Las repercusiones sobre la oficialización del reglamento que habilitaría a las fuerzas policiales a disparar sin dar voz de alto –agravada por las duras declaraciones de Patricia Bullrich- no tardaron en llegar al ámbito jurídico y político argentino, cuyas postutas arrojaron varias lecturas sobre las complejidades de esta decisión impulsada por el presidente, Mauricio Macri. 

En conversación con Diagonales, la abogada y referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, María del Carmen Verdú expresó que "esto es una orden directa donde se les está diciendo a las fuerzas federales que, a diferencia de la normativa vigente, a partir de ahora pueden utilizar el arma de fuego en situaciones donde antes estaba prohibido. Esto es abrirle la puerta al gatillo fácil”. 

La letrada señaló que entre 1983 y 2017 las fuerzas del Estado asesinaron a 5.462 personas. El 47% fueron jóvenes de entre quince y veinticinco años. Y el 3%, menores de catorce. Desde el regreso de la democracia, la mitad de las personas asesinadas por alguna fuerza del Estado no tenía más de veinticinco años: 2.731 jóvenes. De esos, más de 2.567 fueron víctimas de gatillo fácil. 

“Hay herramientas legales para frenar este tipo de resoluciones, porque lo único que va a lograr es traer más muerte y represión a las calles”, agregó Verdú.

Sin ir más lejos, el propio Eugenio Zaffaroni advirtió que “los policías van a tener que cuidarse”, en torno al difícil escenario jurídico que viene proponer este reglamento. El ex juez de la Corte Suprema definió el nuevo reglamento como “una irresponsabilidad” y marcó las consecuencias que podría conllevar una directiva de estas características en el ejercicio mismo de las fuerzas.  

“La cadena de mando tiene que tener cuidado con lo que está haciendo, está incitando a las fuerzas de seguridad a violar la ley penal”, señaló al remarcar las incongruencias que podrían suscitar los criterios de “inminente peligro” sobre los que descansa la resolución, en contraposición a la interpretación de los propios efectivos en ejercicio. 

Al mismo tiempo, la abogada Graciana Peñafort expresó esta tarde que “una resolución del Ministerio de Seguridad no tiene la capacidad de modificar el Código Penal ni las disposiciones del sistema internacional de Derechos Humanos”, en torno a la legislación a nivel internacional vigente que vendría a poner en jaque esta iniciativa. Los convenios a nivel internacional son desconocidos en su jerarquía. 

Cabe destacar que las declaraciones radiales de Bullrich solo agregaron leña al fuego de una resolución de por sí polémica. “El 99% de la gente que muere en Argentina lo hace a manos de un delincuente que la asesina, lanzó la ministra en conversación con el periodista Ernesto Tenembaum, casi en justificación del fuego policial. 

Desde la repercusión pública de la mentada “Doctrina Chocobar” que estuvo en boca de todos los medios nacionales, muchos sectores han señalado un giro a la derecha del Gobierno en el recrudecimiento de políticas represivas. La profundización de perfiles políticos como el del brasilero Jair Bolsonaro han alentado a la política a dar rienda suelta a esquemas de represión y punitivismo cada vez más crudos.