La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó y convirtió en ley un proyecto presentado por el Ejecutivo que le permite al Gobierno porteño comprar vacunas contra el coronavirus mientras dure la emergencia sanitaria.

El Ejecutivo porteño sostuvo que la ley era necesaria para establecer un marco jurídico y "poder avanzar con mayor velocidad en el plan de vacunación para la población de la Ciudad y de esta forma afrontar el aumento de los casos con una población inmunizada y disminuir las complicaciones graves y la mortalidad de la COVID-19".

La iniciativa, que obtuvo 53 votos a favor y 4 abstenciones, faculta al Poder Ejecutivo a "iniciar negociaciones y celebrar los contratos –incluso en moneda extranjera-, previo informe fundado de la autoridad sanitaria local" para adquirir vacunas contra la Covid-19 a través del Ministerio de Salud y la Jefatura de Gabinete de Ministros. Asimismo, la legislación habilita a la administración de Horacio Rodríguez Larreta omitir o modificar la exigencia de garantías, fianzas o cauciones que exige la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad.

Además, se podrán incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad en los contratos, así como "prescripciones que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen en la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas".

A su vez, permite la inclusión de cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y la aceptación de la ley extranjera aplicable.

Por otro lado, se creó la Comisión Especial de Adquisición de Vacunas en el ámbito de la Legislatura porteña como un organismo de control que estará integrado por cinco diputados pertenecientes a las comisiones de Salud, Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera o de Política Tributaria. 

Los mismos serán designados por la Vicepresidencia Primera de la Legislatura, a cargo de Agustín Forchieri y serán los responsables de realizar el seguimiento de las compras, la entrega y la distribución territorial de las vacunas. En tanto, el Gobierno porteño estará obligado a entregarles toda la información sobre esos puntos cada 30 días. Originalmente, el proyecto establecía un lapso de 60 días, pero se modificó a pedido del Frente de Todos que acompañó la medida.