La crisis cambiaria de mayo de 2018, que terminó con la Argentina volviendo al FMI, fue el resultado previsible de las políticas que implementó el gobierno de Cambiemos desde que asumió en diciembre de 2015. La desregulación del mercado de capitales, la apertura comercial, y las inconsistencias de las políticas monetaria y cambiaria agudizaron el déficit de divisa, terminando en una corrida cambiaria y una crisis económica y política considerable.

Ante esta situación, el gobierno de Macri acudió al FMI, presentándolo a la sociedad como una solución y una gran oportunidad. El Presidente y el Ministro de Hacienda argumentaron que el apoyo del FMI muestra la solidez del programa económico y que será una señal clara a los mercados en este sentido. También se dijo que el FMI ya no es lo que era, que este es un “nuevo” FMI que aprendió de sus errores, incluso los errores garrafales cometidos en la Argentina durante la crisis de 2001-2002.

¿Es esto así? ¿Aprendió el FMI de sus catastróficos errores y modificó sustancialmente las condiciones adosadas a sus préstamos? Un análisis del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) enviado al FMI por el Ministerio de Hacienda el 12 de junio de este año, y del comunicado de prensa 18/245 (CP) del FMI anunciando la aprobación del crédito stand-by de U$50.000 millones arrojan información reveladora sobre qué tan nuevo es el “nuevo” FMI.

Nada nuevo en las condicionalidades

El MPEF y el CP permiten conocer el contenido de las políticas económicas que el gobierno implementará como condición para recibir el préstamo del FMI. En el CP se establece que “las políticas que pretenden aplicar las autoridades” argentinas buscarán “lograr un equilibrio primario del gobierno para el 2020…”, “restablecer la credibilidad del marco de metas de inflación, entre otras cosas afianzando la independencia del Banco Central y poniendo fin al financiamiento directo e indirecto del gobierno… y, por último, “mantener un tipo de cambio flotante, determinado por el mercado”.

El primero de los objetivos, lograr un equilibrio primario, significa una reducción del gasto público o ajuste fiscal. Según el MPEF, el ajuste tendrá varios componentes: avanzar con la reducción de subsidios a la energía y el transporte, reducción (“racionalizar”) del empleo público, reducción del gasto público en bienes y servicios, reducción de la obra pública, reducción de las jubilaciones y salarios públicos, entre otros.

¿Qué podemos esperar como resultado de la implementación del ajuste fiscal? Todos los componentes del ajuste implican una reducción del gasto público (directo o a través de una reducción del empleo público), de las transferencias, y de la inversión pública. Esto llevará a una caída de la demanda agregada que, si no es compensada por un incremento de la demanda y la inversión privadas—poco probable en el contexto de recesión que ya está en marcha—resultará en una caída de la actividad económica.

La estructura impositiva argentina depende fuertemente de la actividad económica, por lo que una caída de esta resultará en una reducción de los ingresos fiscales, lo que significa que el déficit aumentará, o no bajará de acuerdo con lo proyectado. La respuesta del FMI ante esta situación siempre ha sido profundizar el ajuste, lo cual lleva a una espiral descendente de reducción del gasto, recesión, caída de la recaudación, déficit fiscal inalterado o creciente, aumento del desempleo y de la pobreza.

Esto es exactamente lo que Grecia viene sufriendo desde hace 8 años y lo que experimentó la Argentina a fines de la convertibilidad y durante la crisis de 2001-2002. El contundente paro general argentino del 25 de junio estaría indicando que los sindicatos recuerdan bien las desastrosas consecuencias de ajustes fondomonetaristas pasados y que se resisten a transitar nuevamente por ese camino.

En cuanto a la política monetaria y cambiaria, el acuerdo busca “restablecer la credibilidad” del régimen de metas de inflación y de volver a la flotación libre del tipo de cambio. El eje central del fortalecimiento de la política monetaria, según el MPEF será una nueva carta orgánica, que brindaría más autonomía al Banco Central para llevar adelante la política de metas de inflación y reducirá el financiamiento del Tesoro.

De lo anterior, se desprendería que el esquema de metas de inflación y flotación cambiaria implementada por el macrismo a partir de 2016 habría fracasado en sus objetivos de bajar la inflación y lograr el equilibrio externo por la falta de independencia del Banco Central. Si esto fuese así es una revelación sorprendente, ya que sería el mismo gobierno de Cambiemos el que habría estado comprometiendo la independencia del Banco Central.

En realidad, las políticas monetaria y cambiaria de Cambiemos fracasaron por varias razones que nada tienen que ver con la carta orgánica ni con la independencia del Banco Central. En primer lugar, no entendieron la verdadera causa de la inflación, y en consecuencia generaron una tremenda burbuja de Lebac. Segundo, la eliminación de subsidios a los servicios públicos impactó directamente sobre precios, fogoneando la inflación. Tercero, no entendieron el impacto sobre precios de las sucesivas devaluaciones, hasta que ya era tarde. O sea, el fracaso de las políticas se debió a errores teóricos (concepción del dinero y de la inflación) e inconsistencias en la política macroeconómica del propio gobierno de Cambiemos.

En resumen: ajuste fiscal, política monetaria y cambiaria ortodoxa (metas de inflación y flotación libre del tipo de cambio), todo para lograr la confianza de “el mercado”. Hasta acá no hay absolutamente nada de nuevo en lo que exige el FMI como condición para otorgar un préstamo. En otras palabras, las políticas que impone el FMI para otorgar un préstamo no reflejan aprendizaje alguno de los errores catastróficos cometidos por la institución en el pasado.

 Poco nuevo y poco creible

Si las condiciones del FMI son las de siempre, ¿de dónde viene el discurso sobre la supuesta renovación de la institución? Hay dos cuestiones en los documentos del FMI y del Ministerio de Hacienda que estarían indicando una nueva sensibilidad de la ortodoxia: la protección de “los más vulnerables” y el apoyo a la “equidad de género”.

Con respecto a la protección de los más vulnerables, y utilizando una interpretación muy creativa de la historia, el MPEF señala que en el pasado las reformas del FMI fracasaron porque no se construyó un consenso social a favor del ajuste, y porque se fracasó en la protección de los más vulnerables de los efectos del ajuste.

Por lo tanto, el MPEF dice que un “elemento central” del plan será “llevar adelante medidas que apoyen y generen oportunidades y mejoren las condiciones de vida de quienes viven en la pobreza”. A tal fin, se proponen mantener programas existentes, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros, y trabajar en una mejor “focalización” de los programas de protección social.

El discurso de protección a los vulnerables en los documentos de Hacienda y del FMI indican un reconocimiento implícito del impacto fuertemente negativo de las políticas de ajuste sobre la sociedad y, sobre todo, sobre los más pobres. La pregunta obvia, entonces, es si no deberían implementarse políticas que no generen exclusión y vulnerabilidad. En este sentido, no existe en los documentos del FMI o de Hacienda un cuestionamiento a las políticas de ajuste, que es justamente lo que debería estar evaluándose críticamente. Y la única propuesta es mantener los programas existentes antes de la llegada de Cambiemos al poder. En todo caso, se estaría retrocediendo al cambiar de políticas universales a políticas focalizadas.

Todavía más contradictorio y superficial es el tratamiento de la “equidad de género”, que ocupa un poco más de media carilla del MPEF y prácticamente no figura en el comunicado del Fondo. No existe una caracterización de las disparidades de género ni de su causa, y se proponen como soluciones reformar el sistema tributario “reduciendo los desincentivos para que las mujeres participen en el mercado laboral”, implementar proyectos e iniciativas para promover igual paga, equiparar licencias por maternidad y paternidad, construir infraestructura para el cuidado de los niños y luchar contra la violencia de género.

Los documentos parecerían ignorar la extensa bibliografía empírica que establece claramente que las mujeres sufren más los impactos de las políticas de ajuste en múltiples niveles. Como en el caso de las poblaciones vulnerables, no se cuestiona a las políticas de ajuste, simplemente se busca con un discurso políticamente correcto y maquillaje político disimular sus impactos.  

En otras palabras, el FMI y el gobierno de Cambiemos han adoptado un lenguaje “sensible” y políticamente correcto, que implícitamente reconoce que los programas de ajuste perjudican a gran parte de la población, pero sin cuestionamientos al ajuste y sin medidas de fondo para los segmentos sociales más perjudicados.

 ¿Qué nos depara el ajuste?

Del análisis de los documentos de Hacienda y el FMI se desprenden dos conclusiones. En primer lugar, no hay cambio alguno en las concepciones ortodoxas del FMI sobre moneda, política monetaria e inflación, ni en las condicionalidades de sus créditos. Las políticas de ajuste son las mismas que hace dos décadas. En segundo lugar, los documentos incluyen un discurso políticamente correcto sobre pobreza y género, pero para nada aceptan cambiar las políticas que generan pobreza, exclusión y profundizan las disparidades de género.

Cabe señalar que las políticas ortodoxas y de ajuste acordadas con el Fondo, no son más que una profundización y aceleración de las políticas que el gobierno de Cambiemos ya venía aplicando, o sea, las que nos llevaron a la crisis cambiaria y, eventualmente, al mismo Fondo. Es menester preguntarse, entonces, por qué una profundización de estas políticas serían ahora la solución al mismo problema que generaron.

Se le atribuye a Albert Einstein haber dicho que la definición de locura es hacer repetidas veces lo mismo esperando resultados distintos. En Argentina, estaríamos padeciendo un grado importante de locura: insistimos con recetas de la ortodoxia económica y fondomonetarista que siempre fracasaron, esperando que esta vez funcione. Parecería ser que las anteojeras ideológicas de los funcionarios actuales impide un cambio de libreto económico. Para salir de la locura einsteniana entonces, deberíamos cambiar a los funcionarios actuales por otros que no estén sujetos al cepo intelectual ortodoxo. Para pensar, especialmente frente a las elecciones de 2019.