Los concejales opositores de Salto lograron aprobar una interpelación al intendente peronista Ricardo Alessandro por difundir imágenes de las cámaras de Seguridad municipales a la prensa, hecho que los ediles interpretan como acción para “vigilar y perseguir a la oposición”. Las imágenes en cuestión son del 4 de abril y muestran a Daniel Arimay (Cambiemos) y Edgardo Burgos (Progresismo) en situación de actividad privada en el medio público.

Si bien en el mismo pedido de interpelación, los concejales reconocen que “si bien estas imágenes no revistan una importancia que pueda significar alguna lesión a ningún interés ni bien público o estatal”, su difusión “constituye una falta grave” y viola la ordenanza que reglamenta el uso de videocámaras.

El video que desató la polémica muestra a los ediles Burgos y Arimay junto a una empleada del Hospital municipal que fue despedida. La misma mujer, junto a su abuela, había increpado días antes al intendente en los pasillos de la municipalidad.

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Según la normativa municipal, el personal municipal afectado a la percepción de las imágenes debe cumplir con los siguientes requisitos: discreción,  debe tener en cuenta que “la información visualizada por el personal deviene confidencial y de estricta reserva, dado que podría eventualmente trascender el derecho a la intimidad de los ciudadanos” y que “la reserva implica la prohibición de divulgar la información que se visualiza, ya sea en forma directa o indirecta, a otra persona”.

De las 16 bancas que tiene el legislativo local, entre Cambiemos, el Frente Renovador y el progresismo alcanzaron los 9 votos y aprobaron la moción. En tanto, Alessandro contó con el apoyo de sus cinco concejales randazzistas, más los dos de Unidad Ciudadana.

En los próximos 5 días el jefe comunal deberá presentarse ante el cuerpo deliberativo, o podrá mandar a un secretario de la intendencia para suministrar informes que clarifiquen el accionar del esquema de monitoreo y seguridad municipal.