A tres meses de la intervención del gobierno de María Eugenia Vidal en el Consejo Escolar de Mar del Plata y en medio de generalizadas renuncias por irregularidades en el Servicio Alimentario Escolar, renunció en las últimas horas el interventor provincia, Marcelo López, que habría sufrido un pico de “stress”.

López había reemplazado a Roberto Angrisani como avocador el pasado 12 de junio y es el segundo funcionario que ocupa en menos de dos meses ese cargo luego de la intervención por distintas “irregularidades”. 

En tanto, cinco escuelas marplatenses suspendieron las clases por problemas de gas. Se trata de cuatro establecimientos primarios y una secundaria. "Todas están esperado a los gasistas del Consejo, pero el problema se agrava ante la renuncia del interventor López", explicaron desde Suteba. 

La semana pasada, 50 directores de escuelas se manifestaron en el Consejo Escolar y denunciaron que "9 de cada 10 escuelas no han recibido el alimento que necesitan". El servicio cambió de proveedores en julio, beneficiando a las empresas Blue Catering (Grupo L, de Víctor Lusardi) y Agropecuaria Ancor SRL (ex Resaka), que manejan además servicios de alimentos en cárceles, hospitales y otros SAE de municipios oficialistas.

El negocio del SAE de Mar del Plata es de $140 millones anuales. Semanas atrás, el presidente de Proveedores del Servicio Alimentario Escolar Bonaerense (Prosaeb), Marcelo Luzzi, denunció que el objetivo de la intervención del Consejo Escolar de “La Feliz” fue “ir por la caja”.

Y explicó que la licitación que armó la Provincia se hizo “a la medida, con costos para la adquisición de pliegos totalmente exorbitantes” para “dos empresas ligadas al poder desde hace años”. En el proceso “dejaron fuera del sistema a todas las empresas de Mar del Plata. Con esto no solo dejan a mucha gente sin trabajo sino que ponen en manos de las mafias enquistadas, la provisión de alimentos de los chicos de Mar del Plata y zona”, planteó Luzzi.