Hace algunos días, la senadora provincial por el Frente de Todos, María Reigada, presentó un proyecto de Ley en la Legislatura bonaerense que contempla una regularización de los fondos destinados a infraestructura escolar.

En la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 15.000 establecimientos educativos y en cada uno de ellos las necesidades respecto al mobiliario, infraestructura, servicios, refacciones, son muy diversas. “Encontramos que por ejemplo en las escuelas del interior no hay tantos problemas edilicios pero sí de conexión o conectividad y tal vez de mobiliario. En cambio, en el conurbano bonaerense tenemos muchas más dificultades, como pasa ahora con el Covid-19, la densidad poblacional hace que los problemas sean más y mayores”, explicó la legisladora Reigada en diálogo con Radio Opinión de La Costa.

Dentro de los 14.430 edificios escolares del sistema público, hay un total de 3.684.568 estudiantes. De ese total, 1.972.468 se encuentran en el conurbano bonaerense y 1.712.100, en el interior de la provincia. De esta manera, se deduce que un 54% del estudiantado se concentra en la región del AMBA provincial.

El proyecto de Ley es el resultado del trabajo del gremio SUTEBA y tiene como fin regular y financiar “de manera permanente la Infraestructura Escolar”. Reigada aseguró que la iniciativa “contempla de dónde tienen que salir los fondos y quiénes tienen que hacerse responsables de cada cuestión”, además de establecer “de qué manera se distribuyen esos fondos en la provincia de Buenos Aires y en ese sentido, estamos hablando de un coeficiente específico, un coeficiente educativo, donde se tenga en cuenta la cantidad de matrículas, la situación socioeconómica de la población que están atendiendo en cada escuela, y el número de quienes todavía no ingresaron pero están en edad de obligatoriedad escolar”.

“Es muy importante tener ese número, sobre todo en la etapa inicial, porque nos permite saber las escuelas o las aulas que nos están faltando”, resaltó la legisladora. La legislación entonces pretende establecer un coeficiente específico para distribuir de “manera eficiente” los fondos destinados a infraestructura escolar, que incluye tareas de refacción, ampliación, adquisición de mobiliario, servicios, entre otras.

La iniciativa propone también la creación de una “caja chica” para las cooperadoras de cada establecimiento educativo, con la que puedan contar ante alguna eventualidad o urgencia como la rotura de un vidrio u otros problemas similares.


La senadora María Reigada criticó a la gestión de María Eugenia Vidal y señaló que en los cuatro años anteriores “se retrocedió en el porcentual del presupuesto que estaba destinado para educación y se desatendió el tema de financiar la cuestión edilicia”. En ese sentido, en el proyecto de Ley se remarca que en el presupuesto de 2019 se ejecutaron un promedio de 56 pesos por metro cuadrado y 248 pesos por estudiante.

La “Ley Sandra y Rubén” propone aumentar el presupuesto para infraestructura escolar y destinar 200 pesos por metro cuadrado y 1.100 pesos por estudiante en la provincia de Buenos Aires. “Queremos que los fondos sean mayores” señaló Reigada.

Por su parte, la legislación lleva los nombres de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, dos trabajadores de la escuela n°49 de Moreno que fallecieron en una explosión por una pérdida de gas dentro del establecimiento escolar. El hecho ocurrió en pleno invierno de 2018, el 2 de agosto, antes de los chicos ingresaran al establecimiento. La indignación fue generalizada y los nombres de los trabajadores se convirtieron en un símbolo de lucha contra la desinversión en los colegios y el abandono edilicio.