La Argentina no es un país pobre, si es un país injusto.  La Argentina es solo el 0,4% del PIB[1] mundial, pero es el decimo exportador de alimentos y, dentro de ello, el tercer productor mundial de soja y sus derivados (grano, pellets, harina, aceite, biocombustible).  En el complejo puerto de Rosario con sus 31 terminales a lo largo de los 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco a Timbúes, se embarcan anualmente al mundo más de 120 millones de toneladas de mercaderías agro y agroindustriales, de los cuales  CIARA y CEC[2] en los primeros 10 meses del año 2021 exportaron 95 millones de toneladas e ingresaron por ello 28.087 millones de dólares.

La explotación de ventajas naturales incluye tanto al sector agrícola-ganadero como al minero. Se trata de sectores que, en general, tienen un bajo grado de elaboración, con lo que demandan poco trabajo y se apropian de rentas gracias al rendimiento natural de tierras o yacimientos.

La industria tiene un peso relativo cada vez menor en el total del PIB y predomina la especialización en las gamas más bajas y de menor calidad y variedad de la producción, donde es menor el valor agregado generado, la intensidad de conocimiento incorporada y la capacidad de innovación aprovechada. Se trata de sectores donde se compite fundamentalmente a través del precio del producto y del costo de la mano de obra, lo que instala una presión particular sobre las relaciones de trabajo, sobre la calidad del proceso de trabajo y, en suma, sobre el nivel de los salarios.

La producción primaria de los sectores agropecuario y minero, la industria alimenticia y especialmente el complejo oleaginoso-cerealero son las principales fuentes de divisas, de hecho representan el 65% de nuestras exportaciones e incluso, está concentrada en no más de 200 empresas, de las cuales muchas de ellas forman parte del mismo grupo económico.

Es más, sectores del actual gobierno pretenden que este sector, fuertemente extranjerizado con predomino de empresas transnacionales (ADM, Bunge, Cargill, Glencore; Louis Dreyfus, etc.) más grupos locales (Molinos Agro de Pérez Companc;  ARCOR; Ledesma, Aceitera General Deheza; ACA; etc.) debe ser la punta de lanza del gobierno argentino, que incluso remitió como proyecto de ley propio de “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” que consensuó con el CAA (Consejo Agroindustrial Argentino) para garantizarles estabilidad fiscal hasta el año 2025 (esto es que no aumente la tasa de derechos de exportación –retenciones).

El problema es que esos sectores son los mismos que por sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones generan fuga de divisas, por un lado y, por otra parte, son los principales beneficiados con la deuda externa tomada por el Estado, tanto durante la dictadura militar, como con Menem y, con Macri, deuda que nunca es investigada y, si se lo hace, como fue el famoso fallo del Juez Jorge Ballestero que en base a la denuncia realizada por el economista Alejandro Olmos reveló 477 delitos cometidos por funcionarios en beneficio de grupos económicos concentrados del país, pero el fallo fue el 13 de julio del año 2000, cuando había sido iniciada en octubre de 1982 y cerrada 18 años después, prescribió.

Esa fuga persistente de capitales explica por qué la Argentina ocupa el tercer lugar (luego de Rusia e Inglaterra), en el ranking de países con mayores fortunas personales en los paraísos fiscales. Nueve de las diez familias más acaudaladas del país figuran en los Pandora Papers, que recientemente destaparon la titularidad de esas tenencias.

Las debilidades

Este país que es uno de los principales exportadores de alimentos y forrajes del mundo, reconoce que tiene un 40% de la población bajo la línea de pobreza, una tasa de desocupación abierta del 10% y son muchos los trabajadores que perciben remuneraciones por las que trabajan y son pobres.  Peor con los jubilados y pensionados, donde el 60% de los mismos no alcanzan a cubrir con sus haberes la canasta básica total.

En el marco descripto, tras las elecciones de medio término del 14 de noviembre 2021, el Presidente de la Nación Argentina dijo en un breve discurso que: “…cuando el modelo económico del anterior gobierno reveló ser un fracaso, en lugar de cambiar el rumbo, decidieron tomar esa deuda de 44 mil millones de dólares[3] con un doble propósito: pagar la deuda insostenible que habían tomado con acreedores privados y permitirle la salida a capitales que habían ingresado solo para especular".

"Es por ello, que quiero anunciar que, en la primera semana de diciembre de este año, enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable. Ese programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente”.

Es obvio que el gobierno pretende acordar con la oposición política, liderada mayoritariamente por “Juntos” que es el último nombre que adoptó el acuerdo de centro derecha y derecha liderada por Mauricio Macri, quienes, como sostuvo el mismo Alberto Fernández y el mismo Mauricio Macri reconoció, nos endeudaron para beneficiar a una minoría parásita y rentista de la sociedad.

El problema es que el Presidente Alberto Fernández propone acordar con la oposición política nucleada mayoritariamente en “Juntos” hoy; ayer “Juntos por el Cambio”; y en el gobierno 2016-2019 “Cambiemos”, los responsables del endeudamiento y de la fuga.  Es absurdo que se le pida a los que generaron el endeudamiento que acepten un plan con el FMI, organismo internacional corresponsable de dicho endeudamiento.

El circuito se cierra para beneficio de una minoría que compró dólares y fugó, y en perjuicio del pueblo argentino que debe pagar esa deuda. El pueblo argentino debería saber que desde 1956 se firmaron 28 acuerdos con el FMI,  todos fueron en beneficio de la minoría más rica de la población y fue pagado con el “hambre y el sudor del pueblo argentino”, como dijo alguna vez el Presidente Nicolás Avellaneda.

 La alianza entre los intereses del FMI y del CAA (Consejo Agroindustrial Argentino) se basa en un tipo de cambio alto, que el “Fondo” sugiere para acortar la brecha entre el dólar oficial (que les permite exportar la barbaridad que exportan) y el especulativo y de fuga.  Lo que no dicen, es que en la Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el dólar y los salarios, las jubilaciones y pensiones y todos los que estén ligados a los ingresos fijos, dado que exportamos el mismo bien que consumimos (alimentos) y si se dan más pesos por dólar, como se internacionaliza el precio, con nuestros magros ingresos debemos pagar cada vez más por los bienes y servicios que consumimos. 

Lo que tampoco dicen es que como más del 70% de lo que se produce va al mercado interno (depende de la capacidad adquisitiva del salario), por buscar que los salarios en dólares en la Argentina sean menor que en Brasil (objetivo explicitado por Paolo Rocca de Techint y Cristiano Ratazzi de FIAT) entramos en una recesión que va a ser tan profunda como será la caída del poder adquisitivo de los que trabajamos.

* Licenciado en Economía. Docente en UBA  y autor de cuatro libros sobre la temática económica.

[1] PIB: Cantidad de bienes y servicios producidos.

[2] CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina)  CEC (Centro Exportador de Cereales)

[3] Se refiere al capital del crédito del FMI efectivamente tomado por el Gobierno de Cambiemos