El Gobierno de Mauricio Macri vuelve a dar la nota en materia de Derechos Humanos. Es que ahora desde el Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, solicitaron a magistrados del fuero penal que le concedan el beneficio de la libertad condicional o de prisión domiciliaria a 96 represores condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.

Bajo el escudo de la "superpoblación carcelaria" el gobierno de Mauricio Macri realizó este pedido. Algunos de los nombres que más resuenan son el del ex jefe de Inteligencia de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta, el torturador Julián Simón (“El Turco Julián), el médico naval Carlos Capdevilla, los ex espías Antonio Pernías y Raúl Gulielminetti, y el ex capellán Christian Von Wernich.

De acuerdo a lo trascendido, el planteo fue fechado el 31 de enero y lo realizó el director general del Régimen Correccional del SPF, Fernando Martínez. 

Cabe señalar que en total incluye a 1111 detenidos, que son parte del excedente que descomprimiría la situación que se vive en las cárceles de todo el país.

La nómina con estos pedidos refiere a "internos de lesa humanidad mayores de 70 años" y a otros "autopercibidos como gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales", así como también a personas discapacitadas e "internas alojadas con hijos". El pedido está fundado en un planteo presentado por la Corte Suprema al Ministerio de Justicia para que descomprima la situación en las cárceles federales.

Según publicaron en el portal Infobae, la solicitud también fue enviada a la Defensoría General de la Nación, a la Procuración Penitenciaria y a la cartera al frente de Germán Garavano. El argumento para beneficiar a los represores es su edad, todos tienen 70 años o más.

Además de los ya mencionados, en el listado se encuentra un ex integrante del Clan Puccio, Guillermo Fernández Laborda, a quien la Corte Suprema condenó en 2015 a prisión perpetua