Si el presupuesto de un gobierno manifiesta su intencionalidad en materia de diseño de un modelo socio-económico y la implementación de las políticas concretas expresan el medio para alcanzar las metas delineadas en dicho modelo, entonces el informe de avance del presupuesto presentado para el año 2019 representa el reconocimiento de que Cambiemos ha delegado el diseño de la política interna al FMI. Hoy más que nunca debemos admitir que forma y contenido se han vuelto una identidad: el Gobierno de los CEOS gestiona la política económica dictada por los organismos internacionales.

El informe contiene dos temáticas, un análisis de la coyuntura económica del año actual y las proyecciones, medidas y expectativas delineadas para el año próximo. A su vez, cada uno de los apartados consta de diversas afirmaciones acerca del programa económico que viene implementando el gobierno hasta el momento y los próximos pasos a dar.

Respecto a la coyuntura económica actual, se reconoce la caída de la actividad económica en una  magnitud cercana al 1%, y que dicha caída se intensificará para el segundo semestre del año. No obstante, lejos de lo que intenta exponerse, dicha recesión no es producto del designio divino  (la sequía del campo) o acontecimientos externos, como la decisión de la suba de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, sino más bien muestra de la fragilidad y expresa intencionalidad de apostar todas las fichas a un solo sector de la economía. En efecto, la suba de las tasas de interés influye en el costo del financiamiento externo y produce movimientos bruscos en los flujos de capital, en los modelos económicos que se basan en el endeudamiento externo sistemático y en la quita de toda clase de controles sobre los capitales ingresantes. Es en este contexto que, a modo de acción precautoria, se justifica el reciente acuerdo de Argentina con el FMI. El informe del presupuesto (que deberá pasar por el Congreso) pareciera ya internalizar algunas de las condicionalidades impuestas por el organismo.

El ajuste es el denominador común, pero el mismo se manifiesta de distintas maneras. La (re) reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la liberalización del tipo de cambio, la eliminación de los subsidios a energía y transporte para el AMBA, el cumplimiento del Pacto de Consenso Fiscal por parte de toda la estructura estatal y la intensificación del proceso de indemnizaciones por retiro voluntario y la jubilación anticipada, son sólo algunas de las expresiones de lo que se viene.  

Respecto a las proyecciones para el año que viene,  se plantea un escenario de crecimiento económico del orden del 2%, pero dicha proyección se sustenta en basamentos muy endebles. Por un lado, el rebote de la cosecha del sector agropecuario y, por otro, las expectativas de normalización del mercado financiero y mejoras en las condiciones para las inversiones externas (producto de la implementación de las reformas que pide el FMI).

En la dimensión fiscal, en concordancia con los requisitos del FMI, se espera que el déficit fiscal se reduzca al 1.3% del PBI. La contratara de esta meta es la reducción del gasto público, que se proyecta a través de una caída del consumo público del orden del 3.7% del PBI.

¿Cuál es el premio por haber delegado el diseño de la política económica al FMI? Si pensamos que por la sequía, la pérdida de divisas será del orden de los 8.500 millones de U$D, y que los desembolsos al Tesoro del organismo para la estabilización del tipo de cambio ascienden tan sólo a 7.500 millones de U$D, vemos que más que beneficios, el acuerdo con el FMI, representa una cesión de soberanía y lo único real a esperar son los sacrificios que deberá afrontar el conjunto de la población.

* Investigador del Depto de Economía Del Centro Cultural de la Cooperación (CCC) / Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)