La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anunció la decisión de un grupo de organismos de derechos humanos de iniciar una campaña de denuncia contra el "estado de excepción permanente" que instaló el gobierno de Cambiemos que conduce Mauricio Macri, en el marco de "los escandalosos e ilegales procesos judiciales contra importantes dirigentes de la oposición".

La referente de la defensa de los derechos humanos presentaron un escrito para denunciar a la actual conducción del Ejecutivo e informaron que la primera acción será presentar ante el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, un pedido de audiencia para plantear sus preocupaciones acerca del estado de derecho. También, se reunirán el jueves con el presidente de la Conferencia Episcopal, Oscar Ojea.

Al anunciar la decisión, de Carlotto señaló que "los organismos de derechos humanos estamos profundamente preocupados por la situación del país, en la que advertimos la aplicación de políticas económicas que el gobierno sólo puede garantizar con represión".  A su vez, resaltó que "denunciamos también, a la luz de los escandalosos e ilegales procesos judiciales contra importantes dirigentes de la oposición, que es el propio Estado de derecho el que está en peligro".

El documento que presentaron cuestiona "la aplicación de políticas económicas que perjudican a las grandes mayorías y cuya aplicación el gobierno sólo puede garantizar con persecución y represión". Además, plantea que "hace poco más de dos años estamos viviendo tiempos peligrosos para el ejercicio de los derechos, para el reclamo y la protesta y para opinar públicamente de forma crítica hacia el gobierno" y que "son peores aún para defenderse de las injusticias llevadas adelante por miembros del Poder Judicial".

Además, apuntaron contra los grandes medios de comunicación y denunciaron la complicidad de los mismos que "no alcanza para ocultar la crisis económica, ni el endeudamiento, ni los despidos, ni el desmantelamiento de políticas públicas de inclusión".

Los organismos de derechos humanos aseveraron que "seguiremos reclamando la libertad a los presos y presas políticas y la independencia de la justicia", así también como "denunciando la persecución al pueblo mapuche en la Patagonia y la criminalización de la protesta en todo el territorio argentino".

La decisión de iniciar la campaña fue tomada por Abuelas, Madres-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, HIJOS Capital y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. A su vez, adelantaron que volverán a recurrir a la ONU, a la OEA, al Vaticano y al Parlamento Europeo para defender el estado de derecho "como lo hicimos hace 40 años".