A partir del aumento de casos de coronavirus en Argentina y, especialmente, en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires, las autoridades gubernamentales analizan endurecer el aislamiento obligatorio y los controles sobre la circulación. Sin embargo, desde algunos organismos de Derechos Humanos se ha cuestionado el rol de las fuerzas de seguridad en su rol de garantizar el cumplimiento de la cuarentena. Distintos referentes advierten que aumentaron las denuncias por abuso policial, la violencia ejercida por los agentes y las detenciones arbitrarias.

Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) aseguran que durante los tres meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio han publicado alrededor de 50 reportes con denuncias sobre violencia policial y otras fuerzas de seguridad a lo largo del país que incluyen “golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y hasta desaparición forzada”.

Según un informe de la organización por los tres meses de cuarentena, al que tuvo acceso Diagonales, “el incremento de las detenciones, se traduce en un aumento de las denuncias por imposición de tormentos en comisarías y también se refleja en una mayor cantidad de personas muertas en dependencias policiales”. Acorde a CORREPI, entre el 20 de marzo y el 31 de mayo, se registraron 23 casos de muertes en lugares de detención, de los cuales 8 corresponden a comisarías y 15 a cárceles de todo el país.

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En un informe que realizó el propio Ministerio de Seguridad Nacional, en las últimas semanas de mayo hubo 13 causas judiciales contra policías federales por su presunta participación en hechos de violencia institucional, 2 efectivos pasados a disponibilidad y 31 agentes separados de la fuerza.

La situación es reconocida hasta por el mismo Estado Nacional y genera preocupación en el propio gobierno. Frente a esta situación y ya en el mes de abril, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, presidió una Reunión Extraordinaria del Consejo de Seguridad Interior con todos sus pares provinciales e impartió una orden precisa: “Si bien estamos en una situación excepcional, esto no debe dar lugar a atropellos de las fuerzas. La conducción de éstas implica instruir a la policía para que tenga cuidado de no avanzar sobre derechos y garantías constitucionales. Se debe evitar todo tipo de maltrato, violencia u hostigamiento a las personas”.

Sin embargo, además de las denuncias hacia las fuerzas federales, también hay preocupación por la violencia de casos que se investigan en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Chaco, Tucumán, Jujuy y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde el asesinato de Walter Bulacio, y a falta de datos oficiales, CORREPI lleva adelante un archivo anual de casos de gatillo fácil. Desde el 20 de marzo, han registrado más de una docena de este tipo de casos en todo el país, de los cuales, al menos siete tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires.

En el día de ayer se conoció la noticia sobre el asesinato de Facundo Scalzo (19), por parte de la Gendarmería, en la Villa 1-11-14. Tres efectivos de la fuerza fueron detenidos por el homicidio y se investiga un posible caso de gatillo fácil.

Así, el nombre de Facundo se suma a los de Augusto Oscar Iturralde (25), asesinado de 9 tiros por un policía de la Ciudad de Buenos Aires en Plátanos; Diego Nicolás Arzamendia (23), fallecido por los disparos de un policía local de Berazategui; Alejandro Amaya (15), asesinado en Córdoba; Gastón M. y Ariel V., dos jóvenes también muertos en manos de la policía de la misma provincia; Lucas Adrián David Barrios (18), quien recibió 18 disparos por parte de un oficial bonaerense en Isla Maciel; Alan Maidana (19), también asesinado en la localidad de Berazategui; César Alejandro Obes (15), cuyo homicidio ocurrió en Laferrere; Ezequiel Corvalán (30) y Ulises Rial (25), atropellados por un patrullero que los perseguía en San Nicolás; por sólo nombrar alguno de los casos que tuvieron más relevancia y que ocurrieron durante la cuarentena.

Territorio de la Bonaerense

Como se expresó anteriormente, de los más de 12 casos denunciados como hechos de gatillo fácil durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina, al menos siete sucedieron en la provincia de Buenos Aires.

El hecho no sorprende a los organismos de Derechos Humanos, dado que es justamente en el territorio de la Policía Bonaerense donde se acumulan la mayor cantidad de casos, año tras año. Mientras que el Ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, se pasea armado en por los operativos policiales, desde la Comisión Provincial por la Memoria, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y CORREPI denuncian un aumento de casos y denuncias por violencia y abuso policial.

Hace tan sólo unos días, en la localidad de Moreno, un grupo de familias tomaron un predio fiscal y armaron allí varias viviendas precarias. Cuando desmalezaban parte del predio, llegó un grupo de policías y quemaron las maderas y chapas de las casillas. En el marco del operativo, los agentes detuvieron a tres vecinos, dos hombres y una mujer embarazada. Una vez liberados, los detenidos denunciaron que el la comisaría los habían golpeado y torturado.

Uno de los hechos que tuvo mayor visibilidad fue el ocurrido el primero de junio en San Nicolás. Esa madrugada, Ulises Rial (25) conducía en su moto junto a Ezequiel Corvalán (30), cuando divisaron un patrullero de la Policía Local. Como estaban incumpliendo la cuarentena, Ulises intentó evitarlos y, en ese momento, se inició una persecución.

El final fue el peor, un segundo patrullero sin identificarse, sin usar la sirena y con las  luces azules apagadas, se cruzó de carril, a contramano, embistió de frente la moto en la que viajaban los jóvenes. Ulises falleció en el acto, mientras que Ezequiel fue trasladado al Hospital San Felipe de San Nicolás, donde falleció tras casi cinco días de agonía. Por su parte, el conductor del patrullero, de apellido Maresco, y sus acompañantes, los agentes Hueza y Bazán, se encuentran imputados por homicidio culposo.

En el caso, intervino la Comisión Provincial por la Memoria y se presentó como patrocinante de las familias de las dos víctimas. La CPM se reunió con los funcionarios judiciales que investigan la causa y remarcó la necesidad de inscribir el hecho como un caso de violencia estatal y uso letal de la fuerza. “El homicidio de los dos jóvenes no fue un accidente, fue un homicidio doloso calificado por ser ejecutado por funcionarios policiales”, aseguraron desde el organismo en un comunicado.

Tal es la preocupación de los organismos de Derechos Humanos frente a este tipo de casos, que durante el transcurso de la cuarentena varios han publicado manuales sobre derechos, obligaciones y garantías durante el aislamiento obligatorio, donde hacen especial hincapié en las funciones y limitaciones del accionar policial.  

Obligaciones, derechos y garantías en el aislamiento - Resumen APDH.pdf