Diez años atrás tenía lugar la aplicación inicial de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) para las elecciones presidenciales y legislativas de 2011. Posteriormente, las PASO fueron utilizadas en los comicios presidenciales y parlamentarios de 2015 y 2019 y en los de renovación legislativa de 2013 y 2017. El 12 de septiembre de este año volverán a celebrarse las PASO, antecediendo a las elecciones parlamentarias de medio término que tendrán lugar el 14 de noviembre de 2021. En estos comicios se renovarán la mitad de los diputados nacionales, un tercio del senado y múltiples cargos legislativos provinciales. Curiosamente, se ha propagado -una vez más- la idea de que en estas elecciones se define la suerte de los potenciales contendientes de 2023.

Hagamos un poco de memoria: en los comicios legislativos de renovación parcial de 2009, emergía el “Colorado” De Narváez como el presidenciable más plausible de cara al 2011, tras imponerse sobre la lista de candidatos testimoniales del kirchnerismo. En las elecciones de 2013, luego de obtener casi cuatro millones de votos en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa se posicionaba como el reemplazante de los Kirchner en el sillón presidencial para 2015. Y en 2017, muchos daban por acabadas las aspiraciones de Cristina Fernández de Kirchner a volver a ocupar un puesto relevante de poder, asegurando que la ex mandataria quedaría definitivamente relegada de la primera plana de la política nacional.

En consecuencia, sería recomendable actuar con cautela antes de sacar conclusiones categóricas sobre los resultados electorales el domingo 14 por la noche o el lunes 15 por la madrugada.

Por otro lado, estas elecciones presentan ciertas peculiaridades por darse en el marco de una pandemia a escala global. En una nota anterior, Diagonales | Hecha la ley (electoral), hecha la trampa(dirigencial), se dio cuenta del debate suscitado por entonces acerca de la posibilidad de suspender o posponer la celebración de primarias abiertas. Finalmente -y no sin tensiones y resonantes disensos- se optó por la segunda alternativa.

En ese análisis, dividimos las razones a favor de la suspensión de las PASO entre coyunturales (de carácter fiscal y sanitario) y estructurales (basadas en las fallas inherentes al sistema), las cuales aparecían entremezcladas en la argumentación desplegada.

En el momento actual, los analistas y académicos favorables a las PASO sostienen que esta vez -por fin- este mecanismo cumple su función original, en la medida en que el Frente de Todos (FdT) compite con, al menos, dos contrincantes en nueve provincias y Juntos o Juntos por el Cambio (JxC) en 18 distritos. Y con eso se pretende demostrar que finalmente se produjo la tan ansiada competencia interna. Por lo tanto, ahora nadie podría objetar las PASO como herramienta de democratización partidaria.

Sin embargo, vayamos por partes: por un lado, para establecer si las PASO cumplen con el propósito para el cual fueron creadas (esto es, transparentar a los partidos a través de una selección democrática de sus candidatos), lo que hay que averiguar, en primer lugar, es no solo si las fuerzas políticas deciden presentar más de un precandidato, sino también la finalidad con la cual los potenciales competidores acatan dicha decisión. Esto es, que la finalidad sea efectivamente el señalamiento del candidato que mejor represente al partido o coalición entre las opciones en disputa. Por el contrario, la competencia puede resultar problemática si se la concibe como un objetivo en sí mismo, pudiéndose generar una disputa artificial con el mero objeto de atraer votantes. Eso sucedió de cara a las PASO de 2017 en la CABA, cuando dos desafiantes (Martín Lousteau en Cambiemos e Itaí Hagman en el kirchnerismo) llamaron a aprovechar la existencia de este instrumento para hacer un uso estratégico del mismo. En ninguno de los casos dio resultado: el primero terminó compitiendo por fuera de la agrupación y el segundo no superó la PASO. Curiosamente, en la elección de 2019, ambos dirigentes -otrora férreos defensores de la competencia entre candidaturas- concertaron sus lugares en las listas únicas de sus respectivas coaliciones y obtuvieron cargos.

Por otro lado, para que las PASO puedan ser consideradas competitivas en las elecciones legislativas, lo principal no es solo que haya más de una lista con chances, sino que a los segundos (o terceros) se les otorgue la posibilidad de participar en la boleta que aparecerá en noviembre. En otras palabras, lo importante acá es establecer cuáles son las reglas y condiciones que imponen los frentes a las listas derrotadas para integrar las nóminas definitivas, ya que, al decir del “Turco” Asís: “Perder no es grave. Lo grave es la cara de b…que te queda”. En efecto, la composición de la lista a diputados depende del reglamento interno de cada agrupación a nivel provincial y lo cierto es que, hasta ahora, la existencia de umbrales internos restrictivos ha dificultado la incorporación de las listas secundarias. Dicho en otros términos: la mayoría de quienes compitieron en primarias legislativas, desafiando a los sectores dominantes de sus partidos, tuvieron que sobrellevar la “cara de b…” tras quedarse con las manos vacías habiendo obtenido un 20 ó 25% del apoyo interno (por ejemplo, varias listas radicales en Cambiemos en 2017).

A su vez, el carácter transitorio de los agrupamientos, la laxitud en las lealtades establecidas y la impermanencia de los acuerdos suscritos acarrean efectos problemáticos. En efecto, la ausencia de etiquetas estables, el excesivo peso de los liderazgos individuales y la disponibilidad de aliados (incluso antiguos rivales) puede observarse en las siguientes situaciones: de los diputados nacionales que renueva el FdT (es decir, los que entraron en 2017) de la provincia de Buenos Aires, 4 ingresaron por 1País, lista que llevaba a Margarita Stolbizer -ahora en Juntos- como candidata a senadora. Un diputado que renueva el FdT en Mendoza fue electo por el Partido Intransigente, presuntamente ajeno a ambos polos de “la grieta”. En Capital Federal, 2 diputados que ahora terminan su mandato bajo la rúbrica de JxC, iban en la lista Evolución, que había rivalizado con el oficialismo cambiemita.

En estricta relación con este punto, cuando se interroga acerca de la capacidad de este mecanismo para favorecer la conformación de alianzas exitosas y duraderas, los defensores de las PASO siempre tienen a mano el ejemplo del FIT para ilustrar cómo pequeñas fuerzas ideológicamente afines lograron unificarse para competir en las elecciones primarias, consiguiendo resultados históricos para la izquierda revolucionaria. Sin embargo, en los últimos tiempos, las disputas entre los miembros del FIT y la necesidad de adaptarse a las condiciones de competencia electoral conllevaron un cisma en el Partido Obrero, fuerza pivotal de la coalición. En 2011 el FIT se volvió memorable con la campaña “Un milagro para Altamira”, que hizo furor en redes sociales. Hoy, diez años después, Altamira compite por fuera del FIT y del Partido Obrero (del cual fue expulsado), sin cobertura mediática y sin milagro alguno en el horizonte. A esto se agrega que, una vez más, no se pudo contener la reyerta interna dentro del frente, que presenta más de una lista en casi todos los distritos, incrementando la percepción de una izquierda nuevamente dividida.

Otro de los objetivos buscados con las PASO era reducir la fragmentación partidaria, para ello se había adoptado un umbral del 1,5% de los votos válidamente emitidos. Los defensores de este sistema sostienen que efectivamente se redujo la fragmentación electoral (en el cuarto oscuro) y parlamentaria (en el congreso). De nuevo, veámoslo en detalle: no puede decirse que disminuyeron las opciones en el cuarto oscuro, porque al cuarto oscuro, desde hace diez años, se entra dos veces seguidas (en la PASO y en la elección real). Y en la primera de ellas, aparecen más boletas y candidatos de los que anteriormente figuraban en los comicios reales.

Con respecto a la reducción de la fragmentación en el parlamento, cabe mencionar dos cuestiones: una, esta no fue producto del umbral legal de las PASO (ya que desde el 83 ningún diputado había surgido de alguna lista apoyada por menos del 1,5% de los votos válidamente emitidos). Dos, esta reducción se constató recién en los últimos dos años, a raíz de la conformación de interbloques (o sea, de agrupaciones de diversos bloques). A su vez, estos interbloques, además de recientes, no son suficientemente homogéneos ni estables como para considerar que, a partir de su emergencia, se cumplió con la meta de mitigar la fragmentación legislativa.

Paradójicamente, se exhibe como uno de los grandes logros del sistema PASO la configuración de dos grandes arreglos supra-abarcativos y transitorios, con socios que entran y salen continuamente de los mismos. Cada bloque está dividido, a grandes rasgos, entre gobierno y oposición, sin responder a posicionamientos programáticos de fondo, sino a asuntos coyunturales que, en esta ocasión, se cruzan con la cuestión del manejo de la pandemia como issue.

Con respecto a ese asunto, el “Olivosgate (el escándalo por las visitas y celebraciones durante el ASPO en la Quinta Presidencial), debe ser cuestionado en términos superlativos y no comparativos. Esto implica que la violación a las medidas sanitarias en plena pandemia por parte de las autoridades nacionales es repudiable y condenable per sé. Y no por el contraste con el presunto padecimiento de la ciudadanía a someterse a restricciones destinadas a evitar los contagios y la propagación del virus.

En relación con la consigna opositora: “Estamos a cantidad de diputados de Venezuela” cabe mencionar que el sufijo “zuela” ha sido utilizado por dirigentes partidarios en distintos países, comúnmente para construir un escenario catastrófico, como justificativo para efectuar un voto hacia el sector opositor con más chances. De todos modos, este argumento no sería extrapolable a elecciones legislativas (mucho menos en los grandes distritos donde se concentra el foco del análisis y de la opinión pública) que deberían constituir el momento para favorecer a las opciones predilectas -algunas sin chances en comicios ejecutivos- y no para pronunciarse por el “mal menor” ante dos alternativas cerradas y excluyentes.

Finalmente, hay que mencionar que con las PASO se había buscado tender puentes entre la ciudadanía y los partidos. Sin embargo, el desencanto popular respecto de la política se ha ido incrementando con el correr del tiempo, la credibilidad pública de los partidos se ha reducido notoriamente y la concurrencia ciudadana a las urnas ha experimentado un pronunciado descenso (lo que se constata en las elecciones adelantadas de los últimos meses).

En definitiva, en las elecciones legislativas de 2021 -celebradas a diez años del debut de las PASO- los opinólogos y analistas hacen cálculos, especulaciones y proyecciones para un 2023 que está a años luz. Los políticos se comportan como guapos que pelean por un conchabo para ellos y sus amigos y que maniobran para esquivar por anticipado la “cara de b...” de la derrota interna. Y la ciudadanía -mientras enfrenta los padecimientos de la profunda crisis económica y sanitaria, que escasa relación guardan con la agenda desplegada en la campaña electoral- resulta ser la convidada de piedra de esta interminable fiesta para unos pocos.

*Doctora en Ciencia Política. Investigadora Independiente CONICET. Coordinadora del Grupo de Estudio de Reforma Política en América Latina (GERPAL). Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Facultad de Ciencias Sociales, UBA. En colaboración con Carolina Pérez Roux: Politóloga y maestranda en Ciencia Política por la UBA. Integrante del Grupo de Estudios sobre Reforma Política en América Latina en el IEALC-UBA