Tras el fracaso del decretazo para la adhesión de Mar del Plata al Pacto Fiscal que promueve el gobierno de María Eugenia Vidal por exigencia de Nación, esta semana será el concejo deliberante de La Feliz el encargado de garantizar la aprobación de la medida. Ante un resultado que podría ser adverso, el concejal Guillermo Arroyo afirmó frente los ediles marplatenses que “la adhesión es porque no queda otra. Hoy no estamos en condiciones de no adherir”.

Lo cierto es que, según se dispuso, los municipios que no firmen el pacto podrían no recibir ayuda extraordinaria de la Nación y de la Provincia. Según datos oficiales, en 2017 el gobierno de Arroyo fue el que más asistencia de este tipo recibió. Sin esos aportes millonarios, la comuna no hubiera podido no siquiera pagar los sueldos de los municipales.

Las pautas del Régimen fueron dispuestas mediante la Ley 14984 con el objetivo de establecer reglas claras y transparencia sobre el gasto y los ingresos públicos. Según el Ejecutivo bonaerense la norma propone “parámetros que tienden a un manejo prudente de las finanzas municipales para dar mayor eficiencia a los recursos”. Pero sus cláusulas no convencen a muchos intendentes –en especial los peronistas- que se resisten a adherir. Otros, en cambio, oficialistas y todo, no tienen más remedio que aprobar la iniciativa.

Entre los parámetros que exige el Pacto Fiscal para un manejo presupuestario “responsable” se encuentra el objetivo de la reducción del déficit, que  establece un límite del 10% de los recursos corrientes para el endeudamiento. A su vez no se permite un aumento de los gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Dentro de las condiciones de transparencia y compromiso fiscal, dispone que los intendentes, en los seis meses previos a dejar el cargo, no deben tomar medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente o dispongan de los bienes municipales.

Además, invita a los municipios a bajar las tasas que recaen sobre los sectores productivos, como las que se cobran por Seguridad e Higiene y Alumbrado, Barrido y Limpieza (actual TSU). También, el Pacto obliga a los municipios a que acompañen sus proyectos de presupuesto con información más detallada sobre proyecciones de recursos y gastos, el stock de deuda municipal y la descripción de las políticas presupuestarias que sustentan esas previsiones.

Y establece, a su vez, que las comunas deberán realizar una actualización cada tres meses de la ejecución presupuestaria, al tiempo que exige elaborar un informe trimestral con la cantidad de empleados en cada municipio y sus niveles salariales.