Este viernes, el fiscal en lo penal económico, Claudio Navas Rial, imputó al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad en el marco de una causa judicial por presunto "contrabando agravados" que investiga el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se desarrollaba el golpe de Estado contra el la presidencia de Evo Morales.

En su dictamen, Navas Rial dictaminó a favor de abrir la investigación en base a la denuncia presentada por funcionarios del Gobierno nacional y pidió medidas de prueba que eran analizadas por el juez a cargo del caso. En tanto, la causa quedó a cargo del juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart. 

Además de Macri, Bullrich y Aguad, también fue imputado el entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, y tres ex miembros de Gendarmería Nacional con cargos jerárquicos al momento de los hechos.

El ex presidente quedó imputado por el rol que cumplía como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por el cual “no podía desconocer el presunto hecho”, precisaron las fuentes. Por su parte, Patricia Bullrich fue acusada como supuesta autora de la orden para mandar el material represivo y Aguad como responsable del envío del avión militar.

A partir de la denuncia realizada por funcionarios del actual gobierno nacional, la Justicia investiga posibles delitos de “contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, la calidad de funcionarios públicos, la participación de un funcionario aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación”.

Esta presentación ante la Justicia, llevó la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.

Allí, los funcionarios hicieron referencia al “envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.

Según la denuncia, el objetivo del envío habría sido “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el Gobierno constitucional de Evo Morales”.