El Gobierno vuelve a enfrentar un fallo judicial que le pone un freno al ajuste sobre las personas con discapacidad, una política que inauguró durante el primer semestre de 2017 con el recorte de más de 70 mil pensiones y que también recibió un revés en la justicia. Ayer, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Número 1, a cargo del juez subrogante Enrique Lavié Pico, dio lugar a un recurso de amparo presentado por diversas organizaciones del colectivo y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad destinar los fondos necesarios para garantizar el servicio de transporte dentro del Programa Incluir Salud, cuya parálisis afecta de manera directa e indirecta a medio millón de discapacitados en todo el país y otros tres mil trabajadores transportistas sólo en la provincia de Buenos Aires.  

Esos fondos habían sido recortados mediante la clásica receta de Cambiemos: la descentralización. A través de la resolución 453/2018 de la Agencia de Discapacidad, el Estado nacional dejaba de hacerse cargo de los convenios firmados con las asociaciones de transporte que permitían a las personas con discapacidad trasladarse hacia los centros de salud, rehabilitación y escuelas especiales donde realizaban sus tratamientos, trasladándoles el presupuesto a las provincias.

En su fallo, el juez sostuvo que la medida afecta “el derecho a la libre movilidad de las personas con discapacidad” y “el servicio que les corresponde a tales personas", por lo que ordenó dejarla sin efecto.

El amparo había sido iniciado por la Asociación de Transportistas y Educación para Personas con Capacidades Distintas (ATAECADIS) y la Asociación de Instituciones Educativas, Centros de Día y Hogares. El titular de ATECADIS, Carlos Scipione, afirmó en diálogo con Diagonales que, desde que la medida está vigente, “el 85 por ciento de las personas con discapacidad beneficiarias de Incluir Salud no está concurriendo a las prestaciones” sólo en Buenos Aires, porque la provincia “no está pudiendo pagar los traslados, lo que afecta, además, las fuentes de trabajo de 3 mil transportistas”.

Según Scipione, la administración de María Eugenia Vidal ofreció pagar los traslados “a los valores de 2017, cuando la nafta se fue este año casi a los 50 pesos”, lo que motivó la paralización del servicio. La misma situación se da en varias provincias, sobre todo las de menos recursos. Para el titular de ATECADIS, se trata “de un vaciamiento encubierto de Incluir Salud y de otro ajuste millonario en materia de discapacidad”.

El método de ajuste es, en este caso, similar al que utilizó el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, cuando canceló por decreto la paritaria nacional docente en 2017, lo que dejó a los gremios de las provincias con menos recursos con un piso de negociación salarial mucho más bajo.

“Incluir Salud, si bien siempre tuvo problemas diversos, era un programa federal que durante muchos le ha permitido a las personas con discapacidad de menores ingresos acceder a pensiones, medicamentos, sillas de ruedas y servicios de salud y rehabilitación”, sostuvo por su parte el coordinador del Foro Para La Promoción Y Defensa De Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad, Pablo Molero.

“Con este ajuste, lo que está pasando es que mucha gente ya no puede trasladarse si al servicio de rehabilitación ni los chicos a las escuelas especiales. Es realmente muy grave y nos afecta directamente”, graficó Molero. Desde el Foro, calculan que la medida afecta a un universo de por lo menos 500 mil beneficiarios en todo el país. “Lo que pedimos, y lo que ratifica el fallo, es simplemente: pónganse al día, paremos con esta angustia”, agregó.

El foro tiene pendientes, además, una larga lista de reclamos hacia el Gobierno, que van desde la entrega de prótesis y medicamento hasta la marcha atrás con el quite de pensiones y un programa real de inclusión laboral en el Estado.

QUIÉN ES QUIÉN EN EL AJUSTE EN DISCAPACIDAD.

Santiago Ibarzábal Murphy es el director de Agencia Nacional de Discapacidad y quien firma la resolución que fue frenada ayer en la justicia. Proviene de la ANSES y, en el último tiempo fue protagonista de dos escándalos. Fue filmado por cámaras de seguridad bajando de su auto con una cerveza, lo que dio cuenta de que bebía mientras manejaba. Descontentos por un reglamento de comportamiento interno de la Agencia que, dicen, ni él cumple, los trabajadores lo llaman jocosamente “birrazábal”.

Cuando era funcionario de la ANSES, su hermana María Ibarzábal Murphy fue nombrada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, en la Procuración del Tesoro de la Nación. También es el sobrino de David Lacroze Ayerza, el ex titular de la Junta Nacional de Granos durante la última dictadura que escrachó a Cristina Fernández de Kirchner en el avión que la trasladaba a Cuba para visitar a su hija Florencia.

Pese a que fue Ibarzábal el que firmó la resolución, las organizaciones apuntan que el “ideólogo” es Pablo Atchabahian, el titular de Inluir Salud, quien debió afrontar más de una denuncia durante 2018 por haber dejado sin atención a miles de pacientes necesitados de diálisis por una deuda con los sanatorios de más de 250 millones de pesos.

Hay otro personaje en la larga lista de ajustadores y es Javier Ureta Sáenz Peña, literalmente el último que apagó la luz: antes de renunciar en abril del año pasado, firmó el despido de más de 70 trabajadores de la agencia. Cuando los trabajadores se enteraron que habían sido despedidos por el fuerte operativo policial montado sobre la entrada del organismo, Ureta ya no formaba parte del mismo.