Luego de unas semanas de tensión política insostenible, terapias desbordadas, récord de muertes diarias y la educación a medio camino, este viernes entregó un nuevo y más armonioso episodio de mensajes a la población por parte de los tres gobernantes de escala nacional del país. Habla Alberto Fernández, habla Horacio Rodríguez Larreta, habla Axel Kicillof, decía en loop un tweet de hace dos semanas, graficando lo que vendría a ser la versión 2021 de los “viernes de filminas”. Con menos tela para cortar esta vez, los nuevos anuncios dejaron, al menos en sus formas, un clima algo más apaciguado. Quizás en los diálogos de entre semana los funcionarios nacionales, de la Ciudad y la Provincia hayan acordado en la necesidad de bajar un cambio, atendiendo al humor de una sociedad agotada por la situación y a la que aún deben pedirle muchos esfuerzos.

En ese contexto, se llegaron a puntos comunes en prácticamente todos los temas en discusión para la zona del AMBA. Mayores restricciones, más controles para reducir la circulación, nuevas limitaciones al comercio y la gastronomía y, fundamentalmente, la aceptación por todas las partes del estado crítico de la situación hospitalaria, punto en que la Ciudad había sido algo más liviana en los anuncios anteriores. Pero con las elecciones cada vez más cerca, la educación se mantiene como el punto de conflicto donde CABA planta su bandera a pesar de un retroceso que no se animó a admitir con claridad. Semanas críticas por delante, habrá que ver cuánto logran sostenerse estas posiciones y este nuevo clima tenue de diálogo, que al menos parece haber dado algunos pequeños frutos desde la magra cosecha de hace 15 días.

Mientras tanto, cada uno jugó sus cartas. Larreta esquivó el bulto de hacerse cargo de una postura más restrictiva frente a un escenario epidemiológico que, si bien se agravó estas semanas, es en esencia igual de preocupante que el de los anuncios anteriores, cuando la actitud del Jefe de Gobierno y su coalición política frente a las primeras restricciones fue otra. Kicillof profundizó con nuevos datos los mismos argumentos esgrimidos en su discurso anterior, y comunicó una batería de medidas económicas para sostener la situación que le dieron espalda y coherencia a su postura. Fernández se volvió a posicionar como garante del diálogo y del consenso, y descargó en el Poder Legislativo la discusión alrededor de sus facultades para gestionar federalmente la pandemia. Sin vencedores ni vencidos, arranca un nuevo período de tres semanas con restricciones y la esperanza puesta en que se consolide una baja en el número de contagios.

ALBERTO FERNÁNDEZ, EL EQUILIBRISTA

El Presidente salió a jugar uno de esos partidos en los que se busca el gol de entrada para establecer la tendencia del encuentro. Madrugó a propios y extraños con un mensaje de unos veinte minutos que empezó a transmitirse apenas pasadas las nueve de la mañana. Si bien no dejó grandes definiciones, marcó la cancha en dos aspectos no menos importantes para el clima pesado que se venía respirando, y las expectativas de posibles nuevos cruces con la oposición.

Primero, bajó el tono de la discusión con la oposición en la cual se lo acusaba de tomar decisiones unilaterales. Del intempestivo “he decidido tomar una serie de medidas” del 14 de abril, que le permitió a la oposición la comodidad de agitar su cuco preferido, el de un gobierno autoritario que no consulta sus decisiones, AF hizo énfasis esta vez a remarcar en el camino de diálogo de la última semana a partir del cual se alcanzaron los consensos. Con esa carta sobre la mesa tan temprano a la mañana, le sacó a la oposición y a sus medios afines la posibilidad de instalar un clima de tensión y deslegitimar las medidas tomadas amparándose el en la dicotomía dialoguismo-unilateralismo. Larreta tuvo que reconocerlo en su discurso.

Luego, y ante la vergonzosa siesta de 15 días de los millonarios funcionarios de la Corte Suprema, que tenía en sus manos la posibilidad y la responsabilidad de poner un poco de orden en el caos de las últimas semanas, el Presidente tiró un pelotazo al Congreso para obtener una Ley que lo faculte a tomar medidas como la que la Justicia porteña le trabó en su anterior DNU. Si fue un centro de gol o un pelotazo a la tribuna se verá con el correr de los días. Lo cierto es que trascendió que la Corte, que parece elegir meticulosamente cuándo se mete a hacer política y cuándo no, le habría sugerido al Ejecutivo que ese problema político lo resolviera la política en otro de sus poderes, el Legislativo.

La oposición, por su parte, ya se paró de manos y rechazó el proyecto antes de leerlo, una vez más. “Debatiremos el proyecto que enviará el Presidente. Pero bajo ningún punto de vista le vamos a conceder facultades extraordinarias para disponer de la libertad de los argentinos o avasallar las autonomías de las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” se apuró a tuitear al mediodía el presidente del interbloque de JxC en Diputados, Mario Negri. Casi al unísono y al mismo tiempo, saltó Patricia Bullrich atribuyéndole una cierta inconstitucionalidad al proyecto que aún no conoce, amparada en el artículo 29 de la Constitución Nacional. El argumento, que fue repetido por Larreta en su alocución unas horas más tarde, reza que el Congreso no puede otorgarle al Ejecutivo Nacional facultades extraordinarias ni la suma del deber público.

El proyecto plantearía una serie de fases similares a las establecidas en la PBA, distinguiendo entre zonas de bajo, medio y alto riesgo epidemiológico, a partir de criterios como la cantidad de casos cada con mil habitantes y los niveles de ocupación del sistema sanitario. En las zonas de riesgo bajo y medio, las autoridades locales podrían decidir sobre las restricciones a aplicar, pero en las zonas de alto riesgo el Gobierno Nacional tendría facultadas para, por ejemplo, suspender temporalmente la presencialidad de las clases. Algo que pareciera bastante lógico, a partir de unificar criterios en base a las estadísticas y eliminar todo tipo de suspicacia sobre la arbitrariedad en las decisiones sanitarias, parece tener destino de un nuevo conflicto institucional que tal vez vuelva a convocar a una decisión de la Corte sobre la constitucionalidad o no de la eventual Ley, para la cual el oficialismo ya contaría con los votos.

Resulte como resulte, AF se desligó de la responsabilidad de ejercer su autoridad presidencial para hacer respetar medidas sanitarias de carácter federal frente eventuales rebeldías como la de la CABA. El Congreso deberá discutirlo y allí quedarán expuestas las distintas posiciones. Si Fernández sacará de esto una cierta imagen de retorno al institucionalismo, o si su autoridad se verá aún más debilitada por no haber podido resolver él el conflicto, es una pregunta abierta. Si tomó nota de su anuncio del 14 de abril para no repetir errores, o si la presión de la CABA le torció un poco el brazo y se sacó el problema de encima, es otra forma de plantearla. Lo concreto es que terminó haciendo equilibrio entre los misiles de la oposición y los planteos por el endurecimiento de las restricciones que esgrimía la Provincia, y sin demasiados cambios se pateó todo para adelante hasta el 21 de mayo. Tema aparte la efectividad que tendrán estas nuevas medidas o si eran necesarias restricciones más fuertes, como ya salieron a plantear distintas voces del sistema de salud. La decisión presidencial parece haber sido seguir como hasta ahora, priorizando equilibrar el bote en plena tormenta política.

HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA, EL PUBLICISTA

El Jefe de Gobierno porteño hizo lo suyo, una vez más. “Todas las decisiones que tomamos en la Ciudad las tomamos en base a los datos y la evidencia”, comienza Larreta su discurso, no importa cuándo se lea esto, y cada vez suena más guionado. Esta vez los datos fueron menos disfrazados que hace dos semanas, cuando se planteó un cierto escenario de tranquilidad hospitalaria para sustentar la confrontación por las clases mientras todo el sistema de salud denunciaba a gritos su nivel de saturación. Con el argumento de la falta de consenso desactivado por la distintas reuniones a las que el Gobierno Nacional convocó a la CABA durante la semana, y con la realidad epidemiológica y sanitaria pasándole cada vez más por arriba, a Larreta no le quedó otra que admitir la gravedad de una situación que hasta ahora él y su coalición política venían matizando en pos de diferenciarse del oficialismo.

Con una posible victoria política, desde su perspectiva, en el hecho de haber mantenido abiertas las aulas estas dos semanas, el gobierno porteño tal vez midió que los récords de muertes diarias y el altísimo y sostenido nivel de contagios no daban mucho margen para seguir en la pose de opositor acérrimo, a riesgo de quedar muy en off side las próximas semanas. El ala dura, igualmente, ejerció su presión. “Ya se lo dijimos. Hacer lo mismo dará los mismos resultados: pérdida de empleo, pobreza, tragedia educativa. Y todo esto sin horizonte de vacunación. Otro año a la deriva” marcó la cancha por twitter Patricia Bullrich, apenas terminado el anuncio presidencial. Sin embargo, horas más tarde Larreta se plegó a casi todas las medidas anunciadas, incorporando incluso la suspensión de la construcción en grandes obras, lo cual se sabe tiene un alto impacto en el empleo y el consumo de sectores trabajadores. Más restricciones a los comercios, que no podrán atender puertas adentro si no son esenciales; cierres de actividades en espacios cerrados que se venían dejando pasar, como los gimnasios; cierre de estaciones de subte para restringir la circulación; cierre de accesos a la capital y controles en el transporte público. Lejos de profundizar la confrontación siguiendo la línea Bullrich, Larreta aceptó de hecho con las medidas que adoptó que el escenario reviste la gravedad que el Gobierno Nacional venía exponiendo.

Hasta aquí, todos movimientos de acercamiento de parte de la CABA a las posiciones planteadas hace semanas por el Ejecutivo Nacional y el gobierno bonaerense. Incluso en materia educativa. Porque si bien el Jefe de Gobierno sostuvo su bandera de la presencialidad en nivel inicial, primario y la educación especial, tuvo que reconocer la necesidad del paso a la virtualidad en la educación de adultos y la bimodalidad para el nivel medio. Comentario al margen en este punto, puesto que desde el inicio de clases en febrero los secundarios sostienen un régimen de bimodalidad, alternando presencialidad y virtualidad por burbujas, debido a la imposibilidad edilicia de tener a todos los estudiantes en las aulas al mismo tiempo. Larreta se desentendió de esta cuestión y le tiró el fardo a los colegios para que decidan como seguir, sin bajar ningún instrucción clara, y volviendo a sembrar un clima de incertidumbre y tensión en toda la comunidad educativa y las familias porteñas.

Lo que se olvidó de anunciar el Jefe de Gobierno fueron medidas económicas para sustentar a sus tan defendidos comercios y sectores productivos de la Ciudad. Horas después de su discurso, las redes se llenaron denuncias por parte del FDT porteño, que viene planteando sostenidamente que el distrito más rico del país no tiene una sola medida de asistencia económica para ayudar a los porteños a sobrellevar las restricciones producto de la pandemia. Habrá que ver si esa presión surge efecto y el gobierno de Larreta vuelca recursos para complementar la asistencia económica del Estado nacional, o simplemente sigue con su lógica de doble discurso en los medios.

AXEL KICILLOF, EL ECONOMISTA

Totalmente a contrapelo de lo anterior, casi como en un acto de afirmación de identidad política, Kicillof centró su discurso anoche en el anuncio de medidas económicas y sociales para morigerar el impacto de las restricciones en los bolsillos bonaerenses. En concreto, se trata de 70 mil millones de pesos que saldrán de las arcas provinciales y buscarán generar un colchón que el año pasado se tejió con el IFE y los ATP. Se anunciaron la ampliación de los programas del Ministerio de Desarrollo Social conducido por Larroque, y el incremento de sus prestaciones en un 50% sumado a un 20% más en el cupo; la ampliación del Servicio Alimentario Escolar, que alcanzará a 300 mil nuevos beneficiarios, llegando a un total de dos millones de niños, niñas y adolescentes; el aumento en un 35% de las jubilaciones mínimas que dependen de la Provincia; el aumento del 50% en el presupuesto para la compra directa de alimentos; una nueva edición del Fondo de Cultura y Turismo por $500 millones; un incremento en el presupuesto del programa Preservar Trabajo, el RePyme, y créditos para la compra de materiales de construcción; y, por último, un programa de refinanciamiento de deudas para comercios de cercanía, y descuentos del 15% durante todo el mes de mayo para compras con la cuenta DNI. Producción, trabajo y consumo atendidos por medidas específicas.

El gobierno bonaerense reclamaba la urgencia un cierre más duro, que no logró imponer al equilibrio que Alberto Fernández terminó haciendo con la postura de la CABA. Su respuesta con esta serie de medidas económicas aparece como un intento de mostrar seriedad en medio de la politiquería discursiva, afrontando el principal problema que surge de tomar las medidas necesarias para frenar el crecimiento de casos: el parate económico. El mensaje pareciera ser “hay que poner lo que haya que poner para cerrar todo”, al menos por unas semanas, como única medida efectiva para no entrar al invierno con estos niveles críticos de ocupación hospitalaria. La pregunta por la efectividad de las medidas intermedias adoptadas por el Ejecutivo nacional, resonará con más fuerza en el gobierno bonaerense que en ningún otro sector durante las próximas semanas. Y, habiendo dado el primer paso de generar el colchón económico para sostener un cierre más estricto, es de esperarse que si los números de casos y ocupación de terapias no bajan drásticamente con lo que se decidió ayer, vuelvan a surgir los reclamos bonaerenses por una mayor firmeza.

Aparecerán sin dudas las lecturas que planteen que el kirchnerismo ejerce con esta actitud una presión frente al Gobierno de Alberto Fernández, esa búsqueda incesante de la oposición por internas en la coalición gobernante que desgasten su funcionamiento. Pero el propio Kicillof se encargó de dejar en claro su postura al respecto. Tanto su discurso como el hilo de Twitter con el que comunicó las medidas arrancaron planteando que la Provincia adhería al decreto presidencial, y que “de este modo funcionan las instituciones y la democracia. La autoridad máxima sanitaria es el Gobierno nacional”. Palo en clave institucionalista para Larreta y la CABA, a quienes también se encargó de discutir con números en el tema de la presencialidad. El Gobernador bonaerense actualizó la enumeración que había hecho hace 15 de países que cerraron las aulas, pero esta vez no con las fechas de sus cierres, sino con el índice de contagios cada cien mil habitantes que precipitó esa decisión en cada nación. Destacó que en Alemania se suspendió la presencialidad con 165 casos cada cien mil habitantes, en Chile con 374, en Uruguay con 661 y en Francia con 787, mientras que la CABA, que se resiste a esta medida, hoy registra 1370 casos cada cien mil, y el Gran Buenos Aires 1000. “No es momento de tomar medidas mirando encuestas” sino datos y evidencia de la realidad, retrucó Kicillof a Larreta en su propio lenguaje, y le recordó que “no estamos en campaña electoral, sino en campaña de vacunación y lucha contra la pandemia”.

Esta posición de Kicillof, lejos de generarle una tensión al Gobierno nacional, le permite posicionarse en un centro, mediando entre ambas posturas, y manteniendo un poco más a raya los desplantes del gobierno porteño. En una especie de juego de negociación “policía bueno y policía malo”, sin la Provincia de Buenos aires planteando con firmeza la gravedad de la situación y la necesidad de pensar en mayores restricciones, le resultaría mucho más complejo al Gobierno nacional tanto condicionar a la CABA como justificar ante a la opinión pública la poca firmeza mostrada frente al desacato porteño. Un Kicillof duro posibilita mirar a Alberto Fernández como un negociador, un equilibrista, en lugar de un débil frente a la oposición que parece dispuesta a sobrepasar cualquier límite. Habrá que ver cuánto tiempo más la realidad sanitaria le permita al Presidente mantener esa posición más tibia del centro.

Mientras, el Gobernador compromete también a los Intendentes en su endurecimiento. Anunció ayer un sistema de multas por incumplimientos a las restricciones que pueden llegar a los 500 sueldos mínimos, más de cuatro millones de pesos, aclarando que la recaudación por ese concepto retornará a los municipios, quienes a su vez son los encargados de controlar el cumplimiento efectivo de las medidas. Un incentivo económico que tal vez fomente una mayor vocación de control, sobre todo en jefes comunales más “aperturistas” como los de la oposición.

Así quedó montado el escenario para las próximas semanas. Con la Provincia de Buenos Aires construyendo un escenario discursivo y económico que se anticipa a posibles restricciones más profundas, con la Ciudad de Buenos Aires cediendo en lo inevitable pero intentando resistir en su bandera principal para no reconocer un retroceso que sería leído como una derrota política, y el Gobierno nacional balanceando en el medio mientras la bomba sanitaria no termine de explotar y aún se lo permita. Semanas críticas por delante y un panorama tan incierto como preocupante, preanuncian que las fichas sobre el tablero se seguirán moviendo mucho antes que el 21 de mayo.