La problemática de la niñez en Argentina es uno de los tantos temas urgentes que, sin embargo, no figuran hoy en el debate electoral. De acuerdo al último informe de Unicef, el 42% de las niñas, niños y adolescentes del país vive en la pobreza (unos 5,5 millones de chicos y chicas) y el 8,6% está en hogares que no pueden cubrir la canasta básica de alimentos. Además, casi el 50% carece, al menos, de uno de sus derechos básicos y fundamentales. “La situación de vulneración en la infancia está en un punto crítico”, resumió Juan Pablo Meaca, defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, quien pidió de las candidatas y los candidatos “propuestas claras y que las apliquen efectivamente en la realidad una vez que asuman el cargo”.

Junto a sus pares de Misiones, Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero, Meaca es uno de los apenas cinco defensores provinciales de la Niñez que hay en todo el país, donde tampoco existe una Defensoría Nacional, algo que se reclama hace ya 14 años. Si bien en abril pasado una comisión bicameral del Congreso designó por primera vez a una postulante, la especialista en Derecho de Familia Marisa Graham, aún no fue ratificada por los senadores y diputados, lo que en concreto significa que el cargo sigue vacante.

 ¿Qué rol debería tener la niñez en el debate electoral? ¿Cuáles son las cuestiones prioritarias que los candidatos tendrían que estar discutiendo?

- Estamos en el comienzo de un proceso electoral en nuestro país que vuelve a comprometer, sobre todo, a los y las candidatas nacionales a tener una mirada clara, real y sincera sobre la situación de vulneración en que está la infancia. Es decir, es necesario que cuenten con políticas públicas que apliquen efectivamente al momento de asumir y que modifiquen la realidad de la situación social en que se encuentra la niñez y la adolescencia. Entre los asuntos centrales, claramente es prioritario, esencial e impostergable tener una propuesta concreta y abocarse inmediatamente al asumir el mandato a generar acciones para resolver la situación de pobreza e indigencia que sufre el 50% de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Esta deuda social no puede esperar más e implica la vulneración total de los demás derechos.

¿Con qué medida se puede comenzar a abordar esta situación?

- Una herramienta es la Asignación Universal por Hijo. Hay que hacerla progresiva, significativa y garantizar con su monto la alimentación, la educación y la salud de la infancia. Esto supone destinar recursos económicos y humanos para, en un proceso de cuatro años, eliminar los índices de indigencia y erradicar en la gestión de ese gobierno la situación de pobreza que afecta a niñas y niños.

Junto con la pobreza, también creció el trabajo infantil. ¿Es otro eje?

- Por supuesto. Erradicar el trabajo infantil y adolescente debe ser política de Estado del próximo Presidente, con reglas claras en todas las actividades económicas del país a los efectos de que los chicos estén en las escuelas y que recién se incorporen a la actividad laboral cuando hayan cumplido con su educación. Por eso, se deben destinar fondos de becas para cubrir en las familias las necesidades insatisfechas. Además, el próximo Presidente debe tener una política educativa que garantice a las niñas y niños el derecho al acceso efectivo a la educación pública de calidad en cualquier punto del país.

¿Cómo se puede alcanzar ese objetivo?

- En principio, requiere un plan estratégico que debe implicar un acuerdo nacional con todos los actores educativos, para reinsertar en la escuela a todas y todos los niños y adolescentes que se quedan fuera de ella. No estar incluido es quedarse fuera de la sociedad. La educación debe ser prioritaria presupuestariamente, con fondos que no puedan afectarse a otro destino.

Un tema que sí está instalado en el debate público es la Educación Sexual Integral (ESI). ¿Qué se necesita para su implementación cabal?

- Hay que tener una política clara, coordinada, financiada y efectiva en materia de ESI, y también con respecto al abuso sexual en la infancia, la anticoncepción, el embarazo adolescente y la Interrupción Legal del Embarazo. La falta de estas políticas públicas generó las vulneraciones más graves en los derechos de la infancia. Hablamos de no impartir la Educación Sexual Integral en las escuelas; la falta de herramientas institucionales para abordar, denunciar, acompañar a las víctimas de abuso; el acceso limitado a información y métodos de anticoncepción; el aumento de embarazos no deseados en adolescentes, y las trabas al acceso a la Interrupción Legal del Embarazo según lo resuelto en protocolos nacionales y provinciales. Todo esto implicará para cada uno de los y las candidatas a presidente generar acciones claras en todo el país, para garantizar derechos y evitar las situaciones de tortura que sufren niñas y niños ante la vulneración a manos de los sistemas estatales.

Las cinco defensorías provinciales rechazaron con fuerza la baja de la edad de imputabilidad. ¿Qué camino debería seguirse en material penal juvenil?

- Primero, para nada los candidatos deben proponer la baja de la edad, lo cual no es acompañado por ningún organismo estatal, social o comunitario especializado en niñez. Después de tantos años de vuelta de la democracia, es esencial contar con un sistema penal juvenil acorde a nuestras leyes y tratados internacionales en materia de infancia. Un sistema que esté centrado en la inserción social del adolescente en marcos de protección que garanticen su educación y capacitación. Es prioritario terminar con las privaciones ilegales de libertad de niños y niñas, y adolescentes menores de 16 años en los institutos correccionales. Y deben tener condiciones dignas para el abordaje de los jóvenes mayores de 16, con medidas alternativas y reparativas con miras a su incorporación social. También hace falta una política inmediata para sacar a niños y niñas de los establecimientos carcelarios para adultos, algo que vulnera todos sus derechos, hasta los procesos sociales fundamentales con otros niños. Es impensable una sociedad mirada desde los derechos humanos donde haya niños viviendo en las cárceles. El próximo Presidente debe generar políticas de cumplimiento de la privación de libertad domiciliaria, a los fines del ejercicio de la responsabilidad parental y el cuidado de las detenidas de sus hijos e hijas.

¿La ratificación de Marisa Graham como defensora Nacional de la Niñez es otra cuestión urgente?

- Sí. Hay que garantizar la ratificación por parte del Congreso de la designación. También hay que otorgarle la partida presupuestaria aprobada para poner en funcionamiento el organismo y que pueda cumplir la tarea de ser la garante de los derechos de la infancia en el país, y proponer y acompañar una política pública de niñez.

En definitiva, una vez más el pedido es que la política se haga cargo de este tema.

- Esencialmente, estamos convencidos de que cada candidato debe tener una propuesta focalizada en niñez, adolescencia y familia, y que la aplique efectivamente en la realidad una vez que asuma el cargo. La situación de vulneración en la infancia está en un punto crítico. Necesitamos medidas concretas que repercutan sobre el grave contexto social en que se encuentra esta franja etaria, sin recortes de partidas en los presupuestos y que la variable de ajuste no terminen siendo los niños y las niñas.