El peor día de la pandemia, desde su inicio en el país en marzo del año pasado, arrancó mucho antes que se supiera la dolorosa cifra récord de 20.870 casos positivos. Y arrancó con la que viene siendo la nota saliente del fuerte rebrote que se vive en el país: sectores de la sociedad que parecen no haber caído en la cuenta de la gravedad de la situación sanitaria, que avanza con velocidad hacia el colapso del sistema de salud.

Este mediodía se conoció la noticia de la clausura del conocido boliche Pinar de Rocha, de la localidad de Ramos Mejía , a raíz de una fiesta clandestina que se llevó a cabo la noche del lunes con recital del grupo Damas Gratis incluido. Los videos que se viralizaron del evento muestran la falta absoluta de protocolos de distanciamiento, la aglomeración de jóvenes en un espacio cerrado y sin la ventilación, y generaron fuertes reacciones en las redes sociales y ámbito  de la política. La más resonante fue la del Ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quién sacudió con un “NO PODÉS DEJAR DE BOLICHEAR POR UNOS DÍAS?”, haciendo referencia a los jóvenes que asistieron al evento. Pero, más allá de que el contexto de crecimiento de casos en la juventud, es necesario poner el foco en la responsabilidad de los sectores privados que se resisten a la idea de volver a una etapa de restricciones y buscan seguir lucrando sin importar el riesgo para toda la sociedad.

Así es que el Municipio de Morón, en cabeza de su Intendente Lucas Ghi, realizó esta tarde una denuncia penal en el ante el juzgado federal N° 2 a cargo del Doctor Jorge Rodríguez contra la empresa Vaprisana S.A., que administra el complejo donde está Pinar de Rocha. La denuncia fue presentada por el abogado Agustín Oscar Mas, apoderado del Municipalidad, y recae sobre Carlos Gustavo Ferreyra y Daniel Rodolfo Roldán, quienes figuran como responsables de la empresa. El escrito plantea el encuadre de los hechos bajo el delito de propagación de enfermedades peligrosas, contenido en el artículo 202 del Código Penal de la Nación, donde se plantea que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

Más adelante, la denuncia suma el encuadre del delito bajo el artículo 203 del Código Penal, que estipula una multa de entre cinco y cien mil pesos si los hechos en cuestión fueran cometidos por “imprudencia, negligencia o impericia”, y una pena de prisión de seis meses a cinco años si los hechos resultaran en enfermedad o muerte. A su vez, también el artículo 205 del Código Penal nacional establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. En el escrito se detallan los diferentes decretos nacionales, provinciales y municipales que fueron violados por el evento realizado en Pinar de Rocha y por el cual podría caberle a los empresarios cualquiera de estas penas.

Fuentes del Municipio expresaron a Diagonales que se encuentran preocupados por la situación actual, a pesar de ser uno de los distritos con mejor índice de vacunados por cantidad de habitantes del AMBA, y que la respuesta de clausurar el predio y presentar esta denuncia va en línea con esa preocupación. Así lo manifestó el propio Lucas Ghi, poniendo el cascabel al gato en cuanto a las responsabilidades que los distintos sectores tienen frente al agravamiento de la situación sanitaria: “Así como la mayoría de las y los empresarios de Morón se ajustan a las normas y los protocolos que exige la pandemia, aún acotando su margen de rentabilidad e incluso perdiendo ingresos, hay otros que hacen un culto de la picardía, el engaño y la vulneración de los límites” afirmó el Intendente. Y agregó que “a los primeros tenemos la decisión de acompañarlos, de ayudarlos a transitar esta nueva ola de la crisis sanitaria que es y será difícil para todos. Pero así como buscamos asistir con recursos y políticas públicas a quienes se esfuerzan, estamos trabajando en una salida definitiva para el problema que nos generan quienes se ensañan en no cumplir las normas y poner en riesgo la salud de las vecinas y vecinos de Morón”.


Ghi, su Jefe de Gabinete, Hernán Sabbatella, y el Secretario de Gobierno municipal, Diego Spina, firmaron hoy el Decreto 343-2021 por el cual se suspende preventivamente por un plazo de treinta días la Habilitación correspondiente a la firma Vaprisana S.A., tiempo en que el famoso boliche del oeste bonaerense permanecerá clausurado, a la espera de la respuesta de la Justicia frente a la denuncia presentada.

En pleno pico de la pandemia, es preciso hacer cumplir las normativas vigentes y caer con todo el peso de la Ley a quienes las incumplan. La relajación de la sociedad post verano no se modificará solamente apelando a la conciencia individual o al temor frente al crecimiento de los contagios. Es necesario el ejemplo desde el Estado y la Justicia para cortar de cuajo todo intento de aprovechamiento de esta situación por parte de las empresas. Desde las subas indiscriminadas de alimentos hasta hechos vergonzosamente desafiantes al cuidado colectivo como las fiestas clandestinas masivas, pasando por despidos injustificados o abusos en los aumentos de tarifas, hay múltiples campos de acción para que los gobiernos locales, provinciales y el nacional respalden a la sociedad que se preserva sancionando a quienes la ponen en riesgo.

La Provincia de Buenos Aires registró la mitad de los casos del país en las últimas 24 horas, con la escalofriante cifra récord de 10.402 positivos. Con sus autoridades plantadas en la mirada más “dura” en cuanto a la necesidad de adoptar restricciones, y las tensiones con la tendencia más flexible CABA, será un buen signo para la sociedad que las irresponsabilidades de quienes detentan un lugar de tanta incidencia como es el empresariado, sean sancionadas para cuidado y beneficio de todos y todas.