Durante las últimas décadas el capital extranjero reforzó de modo notable su peso en la economía argentina, lo que contribuyó a afianzar aún más la dependencia nacional. El predominio extranjero se manifiesta en numerosos sectores y resulta particularmente intenso en aquellas actividades que tuvieron un rol protagónico en la expansión económica verificada en distintos tramos del kirchnerismo (y que en muchos casos han ganado predominio en lo que lleva de transcurrida la presidencia de Macri): agroindustrias, sector automotor, industrias químicas y refinadoras, siderurgia, minerales no metálicos, minería, comercio de productos agropecuarios. Además, los capitales transnacionales tienen una presencia destacada en diversos servicios, como la telefonía celular, la medicina privada, los servicios petroleros y el sector financiero (en este último caso, sea a partir de la propiedad de bancos y otras entidades o mediante la concreción de una amplia gama de inversiones especulativas).

El peso y la centralidad de los oligopolios foráneos se vuelve aún más gravitante cuando se evalúa su ponderación en el comercio exterior. Este hecho es sumamente significativo ya que se trata de un número acotado de corporaciones extranjeras que ejerce un control ostensible sobre una parte relevante de las divisas generadas en el país por la vía exportadora. A ello cabría adicionar el rol real o potencial de la inversión extranjera (ya sea directa o de portafolio) en la “financiación” de la balanza de pagos, así como en su “desfinanciación” a través de diversos mecanismos (remisión de utilidades y dividendos, pago de honorarios y regalías, subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, pago de intereses a empresas asociadas, fuga de capitales, etc.). En otras palabras, la ostensible centralidad estructural de esta fracción del gran capital no sólo se desprende del control que ejerce sobre los principales sectores que definen la especialización productiva y la inserción del país en la división internacional del trabajo, sino también del hecho de que son actores centrales en la oferta y la demanda de divisas en una economía dependiente. Naturalmente, todo lo señalado le confiere a estos capitales un importante poder de veto sobre la orientación del funcionamiento estatal en diversos aspectos.

El correlato de esta situación remite a los grados de “decisión nacional” realmente existentes en lo que atañe a la definición de temas relevantes para el derrotero económico, político y social del país. Tal es el resultado de una economía dependiente en tiempos de globalización, pero también del andamiaje normativo-institucional existente. Téngase presente que durante el kirchnerismo siguió vigente la Ley de Inversiones Extranjeras sancionada durante la última dictadura militar (y ampliada sobremanera en el menemismo), al tiempo que fue ratificada la casi totalidad de los numerosos tratados bilaterales de inversión que la Argentina suscribió en la década de 1990 en plena hegemonía neoliberal.

Ese lastre normativo resulta plenamente funcional a los intereses extranjeros y ha sido recuperado y amplificado por el gobierno de Macri en su intento, hasta ahora frustrado, de promover una “lluvia de inversiones”. Entre otras herramientas vinculadas en mayor o menor grado con la operatoria del capital foráneo a las que ha apelado la gestión de “Cambiemos” se destacan: la celebración de acuerdos de deuda bajo legislación extranjera, una drástica liberalización financiera tendiente a eliminar trabas al ingreso y el egreso de divisas, la suscripción de nuevos tratados bilaterales de inversión, la redefinición del código minero, la modificación de la ley de tierras y la sanción de la ley de iniciativa público-privada (que, entre otras cosas, admite la posibilidad de canalizar eventuales controversias entre las partes hacia tribunales en el exterior). En una línea similar se inscribe la “apuesta estratégica” de Argentina y Brasil por suscribir un acuerdo de amplio espectro como el que se está negociando entre la Unión Europea y el Mercosur.

La centralidad del capital extranjero constituye un dato estructural de primer orden del capitalismo argentino que, como tal, ha trascendido a los gobiernos de distinto encuadre político y constituye uno de los principales factores explicativos del acuciante cuadro de dependencia nacional. A juzgar por lo que ha venido sucediendo desde la asunción de Macri, todo indica que esta problemática sumamente compleja se recrudecerá tras su mandato. Ello, por una multiplicidad de razones entre las que sobresalen tres.

Primero, la búsqueda denodada por apuntalar una determinada inserción internacional del país, asentada básicamente en el procesamiento de materias primas, a partir de acuerdos de distinto alcance que resultan funcionales a los intereses extranjeros y de un puñado de grupos económicos nacionales.

Segundo, en el marco de la búsqueda de la tan ansiada “lluvia de inversiones”, la ratificación e, incluso, la ampliación de instrumentos normativos favorables a la expansión del capital transnacional y erosionantes de los por demás acotados “márgenes de acción” del Estado argentino.

Tercero, los resultados de una política económica que genera cuantiosas y regresivas transferencias de ingresos hacia ciertos segmentos del poder económico (con un rol destacado de grandes empresas extranjeras) y, por diversas vías, acarrea múltiples presiones sobre las firmas más débiles del entramado económico doméstico. En el plano de los resultados también hay que mencionar la presencia por lo general protagónica del capital foráneo en los sectores de actividad más beneficiados en términos de la apropiación del excedente y la reconversión productiva en marcha.

*Sociólogo. Magister en Sociología Económica