Aquí no vamos a hablar ni de la contundencia de los resultados ni de la reacción de los mercados, sino que nos vamos a focalizar en los riesgos que entraña la utilización de una herramienta institucional (las PASO), sin una previa comprensión cabal de la vinculación entre sus propósitos abstractos, los incentivos reales que promueve y los resultados concretos que posibilita.

Comencemos pasando revista por los argumentos teóricos que respaldaron la instauración de las PASO en 2009. Primero, se procuraba terminar con los candidatos elegidos “a dedo” y con los mecanismos de selección que recaían centralmente en manos de las cúpulas partidarias. Segundo, se promovía la construcción de coaliciones de gobierno, a través de la unificación de fuerzas diversas con intereses comunes. Tercero, se buscaba ampliar el abanico de opciones ciudadanas, suministrando más oportunidades para la expresión de la voluntad política. Así,se permitía que en las PASO el ciudadano emitiera un voto sincero (por su partido o candidato predilecto), postergando el voto estratégico o útil (aquel destinado a algún postulante con chances reales) para la elección general.

En las PASO de este año, como sabemos, todas las fuerzas participantes presentaron fórmulas presidenciales únicas (aunque sí hubo competencia para las candidaturas legislativas en algunos distritos). Ante las controversias generadas, los defensores de las PASO insistieron en caracterizarlas como el instrumento adecuado para evitar que los partidos resolvieran sus listas por acuerdo o por dedazo, señalando que la cuestión radicaba en fomentar su correcta utilización, en lugar de promover su eliminación. Sin embargo, vale la pena mencionar que la presentación de candidaturas únicas no es una contingencia ni una eventualidad, sino que es un resultado directo de la lógica de suma cero que promueve esta regla, que obliga a todas las fuerzas políticas a participar en las PASO, pero que al mismo tiempo, desincentiva la competencia interna, al no otorgar compensaciones a potenciales perdedores (quienes están impedidos de integrar las fórmulas presidenciales definitivas) ni admitir realineamientos posteriores. A su vez, al evaluar la utilización de las PASO a nivel legislativo y provincial, se puede observar que, de todos los partidos que presentaron oportunamente competencia interna, desde que rige este sistema hasta ahora, en la cuasi totalidad de las fuerzas políticas oficialistas -con sólo dos excepciones- se impuso la lista respaldada por el gobernador; lo cual echa por tierra el argumento de que este sistema permite la competencia en pie de igualdad por parte de sectores que no controlan los resortes de poder organizativo interno.

Con respecto a la cuestión de que las PASO fomentan la formación de coaliciones funcionales, hay que decir que, habiéndose celebrado tan sólo 5 elecciones nacionales bajo esta normativa electoral, no hubo una sola alianza que conservara la misma denominación y los mismos componentes desde entonces hasta la fecha. Por su parte, cabe remarcar que muchos analistas caracterizaron a Cambiemos como “una exitosa coalición electoral pero que no funcionó como coalición de gobierno”. Esta distinción analítica da cuenta de la contradicción en los objetivos de la legislación. Parece una obviedad recalcar que el ciudadano, al votar, selecciona a la fuerza política encargada de gobernar por el período siguiente. Por ello, la conformación de coaliciones lábiles y meramente coyunturales, incapaces de traducirse en alianzas estratégicas de gobierno, implica un fracaso global del objetivo propuesto con las PASO y no un éxito parcial respecto de los propósitos esbozados teóricamente.

En relación a la presunta ampliación de las opciones ciudadanas que otorga este mecanismo, hay que mencionar que de cara a las PASO de este año, los medios de comunicación y los principales candidatos (en particular, los oficialistas) emitieron mensajes dirigidos a lograr un efecto diametralmente opuesto a aquel propuesto originariamente: el estímulo –e incluso la exhortación- al ejercicio de un voto estratégico en la primera fase, a partir de la configuración de una forzada y artificialmente fomentada polarización, promoviendo la concentración de los apoyos en alguna de las dos opciones más competitivas. En consecuencia, observamos que, lejos de ampliar las opciones ciudadanas, se estimuló la contracción de la oferta electoral, bajo una lógica excluyente de amigo-enemigo.

Ahora bien, al momento de evaluar la situación presente, la cual parece ser producto de una conjunción de circunstancias y elementos imprevistos que ocasionaron que todo se fuera de madre, corresponde detenerse a analizar la influencia que tienen las reglas electorales en contextos políticamente complejos y económicamente adversos.

En efecto, luego de los contundentes resultados del último domingo, se generó una sensación de virtual vacío de poder, con las consecuencias que estamos vivenciando los argentinos. A partir de allí, se consideró que había comenzado efectivamente la transición, haciendo hincapié en la inconveniencia de los prolongados tiempos previstos entre las elecciones y la trasmisión de mando.

Sin embargo, las PASO son, por principio, una instancia no dilucidatoria. Se trata, en efecto, de la ocasión en la cual un precandidato se transforma en candidato, mientras que las elecciones generales son aquellas en las cuales un candidato se convierte en presidente electo. Tras las PASO del domingo, hubo una suerte de definición concluyente desde el punto de vista técnico, pero no así desde el punto de vista real. En la medida en que la transición comienza cuando hay una definición real (un presidente electo) y no virtual (un candidato a presidente, con un nivel de apoyo considerablemente superior y factiblemente irreversible que el presidente en funciones), la situación emergente es ambivalente y difícil de caracterizar desde el punto de vista del rol de los actores que tienen que tomar decisiones políticas.

Sin embargo, cabe subrayar que las PASO ya habían promovido una secuencia análoga –incluso más pronunciada- en términos de irreversibilidad de la distancia porcentual entre los dos primeros competidores, en su debut en 2011. Si bien en esta oportunidad el contexto es diferente, tanto en lo político (de casi segura alternancia y no de continuidad del oficialismo) como en lo económico (de recesión y crisis y no de bonanza económica dado el boomde los commodities), lo cierto es que los elementos anteriormente mencionados inducen a la generación de un efecto de “elección ya definida”, quitando la incertidumbre en las definiciones, requisito indispensable de la práctica democrática.

Por consiguiente, las características específicas del escenario político actual no pueden entenderse como circunstancias que transcurren al margen de la normativa electoral ni como falencias atribuibles a su inadecuada implementación. Sino que son consecuencias contemplables dados los incentivos que originan las PASO y los efectos sistémicos de su propia utilización.

En suma, tenemos reglas electorales inadecuadas para resolver los inconvenientes previamente observados, que promueven una lógica de suma cero -con ganadores y perdedores absolutos- y que generan comportamientos no colaborativos entre los propios aliados políticos. A esto se agrega la complejidad y la ausencia de familiaridad con respecto a las reglas por parte de la ciudadanía y la reinterpretación antojadiza de los presuntos efectos de aquellas, elaborados a posteriori por sus defensores teóricos y/o sus potenciales beneficiarios. Todo esto constituye un cóctel fatal en un contexto de pronunciada desafección política, de acentuado declive de los partidos y de profunda crisis socioeconómica.

*Doctora  Ciencia Política. Investigadora Adjunta CONICET. Directora del Grupo de Estudio de Reforma Política en América Latina (GERPAL). Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Facultad de Ciencias Sociales, UBA.