El juez Alejo Ramos Padilla, quien lleva adelante la causa conocida como "aportantes truchos", desaprobó los estados contables de Cambiemos Buenos Aires de 2017. Además,pidió que se certifiquen los testimonios recogidos a fin de iniciar una investigación penal por el posible lavado de dinero. 

En este caso se investigan las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral legislativa de 2017 en la provincia de Buenos Aires. La lista de aportantes al Pro combina a 100 grandes empresarios y compañías que aportaron entre $500.000 y $3 millones y que sumaban 130 millones. 

También aparecían otros 1400 donantes, más pequeños, que suman 20 millones de pesos, integrados por funcionarios, empleados públicos, personas en relación de dependencia, monotributistas y hasta algunos jubilados. En muchos casos, figuran dos o más ejecutivos de una misma empresa, aunque en los papeles aparecen como donaciones.

En la documentación presentada por las autoridades partidarias del PRO figuraban como aportantes personas beneficiarias de planes sociales del gobierno nacional, muchas de ellas con domicilio en la Villa Itatí, en la localidad de Quilmes. 

Cabe señalar que en un principio, la investigación estuvo en manos del juez federal Ernesto Kreplak, hasta que fue corrido por una decisión judicial y el expediente pasó a manos del juez Adolfo Gabino Ziulu, quien subrogaba el juzgado electoral bonaerense.

En ese entonces, la presidenta del PRO bonaerense era María Eugenia Vidal, quien jamás fue citada por la justicia para que explique el origen de aquellos fondos para la campaña. A eso se le suma el escándalo por los aportantes truchos de la campaña de 2015 que reveló Diagonales -propios candidatos de Cambiemos en 2015 en más de 83 municipios figuraban aportando a la campaña, cuando jamás lo habían hecho- y en cuya causa jamás se avanzó por estar involucrada la corporación política.