“No llores más, dame la mano, contame tu suerte.
De esta manera quizás no sea la muerte
la que nos logre apagar el dolor”.
El final es en donde partí,
La Renga

Suelto pero acorralado

Tiempo de descuento. El presidente Alberto Fernández empieza a decir en público algunas de las cosas que se le escuchaban en privado, cuando dirigentes sindicales y políticos conversaban con él sobre los problemas que traía la suspensión parcial de los conflictos bajo la necesaria unidad frente a la pandemia. Lo hizo esta semana, durante la presentación del ambicioso programa para la reactivación de la obra pública en el conurbano bonaerense, cuando aludió a la suerte de que le tocara a su gobierno la asunción de la pelea contra la desigualdad evidenciada por el coronavirus. "No voy a dejar pasar la oportunidad de construir un país más justo y sé que ustedes tampoco", aseguró desde La Plata, flanqueado por el gobernador Axel Kicillof, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y su par de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

Esas algaradas inesperadas para quienes confiaban que el sosiego del primer mandatario mitigaría el fervor atribuido a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner puso en alerta a la clase dominante argentina, que se bambolea entre su capacidad de lobby y su sistemática tendencia al apetito destituyente para que el primer mandatario no se radicalice en la cuarentena. Ante la incapacidad de sus representantes parlamentarios y la escasa legitimidad de las espadas que le garantizan un reaseguro de alzada en el Poder Judicial, las grandes empresas apelan a la resistencia silenciosa contra el pacto social, sacan ventajas de la vacilante laxitud de las políticas públicas para subirse a programas de asistencia cuyo trámite debería avergonzarlas y operan –quizá infructuosamente- en el frente externo para los bonistas que pulsean con el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, en la renegociación de la deuda soberana.

El oficialismo sabe que los grandes players de la economía retacean solidaridad y reconoce que las horas se escurren a ritmo galopante. De ahí que Fernández corrigiera al periodista Juan Amorín durante la entrevista grabada para C5N el pasado 25 de mayo cuando, luego de enterarlo de que iría por una reforma tributaria, el periodista deslizara que esa iniciativa se concretaría después de la pandemia. “No, antes que termine la cuarentena”, aclaró el Presidente.

El proyecto para cambiar el sistema tributario argentino fue una de las propuestas que le acercó hasta Olivos la CTA de los Trabajadores antes del 1º de mayo, y descansa en una carpeta que también incluye la reforma a la Ley de Entidades Financieras. Este portal sondeó la posibilidad de que los distintos sectores del Frente de Todos apoyen la jugada y hasta en el entorno de Sergio Massa avalan la idea. “La economía es flujo, no stock”, explican cerca suyo para demostrar incluso la conveniencia de una modificación a la arquitectura impositiva local que capture recursos todos los meses contra el proyecto que pretende gravar de forma extraordinaria y por única vez las grandes fortunas.

En ese contexto, Guzmán reunió el último miércoles a la plana mayor de la cartera económica para empezar a delinear el presupuesto 2021 y darle curso a la elaboración de la nueva regulación tributaria, voceada por el Presidente como uno de los pilares para su gestión. Fuentes oficiales admiten que el impulso de esa acción obedece a la escasez de recursos para sostener la contención social en pleno aislamiento, con Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), líneas de crédito para monotributistas y exenciones a las contribuciones patronales, entre otros mecanismos de intervención estatal.    

A la pregunta sobre cuánto aguantan las arcas públicas esta situación, uno de los economistas que integró los equipos técnicos de los primeros dos períodos kirchneristas le explicó a Diagonales que, si hay acuerdo con los bonistas y no se desmadra el escenario interno, el plazo de gracia dotaría al gobierno de oxígeno y liquidez para mantener el actual nivel de gasto público. Según el área de Guzmán, los registros de abril arrojaron un déficit primario de 228.821 millones de pesos. Publicado en la página web del Ministerio de Economía el último 26 de mayo, el informe indica que se produjo un crecimiento en la recaudación tributaria del 22,5 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, a caballo de los gravámenes a los débitos y créditos por la bancarización en ascenso frente al encierro dispuesto por decreto para aplanar la curva del contagio de Covid19. Sin embargo, las erogaciones del Estado treparon a 545.070 millones de pesos, guarismo equivalente a un 96,8 por ciento más que el acuse de recibo de abril del 2019. “Este impulso es el reflejo del paquete de medidas que el Gobierno nacional adoptó frente a la emergencia económica y sanitaria con el fin de cuidar el ingreso de las familias, proteger la producción y el empleo, garantizar el abastecimiento y asistir financieramente a las provincias”, reza el documento. 

Con ese balance en la mano, la Casa Rosada se prepara para zambullirse a la labor parlamentaria y sus movimientos redundan en un descongelamiento de las pujas políticas. Hasta donde supo este medio, el diputado Máximo Kirchner se comprometió en estos días a imprimirle celeridad al ingreso y tratamiento de la norma que establecería un aporte excepcional por parte de los 12 mil titulares de las cuentas más abultadas en el país. La oposición legislativa guarda, por el momento, silencio táctico alegando que aún no se conoce la letra del proyecto de ley y lo propio hacen los empresarios nucleados en la Unión Industrial Argentina (UIA).

Mientras tanto, aprovechan, alientan y multiplican las opiniones de quienes expresan sus intereses, con más o menos torpeza. Como un apéndice de su mirada programática, se leyeron en el kirchnerismo las declaraciones del juez y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, acerca de las desviaciones autoritarias que rondan a los países que optaron por el aislamiento preventivo como Argentina. El togado santafecino, que sigue tallando al interior del cuarto piso de Tribunales –aunque sea de forma remota por el protocolo acatado en las oficinas públicas-, abandonó su confinamiento oral para encaramarse como vocero de Techint o el propio Grupo Clarín, especuló más de un actor con experiencia en los pasillos judiciales ante este cronista. El derecho a la angustia sobre el que poetizan en TV y el mote de “infectadura” con el que matchean intelectuales conservadores y sus mecenas de derecha sin poder romper la cuarentena acreditan el mismo patrón.

Sin más cartas que la exacerbación de la crítica a la amenaza populista o su incomprensión ante el contundente apoyo que una mayoría social le otorga a las medidas sanitarias resueltas por Fernández, el establishment pulsa sobre las sensibilidades de la clase media proclive a los cacerolazos en los balcones o el tumulto con barbijo y distancia precautoria. Tal vez el aspecto más vulnerable sobre el que azuza los peores fantasmas el mainstream mediático resida en el empobrecimiento acelerado de trabajadores que sufren crudamente los efectos del ASPO. Y si sus ensayos no surtieron efecto no es porque carezcan de pericia o fuerza sino porque el temor de los argentinos al contagio sigue siendo más hondo que la penuria económica. 

Como muestra, basta la última encuesta de la consultora Analogías, que ubica la aprobación del gobierno de Fernández en un 69 por ciento de la población y le otorga un 53 por ciento a la gestión de Kicillof. Realizado durante el fin de semana en que explotó el contagio en el conurbano y las coberturas periodísticas se centraron en el caso de Villa Azul, en el límite entre Avellaneda y Quilmes, el sondeo detecta un aumento en la consideración pública de ambos mandatarios con respecto a la medición realizada en marzo pasado: por entonces, la imagen positiva del Jefe de Estado era del 68,2 por ciento, mientras que ahora asciende a 87,6; y la del Gobernador rondaba 57,6 y por estos días acredita 73,5.

Visto con detenimiento, quizá no se trate de que el Presidente se haya enamorado de la cuarentena sino que la cuarentena le dio vuelta la cara al modelo neoliberal derrotado en las urnas en 2019. En ese sentido, resulta ilustrativa la explicación que dio por Instagram Live el jueves por la noche el economista Pablo Manzanelli, miembro del Grupo CIFRA-CTA, sobre la conducta empresaria y sus móviles inalterables. “De las 200 empresas más grandes, 155 siguieron funcionando en la pandemia, sobre todo alimenticias, laboratorios y telecomunicaciones, y fugaron 37 mil millones de dólares de los 86 mil que se fueron en el último tiempo”, graficó al diseccionar el informe del Banco Central.

Sonrisa de cartón pintado

Si el asedio –tramitado sobre todo en el campo periodístico pero pedaleado sin gracia entre los referentes políticos con representación institucional- al Frente de Todos se basa en la defensa de la renta de la patria financiera y sus ramificaciones en el resto del aparato productivo, la complacencia y la protección sobre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es la otra cara de la misma moneda. De todos modos, existen otros elementos que le aportan dividendos al macrismo en la tierra que lo vio nacer.

La racionalidad política imperante, por ejemplo, sugería que no se castigara a los funcionarios de la Ciudad cuando se conoció la triste noticia de la muerte de Ramona Medina en la Villa 31, quien se contagió el virus atendiendo y cuidando a otros en su casa y las de sus vecinos mientras el Estado local dejaba sin suministro de agua al barrio entero. A pesar de la desidia sistemática con que se gobierna la jurisdicción desde hace 12 años, la elucubración se basaba en que la factura podía volverse en contra de Kicillof cuando el virus cruzara la Avenida General Paz y el Riachuelo.

No obstante, ese postulado pecaba de ingenuidad: el Pro llegó al poder haciendo política de manera inescrupulosa con la tragedia de Cromañón y, de forma indirecta, trazó las mismas estrategias con el caso del accidente fatal de la estación ferroviaria de Once y el suicidio del fiscal Alberto Nisman. La experiencia objetaría la hipótesis de que si se lo trata bien a Rodríguez Larreta, la prensa y otros acólitos del modelo cambiemita devolverían el favor para los responsables de la conducción provincial.

Asimismo, los pedidos de calma al bloque de legisladores porteños por el Frente de Todos habrían llegado desde uno de los principales responsables del Ministerio de Salud nacional. “El Gobierno de la Ciudad está haciendo todo lo humanamente posible”, fue la respuesta que se encontraron en esa cartera los diputados con más ganas de confrontar públicamente, no tanto por su antagonismo con el alcalde como por la obligación de expresar y contener a un sector de la militancia kirchnerista que adolece de una vacancia en su representación política en tales circunstancias.

El dirigente villero Alejandro “Pitu” Salvatierra explicó por esos días que era un milagro que sólo la Villa 31 padeciera semejante riesgo porque el Gobierno porteño no hizo las obras correspondientes para abastecer de agua potable a casi ningún asentamiento. En declaraciones radiales, citó los casos de La Carbonilla y la Oculta, como lugares donde no se garantiza ese servicio desde hace años.

Por lo demás,  en el presupuesto 2020 la asignación de partidas para la construcción de un acueducto cloacal en la Villa 31 es igual a 0 pesos, adicionándole otro factor al abandono que esas parcelas del distrito soportan por la política elitista de la gestión Pro. La paradoja es que Rodríguez Larreta se beneficia del socorro nacional para la atención de cuestiones que podría resolver sólo con recursos propios, siendo la Capital Federal la jurisdicción con el PBI per cápita más alto del país y una ley de leyes con 480000 millones de pesos. En definitiva, no paga costos políticos ni económicos. Ganancia pura.

Meciéndose en el exceso de confianza amarillo o el titubeo de sus adversarios, los tres representantes macristas en la Auditoría General de la Ciudad (AGC), Daniel Presti, Raquel Herrero y Pablo Clusellas, plantearon esta semana que, en el marco de la pandemia, los equipos técnicos reduzcan las áreas de intervención o acoten los temas bajo la lupa. Fuentes consultadas por esta publicación, comentaron que actualmente la AGC trabaja sobre los ejercicios económico-financieros de 2016 y 2017, con un atraso pasmoso. Tanto es así que los auditores que responden a Rodríguez Larreta en la AGC deslizaron la posibilidad de que se deje sin revisión y control lo actuado durante el primer mandato del titular del Ejecutivo porteño. 

Los dislates son habituales en el edificio del organismo, emplazado en Jean Jaures 220, según los testimonios recogidos para esta nota. En diciembre pasado, cuando los auditores recién habían asumido, no había recursos para pagar una nueva planta de asesores hasta que no renunciaran los trabajadores que cumplían funciones con sus antecesores. Como la definición por uso consuetudinario fue que se esperase a que culminara el mes en curso para formar los nuevos gabinetes, la administración de la AGC ofreció 200 mil pesos por auditor para la contratación provisoria de personal a su cargo. A Presti no le gustó la idea y lo manifestó a los gritos: “¡Con 200 mil pesos no pago ni una secretaria!”, vociferó.

Desde que se inició la cuarentena, el ente de control funciona de manera remota. Y cuando salió a la luz el escandalete de los 15 mil barbijos que el Gobierno porteño pagó a 3 mil pesos cada uno, el auditor en nombre de la Coalición Cívica, Juan José Calandri, tomó una investigación realizada al respecto por especialistas del organismo para someterla a consideración. 

Esa iniciativa le valió el bullyng de los tres macristas y la propuesta fue rechazada por ellos cuatro y la auditora por el radicalismo, la contadora Mariela Coletta, bajo el argumento de que se acababa de crear por ley en Perú 160 un mecanismo contra la cartelización de compras y nada menos que por impulso del diputado cívico Facundo del Gaiso. El colmo fue que la votación en la AGC terminó 5 a 2 contra la decisión de publicar el informe de auditoría: hasta Calandri votó en contra al sufrir el desprecio de los auditores que responden a Juntos por el Cambio. A favor sólo votaron la presidenta del cuerpo, Mariana Gagliardi, y el otro representante del peronismo, Lisandro Teszkiewicz.

Con o sin tapaboca, Rodríguez Larreta sonríe. Y espera.  

Apretando los dientes

Es probable que la frase más lúcida de los últimos tiempos la haya soltado el senador bonaerense y secretario general del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini. Luego de expresar que “es un error dejar todo en manos de Alberto”, dijo sin ambages en una entrevista concedida a FM La Patriada: “tenemos el gobierno pero no tenemos el poder”.

Para el dirigente gremial, la tarea de la hora es plantar bandera contra el avance empresario mientras dura la cuarentena. Bajo esa perspectiva, rechazó las rúbricas que habilitan acuerdos entre industriales y sindicalistas para suspensiones o rebajas salariales y reclamó una mayor participación del movimiento obrero en las estructuras estatales y las áreas de definición de políticas públicas.

También el ex diputado Héctor Recalde, legendario abogado laboralista, se animó a la impugnación de los recortes en el recibo de sueldo de los obreros con la firma de sus representantes y el Ministerio de Trabajo. “Hay algunos acuerdos que implican rebajas salariales (con las) que yo no estoy acuerdo que se homologuen. El Estado puede decir sí o no, cada uno es responsable de sus actos”, sostuvo en diálogo con Radio Gráfica la semana pasada.

Una especie de sintonía de onda corta vibra desde la periferia hasta los puntos neurálgicos de la actual coalición de gobierno. La última reunión de coyuntura de la CTA refleja lo mismo. En ese mitín efectuado por Zoom, un ex ministro kirchnerista acuñó la frase “después es ahora” para discutir la reanudación de la actividad.

No es casual que Kicillof dijera el martes pasado, al lado del Presidente, que no hay que esperar a que se vaya el virus. “La pospandemia hay que empezar a construirla hoy”, enfatizó.

Las urgencias aprietan el paso. Los que pugnan por una nueva normalidad similar a la anterior urden a la vista de cualquiera la trama que precisan. Los que tienen la chance de transformar la matriz deberán empezar a hacerlo también, porque no alcanzará con el secreto y las intrigas palaciegas.

El papelón radical en la Facultad de Derecho de la UBA, invitando a disertar por dispositivos telemáticos al ex juez brasileño Sergio Moro en una charla intitulada “Combate contra la corrupción, democracia y estado de derecho”, no sólo exhibe su impudicia y brutalidad. También constituye una prueba palmaria de la hoja de ruta que planea la oposición: Moro es el artífice de la destitución de Dilma Rousseff y la persecución a Luiz Inácio Lula Da Silva; el anfitrión de la tenida no es otro que el ex procurador Carlos Balbín, eyectado de su cargo por Mauricio Macri cuando no lo protegió del avance de la causa del Correo Argentino; y el moderador es el director de Perfil, Jorge Fontevecchia. La actividad se suspendió por el repudio de la comunidad académica pero la lucha, qué duda cabe, continuará…


*Los subtítulos de este artículo corresponden a versos de la canción “La Vida Normal”, de Santi Moraes.