La primera firma la pusieron el entonces titular de la Agencia de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en Enero del 2017. El acuerdo establecía que la planta baja de un edificio de época sobre la Avenida Alem al 800 de 4200 metros cuadrados, a pocos pasos de la Rosada, conocido como “Mercado de Carruajes” y que se usaba entonces como cochera presidencial, pasaría de manos de la Nación a la Ciudad mediante una concesión sin un plazo establecido. De Macri a Rodríguez Larreta. La Ciudad, a cambio, ofrecía una cochera en su poder a forma de reemplazo para cerrar el trato. Así nació lo que meses más tarde el Jefe de Gobierno promocionó como el “Market Chelsea” de la Ciudad, un mercado de tipo snob de moda en Europa que combina locales de comida al paso y gourmet con feria de productos frescos, que se establecería en ese mismo lugar, luego de las reformas correspondientes. El objetivo era aprovechar la arquitectura pintoresca de época del edificio y modernizarlo, para provocar el consumo de turistas y gente con plata. En el negocio entró la firma Athenée Groupe, en propiedad de Horacio Blanco, un empresario ligado a los laboratorios. La licitación se realizó por cinco años, y por un cannon de 150 mil pesos mensuales.

Todo marchaba dentro de lo estipulado hasta que los intereses de Nicolás “Nicky” Caputo, amigo del alma de Mauricio Macri y ex cónsul en Singapur, entraron en juego. A fines de 2018, Athenée Groupe pasó a llamarse Mercado de los Carruajes SA y pocos días después cambió su directorio: entraron como directores suplentes y propietarios de títulos clase B de la firma la hija de Caputo, Sonia, y su sobrino, Marcos. La situación del país también cambió, para mal, y como muchas de las inversiones en dólares de esos años, sufrió un revés: sobre el final del mandato de Macri las obras no estaban terminadas, pese a que se había anunciado que el mercado estaría listo para 2018. El negocio corría riesgo con el cambio de gobierno y, sobre el final de su mandato, Macri mandó a Lanús, titular de la AABE, a firmar una adenda al contrato original que extendía la concesión por 30 años. Fue el 25 de noviembre de 2019, quince antes de dejar el poder.

Esa adenda se inscribe en la serie de decretos que Macri firmó antes de irse para entregarle tierras propiedad de Nación a su alfil en la Ciudad y que Alberto Fernández mandó a investigar a poco de asumir, en febrero de este año. En total fueron 31 las escrituras que Macri entregó a Rodríguez Larreta en sus últimos 80 días. Según un informe de las actuales autoridades de la AABE que circuló en marzo, se estima que sumados, los terrenos tendrían un valor de al menos 16 mil millones de pesos. La última de las tierras fue cedida el 9 de diciembre, un día antes del traspaso de mando. Si el actual Gobierno quisiera, podría declarar nulas esas transferencias alegando que Macri violó el artículo séptimo de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que prohíbe a los funcionarios la afectación de cualquier bien del Estado durante los últimos seis meses de mandato. Es uno de los temas que está sobre la mesa en las negociaciones entre ambos, que incluyen el porcentaje de coparticipación que recibirá la Ciudad en 2021.

También apurado, Larreta envió un proyecto de ley diez días después de que Macri firmara la adenda para que la legislatura porteña le dé una primera sanción al negocio de Carruajes. Se aprobó en una sesión maratónica el 5 de diciembre, denunciada como escandalosa por los legisladores de la oposición: fue la última sesión en la que el Jefe de Gobierno contó con la mayoría automática en el recinto para aprobar leyes que necesitan de dos tercios de los votos positivos. Entre gallos y medianoche se aprobó, además de Carrujaes, la privatización de 108 terrenos, entre ellos Costa Salguero y el Playón ferroviario de Palermo. “Nicky”, que ya planeaba la boda de su hija en Punta del Este ese verano, aplaudía: ya tenía un regalo de casamiento casi listo.


Pero la constitución de la Ciudad marca que para enajenar un terreno público hace falta aprobar el proyecto dos veces. Entre ambas sesiones, debe mediar la convocatoria a audiencias públicas, para que la comunidad y las organizaciones civiles aporten su mirada y sus críticas a proyectos urbanísticos que pueden cambiar su fisonomía. La pandemia primero y la cuarentena estricta después volvieron a postergar los planes. La primera audiencia que estaba convocada para el 13 de marzo tuvo que ser suspendida y recién en julio se puso una nueva fecha: el miércoles 5 de agosto, vía zoom. Como sea, el negocio tenía que avanzar.

La legislatura convocó a un total de seis audiencias, tres de las cuales tenían por objeto vender tierras públicas y modificar el código urbanístico (de cuya redacción quedó excluida la oposición por decisión de Cambiemos). El punto de largada fue el negocio de Carruajes. La audiencia se celebró, pero inmediatamente un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Andrés Gallardo ordenó frenarlas, porque al haber sido convocadas vía zoom no estaba garantizada la plena participación de los vecinos. Larreta avanzó igual: desoyó el fallo y siguió adelante con las audiencias. El 12 de agosto de discutió el remate de otros 26 terrenos, también del lote que Fernández mandó a investigar.

Aún así, el plan del Gobierno porteño es seguir con los remates de tierras públicas. El próximo Lunes le toca el turno a los 1.800 metros cuadrados que pertenecían a Tiro Federal, en Nuñez, lindantes al Estadio Monumental, terrenos tasados de base en 11 millones de dólares. En ese predio ya intervino la familia Whertein, dueña de Nordelta, que se hizo con el resto de las parecelas en 2018 para la construcción de un complejo de torres.

Entre 2008, primer año de gestión de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, y 2019, el último del primer período de Horacio Rodríguez Larreta, se privatizaron un total de 473 hectáreas públicas en la Ciudad, el equivalente a cuatro veces la superficie urbanizada de Puerto Madero. Parte de esos negociados están siendo revisados por la AABE, por pedido de Fernández. Entre todas esas transferencias está el negocio de “Nicky” Caputo, pero también, por caso, el playón ferroviario de la Estación Palermo, por entonces propiedad de Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA, cuya titularidad correspondía en un 90 por ciento al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Sí, la plata de los jubilados.