En plena pandemia, el Gobierno apuesta a controlar la fuga de divisas con mayor control sobre las grandes empresas que operan en el mercado exterior. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió avanzar con ajustes de precios a las transferencias y pedidos de “Informes maestros” a las entidades con ingresos superiores a los 2.000 millones de pesos anuales.

A través de una resolución general firmada por la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el Gobierno establece los requerimientos de información que deben cumplir a la hora de realizar operaciones de comercio exterior con empresas vinculadas y transacciones con sujetos de países no cooperantes o de baja o nula tributación.

La iniciativa quedó sellada en el Boletín Oficial de la República Argentina, donde el Gobierno insta  a las firmas con injerencia internacional a fortalecer la presentación de datos e información sobre sus transacciones a través de “Informes maestros”.

La intención de la AFIP es fiscalizar las transacciones internacionales entre empresas de un mismo grupo económico a los fines de la determinación del impuesto a las Ganancias.

Al mismo tiempo, la medida permite limitar ciertos instrumentos utilizados para la elusión de impuestos y, en el caso de la Argentina, la fuga de capitales. La normativa contempla mecanismos para limitar los posibles abusos que pudieran ser cometidos a través de operaciones entre firmas vinculadas al momento de deducir gastos de las empresas en concepto de marketing, publicidad y promoción. En este punto, estarían en la mira firmas como Google y Facebook, entre otras.

Este es un mecanismo habitual en empresas internacionales tienen que, en algunos casos, son subsidiarias en estados que tributan menos impuestos. El caso más ejemplar es el estado de Delaware, en EEUU, una región con menor carga impositiva, que suele ser el lugar de preferencia por las empresas de ese país para algunas operaciones internacionales.

Según remarcaron desde el oficialismo, esta operación estaba pendiente desde 2018, cuando el macrismo decidió desarticular este tipo de controles fiscales y detuvo la marcha de la Dirección General de Aduanas (DGA).