El principio de división de poderes no parece ser un tema de gran preocupación para el Gobierno Nacional de Javier Milei, que este jueves apuntó con todo su Gabinete contra la jueza Karina Andrade que ordenó la liberación de los más de cien manifestantes apresados ayer en la marcha de jubilados. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cara del operativo represivo de la Policía en Congreso, lo blanqueó con polémicas declaraciones en las que confirmó su intención de intervenir en el accionar de la Justicia.

“Vamos a actuar en contra de esta jueza que ha decidido liberar a violentos que ayer quisieron desestabilizar a nuestro país y a nuestro Gobierno”, expresó, textualmente, la funcionaria libertaria que ayer ordenó a las fuerzas nacionales arrasar con la movilización en el centro porteño. El despliegue dejó a un fotógrafo en estado sumamente delicado y a otra jubilada gravemente herida, y resultó en un total de 114 manifestantes violentamente aprehendidos. Sin embargo, muchos de ellos quedaron libres esta mañana por irregularidades en el operativo.

Ampliar contenido
X de Diagonales

De hecho, según consta en la resolución firmada por Andrade, “a medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para la tarea judicial”. Los testimonios de la magistrada indican gravísimas inconsistencias en los reportes de la Policía, que, tal como se observa en varios videos que involucran a civiles ajenos a la marcha, en reiterados casos aprehendió a personas sin aclarar “qué delito específico estaba convalidando la detención”.

Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, planteó la jueza en su escrito; y remató: “Ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”. Los fragmentos desnudan los motivos por los que Bullrich “no acepta” las liberaciones.