Los repudios a los aumentos desmedidos de la luz y el gas que movilizaron a comunidades enteras en Saladillo, Baradero, Balcarce, Azul y 9 de Julio, -y encendieron los Concejos Deliberantes- tendrán su correlato en la Legislatura bonaerense.

El Frente Renovador con apoyo del randazzismo buscará reducir los impuestos que se cobran en las facturas de luz y gas, mientras que Unidad Ciudadana insiste con la Emergencia Tarifaria para frenar los aumentos y volver a los cuadros tarifarios vigentes en diciembre de 2017.

Según precisaron desde el bloque que encabeza la diputada Florencia Saintout en la Cámara Baja, UC pediría esta tarde una sesión especial para tratar los proyectos contra el tarifazo.

En el Frente Renovador el encargado de alistar la letra fina del proyecto es el nicoleño Lisandro Bonelli, quien propondrá eliminar un 4.5% de los impuestos de la facturas de gas. Según precisa el proyecto del FR, en la factura de gas el 40% del total a pagar se compone de impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Además, el espacio de Sergio Massa buscará el tratamiento de un proyecto presentado en 2016 para eliminar dos impuestos a la luz, reduciendo en un 15% el valor de la factura. 

En tanto, desde Unidad Ciudadana detallaron que hay “muchos” proyectos presentados contra el tarifazo. Entre ellos, el presentado por el diputado Walter Abarca propone la ampliación de la tarifa social para energía eléctrica que “reduce en un 40% el valor de la energía para los usuarios residenciales de escasos recursos”. Y, al igual que el proyecto del FR busca bajar de entre un “13 y 23%” el valor que representan los impuestos en las facturas.

También se espera que se impulse la Emergencia Tarifaria, que los concejales que responden a Cristina Kirchner han discutido en varios Concejos Deliberantes y también se presentará en el Congreso.

El proyecto está destinado a “hogares, pymes y cooperativas” y busca retrotraer los cuadros tarifarios del gas, luz y agua a los valores que estaban en diciembre de 2017. Además la iniciativa prohíbe nuevos aumentos para pymes y cooperativas que no despidan trabajadores.

A nivel nacional, propone crear además un Comité de Emergencia Tarifaria, “con representación plural” que “buscará adecuar los cuadros tarifarios vigentes con el objetivo de alcanzar tarifas “justas y razonables”.