuando se difundió la “Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales” por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE).

En cuanto a los movimientos de las compañías de internet para disminuir las fake news en campañas electorales, no hay consenso entre los principales magnates.

De acuerdo al documento de ADC, Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, decidió permitir la propaganda política “sin verificar la autenticidad de aquello que se comunique”.

Por el contrario, Jack Dorsey, fundador de Twitter, anunció que su aplicación dejará de compartir propaganda de los candidatos, bajo la premisa “el mensaje político debe ser ganado y no comprado.”

Hasta el momento, una de las iniciativas locales de mayor impacto se dio en enero al publicar conjuntamente con Uruguay una “Guía de Evaluación de Impacto en la Protección de Datos”, con la que se determinan los mecanismos de control de uso de datos personales.

Aunque la gestión de Fernández-Fernández aún no haya hecho demasiado eco de la problemática, Cavalli opinó que es pronto para evaluar sus políticas, pero resaltó que no hay manera de luchar contra las fake news “sin ser a través de la educación del usuario, las empresas y los funcionarios públicos”. Es cierto: Argentina actualmente presenta urgencias mayores, pero es clave ser consciente de que las redes sociales siempre irán a la par de ellas, y no siempre con buenas intenciones.


*Periodista, estudiante de Ciencias Políticas e integrante del Dpto. de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación (CCC)