Los libertarios se abroquelan a Juntos en contra del juicio político de Conte Grand
"Avanza Libertad defenderá siempre la división de poderes", expresaron en un comunicado el bloque presidido por Guillermo Castello
Los libertarios se abroquelan a Juntos por el Cambio en defensa de Julio Conte Grand. El bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires de Avanza Libertad calificó como un "embate a la institucionalidad y la seguridad política", el pedido de juicio político al Procurador General Bonaerense tras el escándalo por la mesa judicial durante la gestión de María Eugenia Vidal. Adelantaron que no darán quórum para el tratamiento en la Legislatura.
"Avanza Libertad defenderá siempre la división de poderes y la independencia judicial como medios fundamentales para evitar los abusos del poder y garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos", comienza el comunicado firmado por la fuerza del diputado nacional José Luis Espert.
En el escrito, que lleva la firma del presidente del bloque de Avanza Libertad en la Cámara de Diputados de la provincia, Guillermo Castello, y de sus pares, Constanza Moragues y Nahuel Sotelo, sostienen que "el reciente pedido de juicio político contra el Procurador General de la Suprema Corte constituye un claro embate a la institucionalidad y la seguridad jurídica".
Y agregan que por ese motivo "desde este bloque no nos prestaremos a una maniobra que carece de fundamento jurídico y hemos decidido no dar quórum para su tratamiento".
"Los ataques partidistas a organismos constitucionales afectan gravemente tanto la política como la economía, al facilitar la acumulación de poder y la conformación de un capitalismo de amigos que concentra riquezas y dispersa pobreza", aseguran.
En el comunicado manifiestan que "las inversiones genuinas, las que generan trabajo, huyen de los lugares en los que sus frutos no están jurídicamente garantizados y dependen de decisiones políticas de mayorías circunstanciales".
"La acusación contra el Procurador General parece más un panfleto político que una petición jurídica y carece de la más mínima prueba de cargo, lo que confirma que obedece a motivaciones partidarias espurias y no a genuinas preocupaciones institucionales", concluyen.